Tras el hallazgo del submarino ARA San Juan a unos 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, la controversia sobre si es posible su reflotamiento ha ocultado una serie de novedades que apuntan a un cierre del caso en beneficio del Poder Ejecutivo.

Un artículo de La Nación (19/11) anticipa que el informe de la comisión investigadora del Ministerio de Defensa, integrada por dos contraalmirantes y un capitán de navío que es también padre de una de las víctimas, cortaría la cadena de responsabilidades del caso en el depuesto jefe de la Armada, Marcelo Srur. En la misma línea, la jueza Marta Yáñez descartó de plano, anticipándose al desarrollo de la investigación, cualquier responsabilidad de Macri en el naufragio.

El artículo de La Nación cita también a un vocero del gobierno que levanta la tesis de las “fallas humanas”, lo que sería un modo de cortar el hilo por lo más delgado, descargando la responsabilidad por el hundimiento sobre la propia tripulación. Este tipo de operaciones de encubrimiento de las responsabilidades estatales las vimos en oportunidad de la masacre de Once, cuando se intentó culpar por los hechos al motorman.

El malestar de los familiares con respecto a la investigación es profundo. “La causa judicial en la que soy querellante está estancada, se juntan papeles y testimonios pero no se avanza para esclarecer absolutamente nada. El Poder Ejecutivo lo hace todo difícil”, denunció recientemente uno de los familiares, Luis Tagliapietra, en una entrevista con Perfil (15/11).

Aunque no son claros los motivos que produjeron el fatídico desenlace del ARA San Juan, sí se sabe que el estado del mismo era cuanto menos precario. Su comandante había advertido a mediados de 2017 de una serie de inconvenientes durante la navegación del mes de julio de ese año: fallas en el sistema de propulsión, ingreso de agua de mar vía el snorkel que terminó afectando las baterías (un incidente similar se repitió en la trágica navegación de noviembre), problema con los niveles de aceite hidráulico, falta de pirotecnia de emergencia, y un largo etcétera (La Nación, 18/11).

“El estado de mantenimiento del submarino era paupérrimo”, dice por su parte Tagliapietra en la entrevista citada.

A esta precariedad deben añadirse las denuncias de sobreprecios en la reparación de media vida del submarino, que se extendió durante años. Entre otras irregularidades, la reparación tuvo un sobrecosto del 100%, según Perfil (1/12/17).

El gobierno y las Fuerzas Armadas se han manejado con respecto a la cuestión del ARA San Juan de modo sigiloso y conspirativo. Por una parte, en medio de sórdidas internas que involucraron al ministro de Defensa Oscar Aguad, al ya salido Marcelo Srur y al contralmirante José Luis López Mazzeo, que fue sumariado por el anterior luego de los hechos y al que apostaba a suceder como jefe de la Armada.

Por otra, sin clarificar jamás la misión que cumplía el submarino al momento de hundirse, un ocultamiento que la jueza Yañez justificó como un “secreto de Estado”. Sí se sabe que el ARA San Juan había participado previamente de operaciones de colaboración con la marina norteamericana (como los operativos Unitas), como parte de un reforzamiento de la dominación imperialista.

En oposición a los manejos conspirativos, reclamamos que se dé a conocer toda la información y el esclarecimiento de todas las responsabilidades políticas. Y nos solidarizamos con los familiares y las víctimas del ARA San Juan.