Las últimas novedades que se ventilaron en la causa de los cuadernos muestran que esta crisis recién empieza. Nadie toma en serio las declaraciones realizadas por los empresarios procesados, que intentaron sostener que no existieron coimas sino aportes en negro a las campañas electorales del kirchnerismo. En la misma línea declaró el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Abal Medina, que dijo haber recibido fondos para la campaña. La diferencia no es menor, especialmente en términos judiciales. Sucede que las coimas suponen un sobreprecio pactado con los funcionarios, para quedarse con las obras licitadas; en cambio, el aporte en negro a la campaña sería un delito menor, de tipo impositivo. Para los empresarios esta versión les permite presentarse como víctimas del Estado, cuando su corruptela, en realidad, es todo lo contrario: se apropiaron de los recursos públicos de modo ilegal, y las coimas no son otra cosa que una ‘distribución de dividendos’ con los funcionarios estatales. Mediante este artilugio, los empresarios lograron conseguir rápidamente su libertad, y otros, como es el caso de Angelo Calcaterra, el primo de Macri, que ni siquiera pasaron una hora detenidos. Los periodistas que se la pasan atacando la ‘puerta giratoria’ que beneficia a los ladrones no abrieron la boca ante semejante hecho de impunidad. El carácter de clase de la Justicia quedó marcado a fuego.

Pelea de buitres

Según todos los medios, que repiten los chismes de los informantes de Tribunales, Bonadío ha rechazado la versión de los empresarios.

Sin embargo, aceptó otorgarles los beneficios que la Justicia le reserva a los ‘arrepentidos’, como ser la libertad y penas más bajas al momento del juicio. Se trata de una incongruencia mayúscula, pues se supone que el arrepentido debe decir la verdad y no mentir para beneficiarse en la causa. Esto hubiera requerido primero verificar que las declaraciones de los empresarios fueron ciertas y sólo una vez cumplimentado este paso admitirlos como ‘arrepentidos’. Pero no fue lo que ocurrió. El juez y el fiscal acordaron liberar a los empresarios de inmediato, a pesar de sus declaraciones tramposas.

Pero, incluso, la versión de los aportes de campaña no cierra la cuestión. Ocurre que las empresas presentan balances a la Afip y a la Bolsa de Valores. En los mismos no figuraban los supuestos aportes, ya que fueron entregados en negro. De aquí se deduce que los balances son truchos, algo que debiera llevar a fuertes penalidades económicas a todas las empresas involucradas. En el caso de Techint, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, estas penalidades también debieran ser afrontadas en Estados Unidos. A la vez, resta determinar el recorrido del dinero, que no estaba en bóvedas sino en los bancos. Como señala La Nación” “si Bonadio quiere, acá pueden terminar desfilando por tribunales desde los auditores internos y externos, a gerentes de las sucursales y los oficiales de cumplimiento antilavado de los bancos con los que operó cada empresa confesa”. El nivel de las multas en juego podría mandar a la quiebra a más de una de las compañías investigadas.

Como puede verse, la causa de los cuadernos es sólo la fachada que esconde una disputa enorme al interior de la clase capitalista por los negocios que están en juego. La gran denunciada hasta ahora es la patria contratista ligada históricamente a la burguesía nacional. El kirchnerismo, que se había propuesto como objetivo estratégico su reconstrucción, llevó adelante esta tarea a fuerza de coimas y el saqueo del presupuesto público. Ante la falta de financiamiento internacional, el gobierno de Cristina se había apoyado en China, asociando a los grupos locales a las obras de infraestructura que se financiarían con préstamos del gran país asiático. Por medio de las denuncias, el imperialismo yanqui pretende ahora ocupar esos lugares clave, relegando a la burguesía local a una socia menor. Los choques de Carrió con Gil Lavedra por su rol de representante en Argentina de la china Gezhouba Group, socia de Electroingeniería en las represas de Santa Cruz, son expresivos de esa disputa.

Derivaciones políticas

El gobierno de Macri, sacudido por la crisis económica y las denuncias de corrupción contra su propia camarilla por los aportes de campaña, ha visto en el affaire de los cuadernos la posibilidad de cambiar la agenda política del país. No parece nada casual que la revelación de las denuncias lleguen justo cuando las encuestas de opinión mostraban una caída sistemática de los candidatos oficiales y una remontada de Cristina Kirchner, que todos lo atribuyen a su ‘sabio’ silencio. Versiones a tener en cuenta ven la mano del PJ no K detrás de Bonadío. En este caso, sería un recurso de emergencia ante la evidencia de que sus distintos candidatos no mueven el amperímetro y que serían derrotados en una interna opositora.

Esta descripción marca las diferencias entre el Lava Jato brasilero y el argentino. Mientras que en Brasil fue utilizado como un recurso para llevar adelante un golpe de Estado que llevó primero a la destitución de Dilma y luego a la cárcel de Lula, en nuestras pampas tendría por propósito sacar del camino a un sector de la oposición.

Sin embargo, los límites del macrismo para capitalizar esta situación son muy evidentes. Por un lado, enfrenta la contradicción que una investigación a fondo impulsa la fuga de capitales y la caída de los activos del país, agravando la crisis económica. Es lo que ha sucedido estos días, especialmente con las acciones del grupo Techint. Por el otro, lo lleva a un choque con un sector de su propia base social, como es la patria contratista. Esta contradicción se expresará en el hecho de que el gobierno buscará moderar la investigación, limitándola a ciertos grupos económicos rivales. Pero enfrente tiene a los yanquis y al FMI queriendo cobrarle caro el rescate de su gobierno.

Para los trabajadores que enfrentan un ajuste enorme sobre sus condiciones de vida, el gran desafío es no brindarle apoyo a ninguno de los campos de esta guerra de buitres y coimeros, y desarrollar una alternativa política propia para derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.