Cuando la Legislatura porteña trató la crisis de los sobornos en el Senado, estuvieron presentes los diputados pertenecientes a sus once bloques, cinco de ellos identificados con la izquierda. Sólo uno de ellos, el del Partido Obrero, y solamente él, planteó la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente “que reorganice política, nacional y socialmente al país”. Solamente uno de estos bloques, el del PO, ligó la bancarrota del Senado con el empantanamiento del régimen político y social imperante y planteó una salida de conjunto; solamente una de las bancadas presentes opuso una reivindicación democrática consecuente al régimen de explotación y al Estado encargado de protegerlo. Como dice el texto que presentó Altamira y que fue publicado íntegramente en Prensa Obrera (Nº 679), este planteo “traza una perspectiva y … ofrece una salida”.

El resto de los once bloques, en cambio, incluídos los de la izquierda, coincidieron a rajatablas en un planteo totalmente diferente: en la necesidad de hacer la famosa “investigación exhaustiva” para enfrentar la no menos famosa “falta de credibilidad” del pueblo en este régimen político. ¿Qué significa esto? Significa que mientras el Partido Obrero planteaba en el ámbito parlamentario, no en los cénaculos cerrados sino valiéndose osadamente de las instituciones del propio Estado, la convocatoria de una “Asamblea Constituyente libre y soberana”, o sea de una Asamblea que se hiciera cargo de la totalidad del poder político; mientras el PO planteaba esto, todos los otros bloques, incluida la izquierda, planteaban una vía de restauración de este régimen político y de restauración del crédito de sus mentirosos representantes y partidos. En esta vía de arreglo coincidieron no solamente los diputados de la Alianza, el duhaldista Argüello o la Ucedé; también coincidió Patricio Echegaray, para quien, textual, “lo que acá se ha producido (se refiere a los sobornos en el Senado) es un shock de desconfianza”; por eso, concluyó, una votación favorable a la declaración que presentó IU “sería un elemento que ayudaría a generar confianza, que es lo que necesitamos para impedir que estos sectores (de la derecha) avancen”.

Comparemos esto con lo que dijo Altamira con relación a esta misma cuestión de la ‘confianza’ y la ‘credibilidad’? “Es frecuente -dijo- escuchar referencias en este recinto … acerca de la falta de credibilidad que las instituciones políticas del Estado y el Estado capitalista en su conjunto, tienen en la opinión pública y, en particular, entre los trabajadores. YO ME REGOCIJO DE ESTE HECHO, NO LO LAMENTO … (Pero) La política no ha caído en el pueblo, porque no ha caído la movilización, no han caído las reivindicaciones, no han caído LOS CORTES DE RUTA. Puedo asegurar que ESA POLITICA VA A TRIUNFAR EN NUESTRO PAIS”.

¿No es sencillamente brutal la diferencia de posiciones que esgrimieron en la Legislatura el equipo Echegaray-Ripoll, de un lado, y Altamira, del otro? Es a partir de aquí que hay que apreciar las diatribas que el Mst y Vilma Ripoll lanzaron, en su último periódico, contra nuestro planteo de Asamblea Constituyente y contra nuestra intervención parlamentaria. Son diatribas que están en concordancia con las posiciones restauracionistas y oficialistas que el Mst e IU tuvieron en la Legislatura, pero que retratan además una bancarrota política y moral.

No hace falta, sin embargo, recurrir a lo que IU dijo en la sesión. En el proyecto de declaración que también firma Vilma Ripoll, se reclama lo que es una verdadera joyita política, a saber: “La necesidad de una investigación exhaustiva y sanción de los delitos cometidos, SI LOS HUBIERE”. SI LOS HUBIERE, dice el dúo izquierdista poniéndose a la derecha de Antonio Cafiero -lo cual ya es de por sí otra proeza-. La misma declaración que firman Echegaray-Ripoll también respalda, textual, “los procedimientos iniciados por la Oficina Anticorrupción, la Justicia O EL PROPIO SENADO”, a los que “correspondería (en verbo condicional) SUMAR la acción de una comisión investigadora…(de) las centrales obreras y los sindicatos”. SUMAR a la política de encubrimiento de la Alianza y del PJ, propone el dúo de IU, no denunciar esa política ni contraponerle una alternativa de poder. Otra vez más, qué contraste con lo que planteó Altamira en forma pública y abierta: “La política popular está viva … El pueblo descree de una política que se ha terminado, y ese descreimiento es una manifestación de un excelente estado de salud mental, por parte de un pueblo que tiene muchas razones para no estar mentalmente saludable”.

 

Por qué Ripoll defiende al pulpo Techint

En los fundamentos de la declaración que firman Echegaray y Ripoll hay una perlita que supera en desvergüenza a todo lo anterior. Escriben: “No estamos en este caso ante hechos de corrupción alentados por sectores empresarios, como ha ocurrido otras veces…”. Este párrafo abominable contiene, veremos, bastante más de lo que ofrece a la vista.

¿Por qué esta absolución gratuita de los explotadores? ¿O acaso IU conoce positivamente que los ’empresarios’ no jugaron ningún papel? ¿Qué puede llevar a los diputados de IU a absolver de responsabilidad a los capitalistas, en el caso de una ley de superexplotación laboral y de liquidación de conquistas obreras?

Comparemos la exculpación gratuita que hace IU de los capitalistas con el planteo que formuló Altamira en el recinto. Dijo: “Esta Ley de Reforma Laboral no ha sido -como dijo el diputado Rodríguez- ‘una reforma puramente banal’ Ha sido un golpe extremadamente duro a los trabajadores y ha sido fogoneada durante mucho tiempo por los grandes grupos empresarios. Al punto que … se la ha llegado a llamar ‘ley Techint’..” Es precisamente, sin embargo, el partido que absuelve a Techint, el Mst, el que se anima a acusar al PO de no luchar contra la reforma laboral.

La pregunta que se impone, más allá de la complicidad con Techint, es, sin embargo, si la función de los revolucionarios en el Parlamento debe consistir en absolver, siquiera parcialmente, a la clase capitalista de la legislación que dicta el Estado burgués, o, por el contrario, esa función debe ser mostrar todas las conexiones que existen entre los capitalistas y este Estado, especialmente las que son menos visibles a los trabajadores, o sea las que se encubren con mil y una mañas. ¡Pero Izquierda Unida ha absolvido nada menos que a Techint de cualquier sospecha de pago de coimas en la llamada ley Techint -así conocida porque satisface la principal reivindicación del pulpo, la liquidación de la ultraactividad de los convenios vencidos, y porque fueron sus lobbystas los que más se movieron para arrancarla-!

Si resumimos a esta altura las posiciones de Echegaray-Ripoll, de un lado, y las de Altamira, del otro, en el debate político en la Legislatura sobre la crisis en el Senado, tenemos que una planteaba restaurar la credibilidad del Estado, exoneraba a los empresarios, planteaba sumar una comisión de sindicatos a la investigación “exahustiva” oficial -en definitiva, restringía los alcances de la crisis y hacía planteamientos conservadores-, mientras que la otra planteaba una alternativa de poder, denunciaba al Estado capitalista y a los capitalistas, trazaba una perspectiva y oponía la política de los cortes de ruta a la mentirosa política oficial. Esto está escrito, negro sobre blanco, y delimita como nunca dos posiciones políticas históricamente contrapuestas.

 

Asamblea Constituyente y dictadura del proletariado

¿Cómo se puede, a partir de estas posiciones tan agudamente en contraste, sostener, como hace el Mst, que el PO y Altamira “dan consejos a la burguesía”, le ofrecen salidas al régimen u “ofrece una salida institucional que los ayude a salir de la crisis”?

Estamos claramente, en primer lugar, ante un intento obsceno de ocultar los extremos derechistas de la posición del Mst en la Legislatura. En esto consiste la operación fundamental de su llamada “crítica”: pega el grito a la izquierda para seguir poniendo los huevos a la derecha.

¿El Partido Obrero ‘aconseja’ o hace frente con la burguesía? Véase esto:

“Sr. Schifrin (jefe del bloque de la Alianza): Pido la palabra.

“Señor presidente: me permito leer la propuesta de modificación al proyecto de declaración presentado por el diputado Echegaray, que se consensuó con el acuerdo del propio diputado Echegaray en la Comisión de Labor Parlamentaria y que fundamentó en este recinto el diputado Conte Grand. Dice así: ‘La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresa su preocupación en el sentido de que, tras el declarado propósito de combatir el narcotráfico que proclama el denominado ‘plan Colombia’, se produzca una nueva e indebida injerencia militar de los Estados Unidos, en violación de los principios de no intervención y soberanía’..”. Es decir que IU consensuó una declaración con la Alianza y el bloque de Irma Roy para expresar una “preocupación” (y no un rechazo o repudio) de que Estados Unidos pudiera intervenir en Colombia (y no a que ya lo estuviera efectivamente haciendo, y no solamente en Colombia sino con bases en Ecuador y Perú). Para conseguir los votos de la Alianza los diputados de IU dejaron de lado su propia declaración de repudio al plan Colombia, a la que el Partido Obrero había anunciado su apoyo, para reemplazarla por un texto que oculta el grado de la intervención que ya está en marcha por parte del imperialismo yanqui.

Al ocultamiento de este parlamentarismo vulgar y derechizante, de alianza con la burguesía ‘progresista’, responden las diatribas del Mst como motivo político esencial.

Pero hay otra razón para esto, secundaria, aunque no por ello menos importante. Tanto el Mst como la corriente morenista en general han abandonado la perspectiva y la consigna de la dictadura del proletariado, y han transformado la consigna de Asamblea Constituyente en un sucedáneo del poder obrero. Su slogan es desde hace mucho el socialismo con democracia, es decir que el pasaje al socialismo procedería a través de la democracia formal y no de la destrucción del Estado burgués y de la apropiación dominante de todos los resortes del poder por parte de la clase obrera.

En la declaración que presentó a la Legislatura en nombre del PO, y en el debate parlamentario, Altamira defendió la consigna de Asamblea Constituyente como una consigna de la democracia formal y la opuso al régimen político y social presente de corrupción, descomposición, entrega y antiobrero; tomó una consigna de la democracia para oponerla a la burguesía y a su régimen concreto del momento. En ningún momento la asimiló al gobierno obrero o a la dictadura del proletariado sino que la presentó como una transición. En una abierta justificación anticipada de la futura dictadura proletaria, Altamira estableció una correspondencia entre la reivindicación de la Constituyente por parte del PO y, textual, “la Constituyente … de Rusia en el período de la Revolución de Octubre”. Haciendo una analogía con el agotamiento de la Constituyente rusa y su superación por medio del gobierno de los Consejos de obreros, campesinos y soldados, Altamira advirtió a la pequeña burguesía aliancista y frepasista de que sus maniobras de encubrimiento de la crisis política terminarán de la misma manera que terminaron en 1917. En la voz de un representante público de la IV Internacional, este planteo ha inscripto por primera vez en la tribuna parlamentaria argentina la justificación política y la perspectiva de la dictadura del proletariado.

La Asamblea Consituyente es una consigna burguesa y democrática; plantearla en el Parlamento significa difundirla al pueblo a través de una forma concreta, como una denuncia de que la burguesía gobernante es incapaz de aplicar sus propios principios. De ahí que fuera presentada en forma polémica: pequeños burgueses de la Alianza y el Frepaso, nuestra consigna no es verborragia de izquierda, tómenla en serio, ¡cuando arribe el poder obrero no habrá derecho a queja! Ha sido una excelente manera de introducir la dictadura del proletariado en la arena de debate del parlamentarismo burgués.

No es casual que solamente el PO haya afichado el país con un llamamiento a luchar por el poder a una Asamblea Consituyente; el Mst en cambio ha pedido la disolución del Senado, y esto en una forma harto confusa, pues no se sabe si quiere, como Ruckauf, anticipar las elecciones, o si pretende además disolver el régimen federal y dejar a las provincias sin siquiera el principio de una representación autónoma (el Banco Mundial también propone eliminar las provincias). En una palabra, un democratismo gatopardista y eventualmente reaccionario. El gobierno de los trabajadores en Argentina deberá darle a las masas de las provincias la posibilidad, por primera vez en la historia, de un desenvolvimiento realmente autónomo y democrático.

Los primeros treinta días de actividad en la Legislatura han servido para dejar nuevamente en claro el carácter de la delimitación que existe en la izquierda, entre los democratizantes y los socialistas revolucionarios.