Durante este sábado 31 de julio, desde las 18 horas, el presidente Alberto Fernández habló en el Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho, dándole el cierre. En su intervención, el mandatario postuló una disyuntiva que ya generó revuelo a nivel nacional: “¿el procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? la misma pregunta deberíamos hacerla respecto a los jueces”. Esta frase fue repudiada por la oposición derechista y hasta sectores del propio poder judicial, quienes la comprenden como vaticinio de una reforma amañada, así como fue celebrada en contrapartida por quienes la comprenden como el planteo de una democratización de la justicia.

En el encuentro que organiza La Cámpora, algunas otras frases de Fernández quedaron en la mira. Por ejemplo, que “las corporaciones influyen en la justicia” mediante prácticas que constituyen “el predominio de intereses económicos sobre el estado de derecho”. Por eso, subrayó que “quienes trabajaron con Bonadio y con Irurzun fueron intoxicados por sus barrabasadas”, y destacó también que “muchos padecieron cárcel innecesariamente, detenciones preventivas innecesariamente, muchos soportaron causas inventadas a fines de perseguirlos”. Agregó también: “los peronistas nunca avalamos un golpe militar, los padecimos. Nunca avalamos una detención ilegal, las padecimos”.

La munición que le dispara Alberto a Bonadio e Irurzun es en representación de intereses concretos. El poder judicial actúa como un campo de disputa entre grupos capitalistas y las distintas camarillas políticas asociadas con ellos. Tal cual la oposición derechista “cuenta” con Bonadio o Irurzun, los Kirchner han sabido tener a su Oyarbide. Así, las causas por corrupción, defraudación a la función pública o símiles que recaigan sobre unos y otros se terminan dirimiendo en los términos de quién es el que se hace de mayor influencia en la justicia. Esta es la piedra basal de la situación. Por ello es que las maniobras de unos y otros en nombre de la “independencia de la justicia”, irónicamente, encubren sus pretensiones de ganar terreno en la misma. Se trata de un concepto que es un oxímoron en un Estado capitalista, donde el aparato judicial nunca es ajeno a los intereses que lo cruzan y se vuelve el recurso último para arbitrar en la crisis.

Alberto postula su pretendida preocupación -anticipando que tan solo abre un debate, y que no avanzará por ahora en ninguna reforma- sobre la duración en los cargos de jueces y fiscales por el mismo motivo. Una renovación sobre jueces y fiscales federales podría significar un avance de la influencia de “su lado de la grieta” en el poder judicial. Esto se le hace cuantiosamente necesario al gobierno ante las causas que pesan sobre varios de los principales funcionarios del gobierno nacional, comenzando por Cristina Fernández de Kirchner y la reconocida causa de los cuadernos. Esta última es interesante, porque refleja más a fondo la cuestión, ya que salpica a distintos empresarios ligados a la obra pública. Este tipo de causas que son utilizadas entre bandos para avanzar unos contra otros demuestran a su vez todo el carácter de clase de la justicia y del Estado, que le han garantizado a los capitalistas implicados una impunidad estruendosa.

No obstante, la agudización de la crisis puede modificar esta dinámica, porque tras las disputas de camarillas políticas en la justicia se rigen los intereses de los grupos capitalistas acérrimos de cada cual. Por tanto, los tribunales tienen el potencial de volverse el escenario en que se diriman los choques de los mismos por copar mayores porciones del mercado u obtener beneficios y rescates por parte del Estado. Como se ve, la guerra por las influencias judiciales cobra una necesidad de primer orden en tiempos de crisis; ya que en la justicia del Estado capitalista, siempre los que pesan son “los intereses económicos de las corporaciones”, parafraseando al presidente.

En el mismo sentido es que el argumento de la oposición derechista es totalmente embustero. El planteo sobre el que vuelve Fernández llevaría a que los jueces sean puestos por el poder de turno a través de la designación en el Senado, que es lo que le interesa para esquivar las causas que recaen sobre su gabinete y para tener una mayor capacidad de arbitraje. Por ello, la oposición derechista, que cuenta con una mayor influencia en la justicia, postula que la prorrogación vitalicia de los cargos de los jueces “garantizaría” la mentada independencia del poder judicial. Hablamos pura y exclusivamente de los artificios a ambos lados de la “grieta” para hacerse de un peso en los tribunales sin trastocar los privilegios de la casta judicial.

Por tanto, la supuesta preocupación de Alberto Fernández de que lo que prime sea “el estado de derecho” es una falacia; encubre la intención de que avance su privanza en los distintos tribunales. Tanto es así que en el mismo panel se ha manifestado en contra de que los jueces sean electos por votación popular, demostrando que es esta “disputa de influencias” lo que radica su planteo y no una intención de “democratizar” el poder judicial. A su vez, es necesario desmentir la postulación del presidente de que los peronistas “están limpios” de utilizar el poder judicial para amedrentar y perseguir. Cuando se trata de avanzar contra los trabajadores, el activismo y los luchadores, los distintos gobiernos peronistas han inventado causas y judicializado a mansalva. Es el caso de los trabajadores petroleros de Las Heras, que fueron imputados por “coacción agravada” y “entorpecimiento de la actividad económica en grado de tentativa” durante el mandato de Cristina por llevar a cabo un paro reclamando mejoras salariales, o las decenas de causas abiertas tras la represión y el desalojo de Guernica, donde se acusa sin pruebas a varios detenidos ¡hasta de portación ilegal de armas!

A la “rosca” de oficialistas y opositores derechistas por armar su tropa en la judicatura, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad le oponemos que todos los jueces y fiscales sean electos y revocables por votación popular, así como la necesidad de que cobren un monto equivalente a la canasta básica y no sus privilegiadas dietas. Es un planteo que choca de lleno con la naturaleza del Estado capitalista y su forma de organización, y se inscribe en el horizonte de avanzar a un gobierno de los trabajadores.