A  partir de las declaraciones de Alberto Fernández en torno a los despidos en Techint, la “clase política” ha creído necesario dar una señal de “solidaridad”, entonces cobraron fuerza los proyectos para rebajar sueldos y dietas de funcionarios. Massa, presidente de la Cámara de diputados, anunció rápidamente que iba a tomar medidas en ese sentido. Juntos por el Cambio lo tomó como una causa central. Mario Negri, pidiendo la rebaja de salarios jerárquicos en los tres poderes del Estado, se hizo eco de los planteos patronales exigiendo “el mismo esfuerzo al Estado que a las patronales”.

Son todos los mismos que reiteradamente dieron la espalda a los proyectos que en las legislaturas provinciales y en el Congreso presentamos para que la remuneración de los funcionarios no supere la suma de 4 sueldos mínimos (que fija el consejo del salario). Fueron nuestros parlamentarios los que denunciaron los dietazos que se aprobaban sin hacer ruido. 

Lo que estos anuncios esconden es el verdadero objetivo de la medida. Con la intención de generar la idea de que estas medidas muestran a los funcionarios en el mismo bando que les trabajadores, la realidad muestra lo contrario. Mientras se busca mostrar como un sacrificio la reducción de sueldos de funcionarios que superan cómodamente los $180.000, el contraste con los trabajadores estatales no puede ser mayor. A los miles de despidos en la era macrista se le suman los más de 400 despidos en Río Turbio o la no renovación de contratos en la Provincia de Buenos Aires. Al día de hoy son miles los trabajadores estatales a quienes se les debe su sueldo, siendo Chubut su caso más dramático, o incluso, quienes lo perciben, se encuentran en un 70% por debajo de la canasta básica familiar, siendo necesario mencionar también la precarización a la que la mayoría de estos está sometida por los propios gobiernos nacional, provinciales y municipales a través de la tercerización. Las paritarias a la baja, la suspensión de la cláusula gatillo impulsado por Nación o la módica suma de $3.260 a cobrar en dos cuotas en abril en marzo y abril, parecen no ser suficientes.

Con el agravamiento de la crisis a partir del Covid-19, lejos están de los bloques capitalistas de buscar revertir esta situación. Ocurre que, en línea con lo recomendado por numerosos economistas del establishment, como son los casos de Daniel Artana o Carlos Rodríguez, lo que busca imponerse realmente es un mayor ataque a los trabajadores estatales como medida de reducción del déficit fiscal. Esto, que ya fue hecho por el gobierno de Paraguay, tiene su expresión local en Mendoza donde a la par de la rebaja a los funcionarios, Suárez impuso una quita salarial al conjunto de les trabajadores del casino, o en Córdoba, donde Schiaretti llevó adelante recortes a les trabajadores de la salud que en distintos hospitales se organizaron contra el desabastecimiento y la falta de garantías existentes. Estas medidas, replicadas en Salta, buscan ser reproducidas y profundizadas en todo el país. Ya han sido muchos los intendentes que, en la provincia de Buenos Aires, expusieron la imposibilidad de afrontar el pago de sueldos frente a la menor recaudación, amenazando con imponer quitas o incluso exigiendo la emisión de cuasimonedas.

Mientras tanto, ATE y la CGT no solo brillan por su ausencia, sino que ya son de carácter público las declaraciones de la última mostrando la plena disposición para que haya recortes salariales a les trabajadores (estatales y privados). Viendo esto, la presentación de la carta por parte de Negri, la presentación del proyecto por parte de Sergio Massa que tan solo contempla una quita a un 40% a los diputados, no son más que actos de demagogia.

Estos ataques escondidos ya han intentado ser llevados adelante por el gobierno de Fernández, como se puede observar en lo ocurrido con las jubilaciones de privilegio siendo en ese caso los docentes universitarios o distintos gremios de la industria, cuyos regímenes de jubilación especiales conseguidos a partir de enormes luchas y (que lejos están de ser de privilegio) buscan ser empalmados con los privilegios de la casta judicial para ser eliminados. Los cacerolazos convocados virtualmente sirvieron como marco de acción para una base social derechista que, ganada a la idea de responsabilizar solo a la “casta política” como factor de déficit fiscal, ignora la sangría generada a partir del pago de la deuda externa o las exenciones impositivas a las patronales. 

Es evidente, que desde el Partido Obrero-FIT Unidad, rechazamos los onerosos sueldos que perciben los parlamentarios, jueces y miembros del poder ejecutivo, haciendo que el conjunto de nuestros parlamentarios perciba el valor de una canasta básica familiar, donando el restante a disposición de las luchas populares del momento y denunciando los constantes dietazos que los mismos reciben. No se nos escapa, tampoco, el apercibimiento de dinero que todos los funcionarios de los partidos patronales continúan teniendo a pesar de estar ejerciendo la función pública, a partir de los servicios de lobby prestados a una enorme cantidad de empresas capitalistas (como son los casos de Sanz reconocido lobbista de Techint, o el propio Alberto Fernández, de conocidos vínculos con Repsol) o sus propios negociados personales (como es el caso de los Macri u Olmedo), limitando esta acción a un carácter puramente simbólico. Es necesario advertir, también, que mientras se busca darle un carácter “excepcional” al recorte de los haberes de privilegio, el ataque a les trabajadores busca ser permanente, consolidando la situación de miseria existente para les mismes. De manera antagónica, desde el Partido Obrero- FIT Unidad invertimos la ecuación: ningún ataque a les trabajadores estatales y ningún privilegio a les funcionaries del Estado.