Políticas
13/5/2024
Qué hay detrás del accidente en el ferrocarril San Martín
La motosierra de Milei cortó los recursos que garantizan la seguridad de pasajeros y trabajadores.
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Accidente ferroviario.
El accidente ocurrido en el ferrocarril San Martín, el pasado viernes 10, que dejó un tendal de decenas de heridos volvió a poner de manifiesto el desfinanciamiento y vaciamiento ferroviarios antes expuestos por la Masacre de Once y el crimen de Mariano Ferreyra. Cuando el gobierno busca culpar de los hechos al “fallo humano”, queda cada vez más claro el impacto de los recortes presupuestarios y un sistema ferroviario que funciona regularmente en “estado de emergencia”.
Luego de vaciar los recursos del ferrocarril, el gobierno acaba de disponer la “emergencia ferroviaria”, para cubrir sus huellas tras los hechos.
En estos momentos avanza la investigación para determinar las causas de la colisión de una locomotora con la formación del ferrocarril San Martín, en las cercanías de Retiro. El gobierno busca hacer énfasis en la responsabilidad de los trabajadores implicados en los hechos, cuando ha quedado demostrado que el sistema de señalamiento automático se encontraba fuera de servicio hace varias semanas, y que el servicio operaba con sistemas manuales, en “funciones de emergencia”.
Esta situación ha puesto de relieve lo que los trabajadores vienen denunciando desde hace meses: lo recortes presupuestarios del gobierno en el sector. Se estima que en términos generales el gobierno ha reducido un 60% de las transferencias del Tesoro a las empresas ferroviarias públicas en los primeros cuatro meses del año.
En términos puntuales, desde la gestión de Javier Milei han ajustado el 91,6% de los fondos destinados a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adif); el 40,6% de los recursos de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario; el 24,4% de los fondos para Ferrocarriles Argentinos SE y el 42,4% de los destinado al Operador Ferroviario (Sofse).
Esta situación fue expuesta meses atrás por una trabajadora de Adif que fue desvinculada junto a más de 100 trabajadores y trabajadoras de la empresa, todos ellos profesionales dedicados al mantenimiento y normal funcionamiento de a infraestructura ferroviaria hoy comprometida.
Algunas fuentes especializadas del sector estiman que se requiere de una inversión de 20 millones de dólares mensuales para el funcionamiento de todos los trenes, y que los recursos enviados por el gobierno promedian solo los 170.000 dólares mensuales.
Los sistemas ferroviarios modernos cuentan con sistemas de seguridad automáticos para evitar accidentes y colisiones de este tipo. Parte de la infraestructura ferroviaria argentina cuenta con las locomotoras con sistema ATS (Automatic Train Stop), con freno automático; sin embargo, la falta de mantenimiento e inversión anula estos sistemas de seguridad, quedando solo el funcionamiento manual que es propio de situaciones de emergencia.
De ninguna manera puede considerarse esto como parte de una falla humana, cuando los trabajadores son forzados a realizar sus tareas con un sistema rudimentario, sin seguridad alguna para ellos y los pasajeros. Quedando a la deriva de fallas en los sistemas de comunicación u otros problemas frecuentes.
El vaciamiento del gobierno de Javier Milei sobre los trenes apunta tanto a su campaña de recortes presupuestarios y ahorro fiscal, como a preparar las condiciones para una privatización del ferrocarril sobre la base de atentar contra la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros.
Esto ocurre cuando el gobierno ha reducido parte sustancial de los servicios de transporte de pasajeros del Amba y cuando sobrevuela la amenaza de una reducción general del 30% de los trabajadores de Trenes Argentinos (Sofse), en la misma línea privatista de Milei.
De los términos actuales solo puede inferirse que en caso de una privatización de los ferrocarriles y el servicio se vuelva prohibitivo para el conjunto de los pasajeros, ya que las empresas adquirientes solo harán inversiones bajo la premisa de poder trasladar las mismas al precio final del servicio: un valor que los deteriorados salarios de los trabajadores no podrán asumir bajo ninguna circunstancia.
El gobierno que “denuncia” los desmanejos con los fondos del Estado de las gestiones anteriores ya tiene las primeras consecuencias directas de su propia política vaciadora, mostrando que el plan motosierra trae consecuencias brutales para la población.
Los trabajadores debemos detener esta política vaciadora y privatista, partiendo de enfrentar el plan de Milei y la Ley de Bases que aún debe tratarse en el Senado. Para evitar la privatización de los ferrocarriles y garantizar la inversión necesaria para el funcionamiento del servicio y el acceso universal al transporte público.
