El pasado viernes 6, y tras cuatro días de barreras levantadas en las autopistas bonaerenses, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (Sutpa) decidió acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Sin respuestas, se prolonga un conflicto que lleva ya varios meses y que tuvo su pico cuando el sindicato mantuvo la liberación de las cabinas de cobro desconociendo la conciliación a partir del 2 de enero.

Facundo Moyano retrucó entonces que la conciliación obligatoria no anula el derecho de huelga. El acatamiento aceptado finalmente por el Sutpa se dio en el cuadro de amenazas de todo tipo por parte del gobierno y escaló con el pedido de la empresa Aubasa -que gestiona los peajes de la Autopista Buenos Aires La Plata y los del Corredor Atlántico- de cancelación de la personería al sindicato por las “pérdidas millonarias ocasionadas” con el no cobro de los peajes.

Aubasa SA tiene una presidencia estatal designada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en un directorio donde el Sutpa posee el 7% de las acciones. El presidente de Aubasa es Ricardo Lassalde, hombre de Massa, y su vice es Felipe Vismara, quien responde a Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador y vocero de Axel Kicillof. Como se ve “los nacionales y populares” tienen una injerencia directa en esta confrontación y pagan los costos políticos del conflicto.

La dupla massista-kicillofista llegó a la dirección de Aubasa como parte de un acuerdo entre el “Kici” y el actual ministro de Economía. Facundo Moyano, por su parte, rompió con el kirchnerismo en el 2021 y renunció a la banca de diputados por el Frente de Todos responsabilizando al kirchnerismo por el fracaso electoral. Moyano hijo actúa en tándem con su padre contra el kirchnerismo y le reprochó a su hermano Pablo el ir detrás de La Cámpora cuando éste se subió al acto del Estadio Único, que organizó Máximo Kirchner con Cristina de oradora. La pelea con Aubasa reunificó por ahora al “clan” de los Moyano.

La presentación por escrito ante el Ministerio de Trabajo para cancelar la personería del Sindicato de Peajes y Afines, junto a las presiones para que pague las pérdidas ocasionadas por el alzado de barreras (unos 60 millones de pesos diarios), tuvo como usina al gobierno provincial. Kicillof derivó la parte legal al estudio del archiantiobrero Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina y patrón de otros peajes. Con razón Facundo Moyano chicaneó al “izquierdista” de traer a la derecha.

El conflicto con el Sutpa es una instantánea de la crisis del peronismo que socava a antiguos aliados. Facundo Moyano comparó a Kicillof con Macri y la dictadura militar por querer “hacer desaparecer” al sindicato como hizo “desaparecer” a Ausaba debido a la mala gestión y al “atraso de las tarifas”. Mientras el tándem gobierno-empresa quiere flexibilizar las condiciones de trabajo mediante un plan de reconversión laboral, la burocracia del Sutpa con Facundo Moyano a la cabeza aboga por el aumento de las tarifas, descargando el rojo de 5 mil millones de pesos acumulados durante el 2022 sobre la población.

Aubasa recauda pero no invierte. A la burocracia empresarial no le bastó con el 100% de aumento de los peajes y pide más tarifazos. Axel Kicillof está de punta con Hugo y Facundo Moyano y ahora suma al kirchnerista Pablo Moyano, quien firmó un comunicado como integrante de la conducción de la CGT repudiando el accionar de la empresa y, por extensión, al gobierno provincial. “Ni Macri se animó a tanto” es el título del comunicado del Sutpa, que la CGT toma como propio abriendo otro flanco con el kirchnerismo.

La interna del peronismo ajustador es sangrienta en la provincia que los K consideran su “reserva estratégica”. Lissalde y Vismara dicen que la medida de fuerza del Sutpa es “incomprensible” pero desconocen el reclamo de efectivización de 100 trabajadores eventuales, la recategorización de otros 50 y la reincorporación de un despedido. En este enfrentamiento, la dirección del Sindicato de Peaje hace eje en el pedido de renuncia del presidente de Aubasa (Fuera Lissalde) a quien lo tildan de chirolita del kicillofista Felipe Vismara. La amenaza de quita de personería y de sanciones pinta de cuerpo entero a Kicillof como un agente patronal contra las organizaciones obreras, con la yapa del patrocinio legal de Funes de Rioja.

El conflicto gremial tiene un enorme voltaje político porque la levantada de barreras se da en plena temporada de verano con Kicillof metido de lleno en el Operativo Reelección. Pero lo es también porque enfrenta a una fracción de la burocracia con la “Jefa” y su hijo, Máximo Kirchner, quien puso como ministro de Trabajo provincial al integrante de la Corriente Federal, Walter Correa.

Facundo Moyano, un sponsor de la reforma laboral en el “mercado de trabajo” no tiene las condiciones para llevar adelante una lucha contra la precarización en su propio gremio. La va a entregar y por eso pide un “plan de reconversión laboral que contenga a los trabajadores”, es decir cogestionado por la propia burocracia. Con los trabajadores de rehenes, la recaudación en las autopistas -producto del parasitario negociado del peaje- es una caja negra del gobernador, máxime en tiempos electorales. Por el lado de los Moyano también están en juego los “kiosquitos” anexos vinculados a los concesionarios por el corte de pastos en las autopistas, seguros y compra de ropa de trabajo.

La aceptación de la conciliación por parte del Sutpa vuelve el conflicto a fojas cero en lo que hace a las reivindicaciones no resueltas de los trabajadores y con seguridad involucra negociaciones paralelas con respecto a los otros “reclamos” que hace Facundo Moyano. En juego están el 7% de las acciones del sindicato, que Kicillof quiere quitarle al Sutpa por “inconducta empresaria” en su calidad de accionista. La permanencia de Lissalde y Vismara, a quienes los trabajadores del peaje acusan de maltrato laboral y persecución, atiza el fuego de un conflicto que sigue sin resolverse.

Si Kicillof borra a Lissalde estos desplazamientos quedarán como una prueba de debilidad política. Con 23.000 efectivos comandados por Sergio Berni al frente del Operativo Sol el paro del Sutpa impactaba directamente sobre Kicillof, que va por la reelección como un hombre de gestión y de orden capitalista. Rechazamos esta escalada antisindical y reclamamos la efectivización y recategorización de los trabajadores flexibilizados.

Colocarse bajo el ala de Facundo Moyano es quedar cautivo de un promotor de la reforma laboral y de una burocracia sindical corrompida que tiene intereses propios en el negociado del peaje. La lucha obrera exige la más completa independencia política y la recuperación de los sindicatos de manos de las burocracias empresariales tanto “amigas” como “adversarias”.