La convocatoria que suscita la conmemoración del primer año del levantamiento popular ya comienza a sentirse por todos los poros de la sociedad. Esto obedece, ciertamente, a la fuerza de la jornada en la memoria colectiva. Para el pueblo de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, el Argentinazo representa además una suerte de Cordobazo o Rosariazo local, la realización de un deber incumplido que estuvo en falta hace treinta años atrás (si se exceptúan las jornadas huelguísticas de junio y julio de 1975, que forzaron la expulsión de López Rega).

Por sobre todas las cosas, sin embargo, la fuerza de la convocatoria nace del completo fracaso del gobierno por superar el derrumbe social y por su creciente incapacidad para encontrar una salida a la descomposición política. En enero pasado una Asamblea Legislativa reunida por segunda vez usurpaba el poder político que había sido quebrantado por la rebelión popular y designaba un gobierno que debía encargarse de neutralizar y revertir la situación revolucionaria creada por esa rebelión. Es claro, al cabo de un año, que si bien pudo mantener el timón político, el nuevo gobierno no logró reconstruir la capacidad de acción del Estado; no logró superar la bancarrota capitalista generalizada; tampoco logró derrotar la insubordinación popular. El movimiento piquetero se reforzó; las asambleas populares transformaron su condición de excepcionalidad en una lucha prolongada junto al conjunto del pueblo; se desarrollaron las fábricas ocupadas; el movimiento estudiantil comenzó a reconstruirse sobre nuevas bases. Ante el conjunto de la sociedad, los viejos partidos y las viejas instituciones aparecen como bandas corruptas, mafiosas y criminales.

Jornada

En estas condiciones es evidente que la celebración del aniversario tiende a transformarse en una jornada con peso político propio. La emoción popular sacudida por el hambre; los nuevos atropellos contra ahorristas y deudores individuales; las extorsiones desvergonzadas del FMI; el espectáculo de los bancos que construyen sedes espectaculares mientras se quejan de su quiebra; las cada vez mayores movilizaciones piqueteras; el empantanamiento completo del régimen político; todo esto apunta a convertir a las jornadas de diciembre en otra gesta popular. Esta es, por de pronto, la orientación que debería tener todo luchador y es la que tiene el Partido Obrero. El Bloque Piquetero Nacional, el Mijd, Barrios de Pie, la Aníbal Verón y otras organizaciones piqueteras, han planteado la necesidad de completar las tareas pendientes de la rebelión popular.

Planteadas así las cosas, la cuestión fundamental es la orientación política que debería imprimirse a la preparación de las jornadas y a las jornadas mismas. En reuniones que ya han tenido lugar se ha privilegiado el aspecto organizativo, como si se tratara solamente de un acto público, y en otros casos como la oportunidad para un reagrupamiento de fuerzas con vistas a las hipotéticas elecciones convocadas por Duhalde. En este caso, además del divisionismo que representa esta posición respecto de los partidos que se oponen a la convocatoria electoral y en algunos casos a las elecciones, el planteo significa desnaturalizar una jornada de contenido histórico revolucionario. También se han propuesto escraches contra las representaciones del poder político o del poder económico, lo cual es irreprochable, pero adolece de la falta de un señalamiento único para el conjunto de las masas dispuestas efectiva o potencialmente a movilizarse.

Constituyente

Para superar las limitaciones de las jornadas del año pasado y de las numerosas luchas posteriores, es necesario una consigna de conjunto. El pueblo no se puede plantar frente al poder sin un planteo único. En la tradición política argentina, el pueblo ocupó la Plaza de Mayo sin límite de tiempo hasta obtener reivindicaciones tales como la deposición del virrey, la liberación de Perón o la expulsión de López Rega y el reconocimiento oficial de los convenios colectivos de trabajo. Al lado de las grandes huelgas generales, como las de enero del ’19 y de 1959, o de grandes paros generales, la historia popular está plagada de “jornadas de lucha”: el 25 de mayo; el 17 de octubre; los cordobazos, rosariazos y tucumanazos; el 17 de noviembre a Ezeiza; el 30 de marzo contra la dictadura militar; el 19 y 20 de diciembre.

La convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana es la conclusión lógica, natural y consecuente de la consigna popular por excelencia del momento actual: “Que se vayan todos”. Es la bisagra que une a la parte del pueblo dispuesta a luchar contra “la representación política” actual, por una “representación política” de nuevo tipo, y la parte del pueblo que quiere, además, modificar el contenido social del régimen actual para hacer posible que haya “pan y trabajo para todos”. Es la consigna que se adapta mejor a la necesidad de forjar una unidad de propósitos política a la movilización del próximo 19 y 20 y, por sobre todas las cosas, de una preparación generalizada para enfrentar la crisis de poder existente y la que pueda manifestarse como consecuencia de esta movilización popular. Sobre la base de este proceso político podrá emerger una autoridad capaz de convocar a una Asamblea Constituyente soberana. Esta consigna política representa el principal paso para superar las limitaciones del Argentinazo de hace un año, que permitieron la usurpación de la rebelión popular.

Para reemprender el camino de una caminata, movilización o marcha de decenas o centenas de miles de personas de los barrios y del suburbano al centro y a las Plazas, y por sobre todo a Plaza de Mayo, es necesario proponer una reivindicación que sea realmente decisiva dentro del marco de la experiencia alcanzada y de la conciencia que ha resultado de esa experiencia.

La historia no se guía por cronogramas, pero los luchadores debemos prepararnos para los cronogramas de lucha que se fija el propio pueblo.