En su edición del lunes 19/2, el diario La Nación anunciaba con bombos y platillos la peatonalización de la zona comercial de Once, dentro del barrio de Balvanera, transformándola así en un enclave comercial que disparará el valor inmobiliario allí y en los sectores aledaños.

Con la expulsión de los manteros, que en su mayoría trabajaban en las veredas de la Avenida Pueyrredón, y mientras cortaban las avenidas en reclamo de ello, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció el proyecto “Once Peatonal” sobre el área delimitada por la calle Uriburu y las avenidas Rivadavia, Corrientes y Pueyrredón, a la par que modificarían el entorno de la Plaza Miserere. Dicho proyecto consiste en el ensanchamiento de veredas y la limitación del tránsito vehicular, reforzando así la orientación comercial y alzando el valor del suelo.

El macrismo culminó lo iniciado por Sergio Berni hace varios años, reprimiéndolos en pos de sacarlos de sus puestos. Luego de ello, se los trasladó a galpones ubicados cerca de allí donde los pocos manteros que quedaron han reducido considerablemente sus ventas, lo que conllevó al cierre de muchos de los puestos. Se calcula que de más de 800 puesteros, se ha reducido la cantidad hasta quedar poco más de 300, menos de la mitad (Clarín, 3/12/17). Así es que hasta el día de hoy se siguen instalando manteros en las calles circundantes, los cuales son posteriormente desalojados y sustraídos de sus pertenencias. Sin ir más lejos, en esta última semana de marzo ya hubo alrededor de 3 desalojos por las calles B. Mitre y Castelli.

Una política expulsiva

Los desalojos -ya sea mediante el aparato represivo del Estado o el incremento del costo del suelo- son moneda corriente en Balvanera y han recobrado impulso a la par de esta refuncionalización de un barrio que cuenta con una de las mayores cargas demográficas.

Así como el traslado de la sede de gobierno de la CABA al barrio de Parque Patricios empeoró el acceso a la vivienda, a mediados de 2016 se mudó la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) a Hipólito Yrigoyen 2346, a una cuadra  del Shopping Spinetto, donde también planean insertar la nueva sede de la Comuna 3, para darle viabilidad a un shopping lleno de locales vacíos que sobrevive por el supermercado emplazado en su planta baja.

También se vienen incrementando la cantidad de torres. Es el caso de la torre GrandView de 27 pisos y locales comerciales de Av. Rivadavia y Azcuénaga, perteneciente a capitales coreanos que buscan “inyectar valor al barrio” (Clarín, 9/8/16) o la Torre Saavedra de casi 30 pisos que está construyendo el Banco Nación en un predio de alrededor de 3.500m² en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Saavedra.

La repercusión inmediata del anuncio de la nueva sede de la Comuna 3 fue un operativo de un centenar de efectivos de las distintas policías para desalojar un ex hotel en la esquina de las calles Pichincha y Alsina, ubicado al frente del Spinetto, ocupado hace 17 años (cercanos a los 20 necesarios para usucapir) y que carecía de reclamos por parte del dueño, arguyendo un peligro de derrumbe que según las familias fue desestimado por la Guardia de Auxilio.

Como ya ha ocurrido en el microcentro, la peatonalización trae consigo la disminución de la cantidad de playas de estacionamiento, lo que beneficia a la cadena Apart Car de Dakota, a cargo del estacionamiento medido y de la concesión de las grúas de la CABA, que además logró vender todos sus estacionamientos previo a la restricción automovilística en el microcentro. A la par, se vienen promoviendo estacionamientos bajo las plazas de la Ciudad, algo que además de perjudicar la raigambre de las diversas especies arbóreas, suele relacionarse con el pago de cánones irrisorios o directamente nulos.

Entre peatonalizaciones, "puestas en valor", extensión de los negociados inmobiliarios hacia zonas de la Capital todavía con mayoría de casas bajas, la venta de inmuebles públicos, venta de terrenos militares y cambios en los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación, se verá inexorablemente encarecido el acceso a la vivienda por parte de la población trabajadora en medio de un aumento en los impuestos de los servicios públicos y la intención de imponer un techo del 15% en las paritarias.

En defensa del derecho a la vivienda, al espacio público, bregando por un desarrollo urbano decidido y acorde a las necesidades de los vecinos y trabajadores, rechacemos esta política de conjunto que expulsa a la población de la ciudad capital.