La jueza María Romilda Servini de Cubría dispuso la declaración de rebeldía con orden de captura internacional para “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri, en el marco de la causa que le iniciaron Fabián De Souza y Cristóbal López con el patrocinio de Beraldi (abogado de CFK) a Macri, Marcos Peña, Rodríguez Simón y otros, porque habrían conformado una asociación ilícita para apoderarse de las empresas del Grupo Indalo.

El pedido de asilo político que presentó Rodríguez Simón sin el apoyo de Juntos por el Cambio, pero sí de Macri, le salió mal. “Uruguay le comunicó a la Argentina que acelerará los trámites relacionados con el pedido de captura y extradición del operador judicial del macrismo Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, acusado de participar de maniobras de hostigamiento y asfixia financiera del gobierno de Mauricio Macri en contra del Grupo Indalo y sus accionistas” (Ámbito, 21/5).

La causa es la punta del ovillo de una trama política judicial más vasta. En el mismo expediente, Macri apeló a la Corte Suprema la habilitación que la Casación le dio a Servini para abrir un informe de entrecruzamiento de llamados del número de teléfono de Macri y los de los imputados de formar parte de la “mesa judicial M”. Jurídicamente hablando, este pedido de Macri no tiene posibilidad de prosperar.

Por el lado del informe de entrecruzamiento de llamados del teléfono de Pepín, ya se generó una crisis política. Porque los llamados más frecuentes dan cuenta de una amplia variedad de “contactos” de Simón, que van desde el actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, (con quien tiene una relación más bien familiar) y otro miembro del supremo tribunal, Horacio Rosatti, pasando por los jueces de la “Operación Olivos” hasta Juan Grabois, una caja de Pandora.

En definitiva, la causa avanza a todo trapo y así lo caracterizó el propio Pepín en una entrevista con Fontevecchia: “el siguiente puede ser Mario Quintana, José María Torello o Javier Iguacel, o Alberto Abad. Creo que es el próximo”… “Está Mauricio Macri. Se llama ‘Mauricio Macri sobre asociación ilícita’”.

La cuestión del listado de llamadas podría ser usado a posteriori como una excursión de pesca en busca de nuevos delitos para imputarles, pero a lo que la causa respecta indicarían, en principio, que los contactos telefónicos en los cuales López y De Souza dicen que se los apretó existieron. No se sabe el contenido de las comunicaciones, pero sí que se establecieron. “Prestás indagatoria, te procesan automáticamente y te impedirán salir del país. Después, te van haciendo otras causas y te dejarán preso”, dijo Pepín a Fontevecchia.

El objetivo de todas estas acciones judiciales del kirchnerismo es doble. Por un lado, dar por demostrada la existencia de una “mesa judicial M”, que habría actuado en connivencia con Comodoro Py y los jueces de la “Operación Olivos” para perseguir a CFK y sus funcionarios, y por otro lado apretar al macrismo y a parte del aparato judicial que le responde para forzar un pacto con el macrismo para ir a un “punto final” de la corrupción, a dos bandas, como ya se hiciera con la causa de Odebrecht, que no avanzó justamente por tener implicados a “neoliberales” y a “nacionales y populares”.

Pero acá no hay ningún inocente, solo una búsqueda de utilizar las contradicciones del bando opuesto para forzar una pax judicial. Esto viene, claro está, luego de que el gobierno no pudo avanzar con la votación de la reforma del Ministerio Público Fiscal; de no poder remover al procurador interino macrista, Casal; de no poder tampoco hacer votar la reforma de la justicia federal y no lograr frenar la andanada de juicios que se vienen contra CFK, donde en varios de ellos se prevén resultados similares a los que obtuvo Lázaro Báez.

Mientras tanto, el albertismo y el kirchnerismo mantienen un acuerdo con Daniel Angelici. “En el kirchnerismo cuestionan a funcionarios cercanos a Alberto que mantienen vínculos con el expresidente de Boca tanto en la justicia porteña como en el Consejo de la Magistratura de la Nación.”, dice LPO del 18/4, pero también que en la Rosada “critican los vínculos del kirchnerismo con Angelici. No se hacen cargo en el albertismo que al Tano le hayan aprobado dos licencias del juego en la provincia, que la AFIP le suspendiera dos causas y que toda la embestida del kirchnerismo contra la mesa judicial del macrismo lo sacara del foco” (ídem).

Que tanto el kirchnerismo como el albertismo tengan vínculos con Angelici, quien era el principal señalado como capo de la “mesa judicial M” para perseguir a CFK, habla a las claras de que el kirchnerismo anda en una búsqueda de una impunidad compartida. El grosero pedido de asilo de “Pepín” Rodríguez Simón lo ha colocado a él y al conjunto de la banda macrista como una asociación ilícita, del mismo modo que dicha imputación también pesa sobre CFK y su entorno.

Aquí no está en juego ni la república ni la defensa de los intereses populares contra los monopolios, sino una guerra judicial cuyo trasfondo es la disputa de dos bandos capitalistas por el control del aparato del Estado y por la impunidad de sus miembros.