La decisión ilegal del intendente del PRO de San Nicolás, Manuel Passaglia -refrendada por el Concejo Deliberante-, de dejar a los trabajadores municipales nicoleños por fuera de la cobertura de la Obra Médico Asistencial (Ioma) produjo un efecto cascada. Al reaccionario mensaje de Mauricio Macri felicitando a Passaglia, se sumó el de otros intendentes de Juntos, entre ellos el bullrichista Javier Iguacel de Capitán Sarmiento, el radical Miguel Ángel Lunghi de Tandil, y Javier Martínez, jefe comunal de Pergamino y socio político de Passaglia. En la lista del “operativo anti Ioma” están también el intendente de Bahía Blanca Héctor Gay, Pablo Petracca de Junín, y Ezequiel Galli de Olavarría.

Negocios privatistas

La pretendida “autonomía sanitaria” que agitan los intendentes de la oposición derechista es una avanzada privatista y de liquidación de la mutual bonaerense que agrupa a cerca de dos millones de aportistas, entre ellos los trabajadores del Estado provincial y los afiliados voluntarios al Ioma. El diario oficialista Página 12 denunció los vínculos del clan Passaglia -que viene del PJ y se pasó con toda su familia al macrismo- y un poderoso empresario de la salud santafecino propietario del Grupo Oroño. Se trata de Roberto Villavicencio, quien tiene entre sus activos al Sanatorio Parque, al Instituto Cardiovascular de Rosario y una docena de centros médicos de esa ciudad y alrededores. Passaglia afirma que los municipales de San Nicolás podrán acceder “libremente” a otra obra social, pero no dice a cuáles. Esto alimenta las sospechas de que por detrás de la ruptura con el Ioma asoman intereses privados y negocios propios (el intendente de San Nicolás fue uno de los invitados especiales a la inauguración del centro médico que el Grupo Oroño abrió en el municipio).

Por la amplitud de esta ofensiva contra el Ioma, estamos ante una avanzada de la oposición derechista para liquidar la obra social provincial donde revisten los empleados públicos bonaerenses, los docentes, el personal de salud, los trabajadores municipales y la policía y el servicio penitenciario bonaerenses. La bandera derechista de la “libre elección” de la obra social es agitada por Macri, quien descalifica al Ioma diciendo que es una “corporación mafiosa”. Está claro que el ataque a la obra social del Estado provincial es un punto de confluencia entre Juntos y los “libertarios” de Milei y Espert. De hecho, Javier Iguacel, uno de los precandidatos del PRO, le hizo un guiño al proyecto de “libertad de elección” presentado a mediados del 2022 por una diputada “libertaria” en la Legislatura, afirmando que de ser electo gobernador, él lo implementaría en toda la provincia de Buenos Aires.

No aclares que oscurece

En rigor, la campaña contra el Ioma no es privativa de la derecha macrista y de la libertaria. La diputada provincial del Frente Renovador en el Frente de Todos, Fernanda Bevilacqua, presentó un proyecto propio en sintonía con la derecha, pidiendo la optatividad para que los trabajadores bonaerenses decidan si quieren quedarse o no en Ioma. Los fundamentos remiten en primer lugar a los intereses empresariales en disputa y a los “reiterados reclamos de farmacias, laboratorios, clínicas y profesionales de la salud”. Según el portal Infocielo, que cita como fuente a un dirigente massista, lo grave no sería la ruptura con el Ioma sino que Bevilacqua se habría cortado sola sin informar al bloque. Más que una crítica, un elogio. La diputada massista Bevilacqua propone modificar uno de los artículos de la ley 6.982, para que los afiliados al Ioma “tengan el derecho a cambiar (de obra social) en cualquier momento de su relación laboral”. La puja está instalada puertas adentro del Frente de Todos.

Caja Negra

Que el Ioma ha sido y es una caja negra de todos los gobiernos está fuera de cuestión. Lo fue con el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, y también con la exgobernadora María Eugenia Vidal, que dejó la mutual con déficit y deudas millonarias. Con la inclusión del artículo 56 inciso f en la Ley 14.989 -de reforma de la estructura ministerial-, el Poder Ejecutivo puede disponer de los fondos no utilizados por el Ioma para el cierre del ejercicio financiero. Toda subejecución del presupuesto asignado al Ioma queda en manos del gobierno de turno. El recorte creciente de prestaciones a los afiliados -con sus consecuencias desesperantes para centenares de pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas- “dibuja” un haber superavitario que no existe y que se paga con la deficiente atención de los afiliados. En la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, los afiliados deben desplazarse largas distancias para acceder a un médico derivado que los atienda. La habilitación de 60 “policonsultorios” de Ioma en la provincia no ha modificado esta situación, porque estos centros tienen una atención y prestación limitadas.

La muerte de la docente Graciela Ciuffarela por los retrasos en la aprobación y entrega de los medicamentos que necesitaba para su tratamiento contra el cáncer es un caso emblemático del vaciamiento de la obra social. La andanada privatista de la derecha es la puntada final de un vaciamiento de décadas basado en la tercerización de las prestaciones en clínicas y sanatorios privados. Los gobiernos capitalistas han reducido al Ioma a una gerenciadora de los prestadores privados. Con la fachada del “Ioma estatal”, la medicina privada domina la atención médica de las obras sociales. Los salarios de los trabajadores del Ioma- completamente desvalorizados con la complicidad de las burocracias sindicales de Ate y Upcn- coadyuvan a generar el “superávit” donde meten mano los gobiernos. El hilo se corta por lo más delgado, el aumento de los copagos y la parálisis y demora de las prestaciones.

Vaciamiento

Los negocios a costa del Ioma no fueron privativos del desastroso gobierno de María Eugenia Vidal. Con la pandemia, los nacionales y populares de Kicillof y Homero Giles, el presidente del Ioma, otorgaron créditos a tasa cero y a largo plazo a las clínicas y sanatorios privados de La Plata, financiados con fondos que salieron del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires. Este desfalco a los afiliados fue presentado por el gobernador como una “integración del sistema de salud estatal y privado”. Al día de hoy, no hay informes sobre la devolución de los préstamos por parte de las corporaciones y monopolios de la medicina privada. Cuando Juntos y los libertarios descalifican al Ioma por ineficiente, callan sobre esta colosal transferencia de fondos de los bolsillos de los afiliados al capital privado de salud.

Juntos y toda la derecha explotan el colapso de la obra social para promover la privatización de este enorme mercado que abarca a dos millones de aportistas. El año pasado, 25.000 afiliados al Ioma de Tandil quedaron por un largo tiempo sin atención debido a un conflicto abierto entre la provincia y el Círculo Médico que tenía a los trabajadores aportantes como rehenes. Lo mismo ocurrió en el 2021, en la ciudad capital de la provincia, donde los chantajes de la Asociación Médica Platense (AMP), un comando de las grandes patronales de la salud disfrazada de asociación gremial, terminaron como siempre con un aumento del costo de las prestaciones y un golpe al bolsillo de los afiliados. Mientras Homero Giles pondera la “recuperación” del Instituto, el Ioma se encuentra en una virtual cesación de pagos que afecta a médicos, psicólogos, odontólogos, acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios y proveedores de insumos, a quienes se le incumplen y demoran meses los pagos. La derecha y las corporaciones médicas se montan en este descalabro para agitar la “libre elección” y para quedarse con la parte del león de los negocios tercerizados, entre estos los repuestos ortopédicos y prótesis.

El proyecto del Partido Obrero

El Partido Obrero denuncia la ofensiva derechista contra el Ioma y el vaciamiento “nacional y popular” que le es funcional a los Passaglia y Cía. El proyecto presentado por Guillermo Kane, el diputado provincial del PO en el Frente de Izquierda Unidad, ataca de raíz todas las políticas privatistas y vaciadoras, porque exige que la elección del directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial sea mediante el voto de la totalidad de los afiliados obligatorios y la revocabilidad de los cargos de cuatro años por incumplimiento del mandato. Asimismo, establece que el superávit al cierre de cada ejercicio financiero debe ser contabilizado como un fondo de reserva por fuera del presupuesto asignado al ejercicio siguiente. Explícitamente se señala que “en ningún caso el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de esos fondos”.

Frente a las deudas acumuladas con los municipios -reconocidas por el propio Homero Giles- y otras de arrastre y actuales, y para fortalecer al Ioma, es imprescindible que se proceda a una reparación económica extraordinaria que debe salir exclusivamente de las ganancias y tributos del capital. El proyecto del diputado Kane incluye la convocatoria a un Congreso con participación de delegados de todas las dependencias para establecer un plan de cobertura y prestaciones médicas para todos los afiliados. No a la desarticulación del Ioma.

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