El nuevo director de la Anses, Claudio Moroni, se paseó por todos los diarios para informar que ese organismo tiene invertidos 18.600 millones de pesos que surgieron de los fondos traspasados de las AFJP más los superávits del sistema público. También dijo que ese dinero, más los futuros superávits, constituye un Fondo de Respaldo que seguirá siendo invertido en un menú de “características muy similares al de las AFJP” y que una parte, en forma obligatoria, irá a financiar obras de infraestructura (Clarín, 18/1).

Lo que Moroni no dijo es que la Anses tiene superávit porque un buen sector de jubilados (1,1 millón) tuvo aumentos en las jubilaciones inferiores a la inflación y el sistema en su conjunto no está aplicando ningún índice automático de movilidad de acuerdo a la inflación o la suba de los salarios. En el presupuesto 2008 no se previó ningún aumento, una clara señal que pretenden sacar algún ajuste por decreto recién para abril y mayo, y usar el aumento no otorgado de un trimestre o cuatrimestre para el pago de los intereses de la deuda.

El superávit del que se ufana Moroni y todo el elenco “nacional y popular K” es el producto de la confiscación pasada y futura de los jubilados.

Pero no es todo. La Anses tiene una enorme deuda por los juicios que están ganando los jubilados en la Justicia, justamente invocando esa confiscación, y que el gobierno se niega a pagar apelando a la Corte, con el objetivo de desalentar a los jubilados y postergar indefinidamente las sentencias.

Clarín (21/1) reveló “que hay unos 85.000 reclamos de reajustes de jubilados y pensionados que están en distintas etapas administrativas y judiciales. Se trata de reclamos por la mala liquidación de los haberes previsionales o falta de reajustes de los años ’90, más los nuevos reclamos que abarcan el período posterior a la devaluación de enero de 2002”. Además, “tras la feria judicial se espera que se incremente el número de causas por el fallo de diciembre de 2007 de la Corte Suprema en el caso Badaro que reconoció un ajuste del 88,6% para el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006”.

Lo que el PO plantea entonces es la extensión automática a todos los jubilados del ajuste del 88,6% reconocido por la Corte Suprema y la aplicación automática de la movilidad de acuerdo a la inflación real.

El PO denuncia también la formación del llamado Fondo de Respaldo y las inversiones que realizará la Anses siguiendo el criterio de las AFJP.

Por definición, las jubilaciones y pensiones del sistema público no dependen ni de los fondos de las Anses ni de los rendimientos que pueda obtener ese organismo con las inversiones que realice.

Esas jubilaciones y pensiones se determinan en función del sueldo actualizado y años de aportes de cada trabajador y de la movilidad automática de los salarios, al margen de la recaudación o fondos que disponga la Anses.

El respaldo de esas jubilaciones y pensiones móviles es el Estado y no un fondo determinado que, además de lo limitado, sufre las valorizaciones y quebrantos propios de la especulación financiera. Dicho de otro modo, por ley, no es la Anses, sino el Estado – con aportes e impuestos– el que tiene que proveerle los fondos a la Anses para pagar las jubilaciones móviles. Por ese motivo, por ejemplo, la Justicia acepta, bien que en forma restringida (caso por caso), tardía y limitadamente, los reclamos de los jubilados, con independencia de la solvencia o no de la Anses.

Moroni dijo que el Fondo es necesario para darle “sustentabilidad” al sistema público. Decir esto en medio del derrumbe de bonos y acciones revela el fraude que se prepara. El funcionario K está adelantando que las jubilaciones y pensiones dependerán del destino de ese Fondo, o sea, que serán la “variable de ajuste” en función ahora de los resultados de las inciertas inversiones financieras.

Ese Fondo ya tiene invertido buena parte del dinero en Letras del Tesoro al 7,85% anual cuando la inflación es del 20%, como mínimo. El fondo de la Anses ya se está licuando y constituye un financiamiento barato que recibe el Tesoro para pagar los intereses y los vencimientos de la deuda.