Con un show mediático similar al que acompañó la detención de De Vido, hoy se produjo por orden del juez Ariel Lijo la del ex ministro de Economía y vicepresidente kirchnerista Amado Boudou, y de su socio y mentado testaferro José María Núñez Carmona.

 

La orden se produce en el marco de la causa que investiga al ex funcionario por enriquecimiento ilícito, por variadas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. El escrito del magistrado le imputa los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero (vinculando también a Alejandro Vandenbroele, Juan Carlos López y Agustina Kämpfer), al tiempo que reseña “graves actos de corrupción” por los que se tramitan otros expedientes –como el caso Ciccone y la compra de autos de alta gama.

 

Con todo, el fundamento de la detención no debe buscarse en las profusas actividades criminales de Boudou, por las que debería estar preso desde hace muchos años, sino en los propósitos del gobierno macrista de desviar la atención pública de su plan de guerra contra los trabajadores y de tapar su propia corrupción. La corrupción kirchnerista es funcional a este propósito distraccionista.

 

“No te gobiernan textos, sino tratos”

 

La disposición de Lijo fue precedida por una abierta apretada en el Consejo de la Magistratura contra él y otros jueces (como Daniel Rafecas) por parte de operadores judiciales afines al macrismo para que aceleraran la causa, denunciándolos por "demoras excesivas" (Página 12, 3/11). Después de dormir el proceso durante varios años, Lijo parece reacomodarse a los nuevos tiempos políticos.

 

Mientras Elisa Carrió, consultada por la prisión a De Vido, asegura emocionada “no pensé que me tocaría ver una república”, el partido de gobierno echa mano de favores, extorsiones y golpes institucionales para garantizarse una justicia adicta con métodos semejantes a los que usaba el kirchnerismo. El macrismo junto con el PJ y el Frente Renovador acaban de resolver en la Provincia de Buenos Aires la suspensión (tendiente a la destitución) del juez Luis Federico Arias por resoluciones favorables a docentes, inundados y contra los tarifazos –entre otros.

 

En la “república” de la diputada se suman episodios nuevos todos los días al comprometimiento del presidente y su familia en los Panamá Papers y por la quiebra del Correo Argentino, como el que envuelve a Jorge Macri en una causa por lavado de dinero. Ni hablemos de Odebrecht y el esquema de corrupción en la obra pública que involucra a todos los gobiernos. La acusación de “negociaciones incompatibles con la función pública” que pesa sobre Boudou por la causa Ciccone debería extenderse al ministro de Energía Aranguren, quien fuera accionista y presidente de Shell y acaba de dar exenciones a las petroleras por $4.600 millones; y al flamante titular de Agroindustria y presidente de la Rural, Etchevere, cuya asunción vino de la mano con la eliminación de la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones.

 

Como denunció oportunamente el Frente de Izquierda, los adalides de la “transparencia” son opacos de toda opacidad.

 

Unidos y dominados

 

El macrismo opera a la inversa de aquel exitoso film “Mentiras que matan”, en el que el presidente de los Estados Unidos buscaba tapar un escándalo político inventando una guerra: con la detención, procura distraer sobre la avanzada bélica contra la población trabajadora.

 

La detención de Boudou, que ocupará 24 horas por día, 7 días por semana a los medios oficialistas, llega en la misma semana que la presentación del borrador de la reforma laboral archiantiobrera; cuando se procede a una reforma jubilatoria que solo en 2018 quitará $100.000 millones a los trabajadores pasivos y mientras se avanza en la privatización de la ya deficientes salud y educación públicas.

 

CFK denunció en un comunicado una "persecución judicial" contra la oposición que tendría el propósito de "atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar”. Pero mucho antes de estos hechos el kirchnerismo se había asociado a las políticas de ajuste: basta ver las votaciones en el Congreso, el ataque contra los docentes en Santa Cruz y la reciente firma de la burocracia K del gremio lácteo a un convenio flexibilizador que es modélico para la reforma laboral. No es una cuestión de "presiones judiciales": el factor de fondo de este acompañamiento es el apoyo del conjunto de la clase capitalista, sus mandantes, al plan de guerra anunciado por el macrismo.

 

En el gran desafío que tienen los trabajadores en estas horas, que es tomar la iniciativa para quebrar la ofensiva antipopular, resulta fundamental su demarcación de los corruptos y ajustadores de ayer y de hoy.