Como cualquier obrero conciente seguramente lo hubo anticipado, las elecciones del 26 de octubre no han servido ni mínimamente para resolver el más elemental de los desesperantes problemas que afligen a las masas argentinas.

 

La victoria de la Alianza ha puesto todavía más al desnudo su impotencia para encarar la crisis social y económica (no digamos ya para resolverla) y también ha dejado completamente al descubierto su entrelazamiento profundo con el imperialismo y con el capitalismo en general.

 

Desde el mismo momento en que se cerraron las urnas, los aliancistas le dieron la espalda incluso a su planteos más estrechos, como por ejemplo la sanción de una ley de financiamiento educativo que sirviera para aumentar los salarios de los docentes, aun en el marco de la reforma educativa del menemismo. Bajo la presión directa del Fondo Monetario Internacional, la Alianza en general y el Frepaso en particular, anunciaron que el aumento docente debía quedar postergado en aras del llamado equilibrio fiscal.

 

Desde el 26 de octubre, la politiquería patronal ha girado, de un modo general, en torno a la disputa de posiciones en los aparatos legislativos y a la conquista de posiciones con vistas a las elecciones de 1999. Los problemas de cuatro millones de desocupados, la grave amenaza que plantea la completa descomposición de los aparatos policiales y judiciales, la perspectiva de una nueva crisis industrial y de despidos masivos —como consecuencia de la crisis capitalista mundial; todo esto ha sido dejado francamente de lado o, más propiamente, ha sido entregado para su solución al FMI y a la banca acreedora internacional.

 

La victoria de la Alianza ha servido solamente para acentuar la crisis política derivada de la impasse económica, de la desintegración del menemismo y de la rebeldía popular. Menem ha seguido gobernando como si no hubiera sido el gran derrotado electoral y esto sucede a caballo de la completa impotencia de la llamada oposición. Incluso el reclamo apremiante del imperialismo en favor de un co-gobierno legislativo entre el menemismo y la Alianza se encuentra completamente empantanado, como resultado de la violenta lucha de intereses que afecta a la burguesía en general, y de la lucha igualmente violenta de los políticos patronales por el acaparamiento de prebendas en el aparato del Estado.

 

La parálisis de la legislatura de la provincia de Buenos Aires es una manifestación aguda del agravamiento de la crisis política. A esto hay que agregar la dificultad extrema que enfrenta Duhalde para reorganizar su gabinete, ante el rechazo que recibe de todos aquellos a los que propone un ministerio; el‘candidato natural’ a la sucesión se enfrenta con la imposibilidad de gobernar incluso antes de una eventual llegada a la presidencia. La crisis legislativa y policial en la provincia podría derivar en una intervención federal. También es indicativo del agravamiento de la crisis política el enfrentamiento en torno a la privatización de los aeropuertos y la perspectiva de que Menem gobierne por decreto en lo que resta de su mandato.

 

Cada día es más evidente que los planteos de la Alianza coinciden con más fidelidad con los del FMI y los grandes capitalistas que los del propio menemismo. Pero el poder político formal lo tiene la camarilla menemista, mientras que la Alianza es incapaz de imponer los puntos incluso más estrechos de su programa. De esta manera, la derrota electoral del menemismo el pasado 26 de octubre ha acentuado la impasse nacional en todos los terrenos y no deja ver una sombra de perspectiva para las esperanzas de los que votaron a la llamada oposición.

 

Exactamente 24 horas después de las elecciones, el derrumbe de la bolsa de Nueva York le dio una expresión internacional definitiva a la crisis financiera e industrial de los países asiáticos. Argentina se encuentra metida en esta crisis mundial hasta el tuétano, no importa lo que digan los economistas oficiales. Con una deuda externa de 120.000 millones de dólares; con un déficit de 12.000 millones de dólares en sus cuentas con el exterior; con un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares; con vencimientos de capital e intereses de la deuda externa para 1998 de 20.000 millones de dólares; Argentina ya ha ingresado de lleno al torbellino de la crisis capitalista internacional.

 

No se trata de una ‘importación’ de la crisis del exterior, sino de una crisis de conjunto del régimen capitalista. No solamente esto: Argentina ha adoptado, bajo la presión del capital internacional, el mismo régimen monetario de sometimiento al dólar y al capital especulativo norteamericano que está llevando al derrumbe a numerosos países de Asia, de Europa oriental, de América Latina —y en definitiva, de Japón, Estados Unidos y Europa occidental.

 

La inminencia de una devaluación brasileña amenaza con provocar un derrumbe industrial y comercial e incluso cuestiona la sobrevivencia del Mercosur. La caída espectacular de la producción automotriz brasileña en noviembre, de alrededor del 35 por ciento, y de la argentina, de un 18 por ciento, constituye un anticipo de esta perspectiva.

 

No es cierto que el sistema bancario argentino se encuentre sólido como consecuencia de su extranjerización. Los préstamos incobrables ascienden a un 11 por ciento de los créditos bancarios y deben haber aumentado todavía más desde octubre cuando comienza la crisis financiera; las pérdidas asociadas con las caídas de las Bolsas son también muy importantes: fueron estimadas en 6.000 millones de dólares en octubre y, en el caso de las AFJP, en 800 millones de dólares. Más grave aún es la situación de la banca brasileña, en virtud de que es la principal acreedora de la deuda pública interna de 240.000 millones de dólares, que el Estado brasileño no tiene condiciones de saldar.

 

‘Los de arriba’ no pueden seguir gobernando como lo venían haciendo; todos sus planteos económicos y políticos se han agotado. Fundar una política popular o progresista en las posibilidades históricas del capitalismo, es una receta segura para el más completo fracaso y el seguro anuncio de una política cada vez más derechista.

 

La crisis mundial exige, más que nunca, desarrollar el internacionalismo de la clase obrera contra el capital mundial y sus Estados. El derrumbe del Mercosur muestra la inviabilidad de las soluciones continentales capitalistas y plantea la unidad política de América Latina bajo la dirección de la clase obrera, aliada a los campesinos.

 

Una salida de catástrofe

 

La orientación de conjunto de la burguesía mundial frente a la crisis tiene tres grandes componentes: precipitar la bancarrota de todos los grupos capitalistas inviables o que sean un estorbo para la competencia de los grupos capitalistas más poderosos; es lo que tratan de imponer, por medio del FMI, los grandes monopolios de Japón, Estados Unidos y Europa a todas las economías que van cayendo como un dominó en el vértigo de la crisis mundial.

 

Pero esta salida comporta un extraordinario agravamiento de la crisis fiscal y de la carga de la deuda pública, porque esos monopolios exigen que les sea pagada integralmente la deuda de los grupos capitalistas que se declaran en quiebra. Lo que la prensa denomina ‘salvataje coreano’ o ‘tailandés’ es, en realidad, una operación de salvataje de la banca internacional que ha endeudado en gran escala a los ‘coreanos’ o a los ‘tailandeses’.

 

Precipitar la quiebra de una parte del capital industrial y bancario internacional, socorriendo al mismo tiempo en una escala nunca vista a los acreedores de los quebrados, sólo es posible asestando golpes descomunales a los niveles de vida, condiciones de trabajo y derechos laborales y de organización de las grandes masas. Se puede concluir de esto que, si a la inevitable resistencia que opondrán millones de trabajadores en todo el mundo, se le añade la lucha brutal que empeñarán los grupos capitalistas afectados y sus Estados, el capitalismo mundial podría entrar rápidamente en un período prolongado de deflación y de depresión. Las consecuencias serían un dislocamiento del comercio internacional y el derrumbe de los regímenes políticos más débiles.

 

Los trabajadores argentinos tenemos que superar cualquier confusión en toda esta cuestión: la perspectiva de conjunto es un agravamiento de nuestras condiciones de vida y de crisis más fuertes en los contextos nacionales e internacionales.

 

Por un plan de lucha.

 

Fuera Menem-Duhalde

 

El acuerdo firmado por el gobierno con el FMI es claro: más impuestos al consumo, más subsidios al capital exportador y bancario, más flexibilidad laboral, más concentración capitalista, más encarecimiento y privatización de la salud y la educación, más suspensiones y despidos, más desocupación en masa.

 

La crisis abierta en la Volkswagen de Brasil es ilustrativa de la política de la gran patronal frente a la nueva situación: aceptación de una reducción de salarios del 20 por ciento o despidos masivos. Es el planteamiento que ya están sugiriendo las patronales automotrices en la Argentina. En cualquiera de estas variantes, la onda de despidos afectará a la industria de autopartes y a la metalurgia en general.

 

Las patronales pretenden aprovechar la crisis como un arma contra los trabajadores, principalmente para imponer a rajatablas la flexibilidad laboral, lo cual incluye la libertad ilimitada para suspender con pagos de salarios cada vez menores. Esta es la orientación de la patronal en su conjunto.

 

Es precisamente por este carácter general de la ofensiva patronal que los trabajadores debemos oponer el planteo de un plan de lucha de todos los trabajadores, se encuentren organizados o no. El slogan general de este plan de lucha es que “la crisis la paguen ellos”, mediante el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; el aumento de los salarios; la anulación de los impuestos al consumo; el establecimiento de impuestos extraordinarios a las fortunas y ganancias de los grandes capitalistas; el control obrero de los bancos y la apertura de sus cuentas para parar la fuga de capitales; el cese del pago de la deuda externa.

 

El desenvolvimiento positivo de un plan de lucha por sólo algunas de estas reivindicaciones fundamentales, es completamente incompatible con el mantenimiento del gobierno Menem-Duhalde (incluso De la Rua, jugado al revalúo impositivo y al esquilmamiento de los contribuyentes porteños).

 

Concientes de esta perspectiva, llamamos a impulsar Asambleas Populares y Congresos de bases para agrupar a los trabajadores frente al poder del Estado y estructurarnos como alternativa de poder. Al conjunto de las organizaciones oficiales del movimiento obrero, conducidas por burocracias entrelazadas con el Estado y jugadas a una perspectiva capitalista, las llamamos a romper con el gobierno y con los partidos patronales y a imponer un plan de lucha nacional, llamar a asambleas generales y congresos de bases, y organizar un plan de lucha.

 

Huelga general contra la flexibilidad, los despidos o la reducción de los salarios

 

La burocracia de la CGT está negociando con Menem la liquidación de las indemnizaciones, la flexibilización completa de los convenios de trabajo y la liquidación de los convenios por industria, esto a cambio de conservar el monopolio de las obras sociales arancelizadas.

 

La CTA ha dado a conocer una propuesta de ‘democratización’ de los sindicatos, que prevé la liquidación del sindicato único por industria y la posibilidad de que actúen varios sindicatos por empresa.

 

El MTA y las 62 de Miguel están impulsando un proyecto de ley que plantea la semana laboral de 40 horas y un aumento de los salarios, que no tiene ninguna posibilidad de ser efectivo porque no impulsa la movilización de los trabajadores, el plan de lucha y la huelga, y porque confina el objetivo a una expectativa en el Congreso nacional. La reducción de la semana laboral, además, no constituye una solución al desempleo porque no impone la obligación (compulsiva) a las patronales de contratar a nuevos trabajadores, no digamos ya a la masa de los desocupados.

 

Pero la sanción de la llamada reforma laboral sería una derrota política para la clase obrera, porque abriría la última compuerta para que las patronales impongan su salida a la crisis actual mediante suspensiones y despidos, aumentos de impuestos, arancelizaciones de servicios y disminución de salarios.

 

Es necesaria una campaña general contra esta ‘reforma’ con la consigna de huelga general. Pero para ser efectiva, esta consigna debe presidir la lucha contra los despidos y suspensiones masivas que ya se están aplicando y las que se plantean como perspectiva, con ocupaciones de los lugares de trabajo.

 

Toda esta conclusión se impone a partir de la experiencia concreta de los últimos años. La capitulación de la dirección de Fiat Cormec a principios de año ha llevado al despido de la mayoría de sus trabajadores y al avance de la flexibilización en esta planta, que se había esforzado por ser la vanguardia de la lucha contra esta flexibilización. El acuerdo de los líderes de la comisión interna de Cormec con la burocracia de Miguel, saludada incluso por partidos de izquierda, ha concluido en una completa derrota para los trabajadores y ha sido una demostración de la completa incapacidad de la burocracia sindical, recién venida a la oposición al menemismo, para hacer frente a la ofensiva patronal.

 

También tenemos presente la derrota de la ocupación de Atlántida, abandonada en su consecuente lucha por la burocracia del sindicato gráfico y por las organizaciones burocratizadas en general. La inmadurez de la vanguardia de los obreros de la zona Norte para establecer una interfabril de apoyo a Atlántida, la redujo al aislamiento. Igualmente tenemos la derrota en Siderca como resultado de una política que se llena la boca de ‘combativa’, pero que ha permitido, sin lucha, la liquidación de la dirección de fábrica.

 

Estas ofensivas localizadas, que tuvieron lugar en el curso de este año, asumirán ahora un carácter generalizado, como consecuencia de la crisis mundial. Nuestra consigna frente a esto es huelga general, preparemos la huelga general.

 

Es necesaria una nueva dirección

 

La burocracia de los sindicatos ha fracasado por completo en los ocho años de menemismo y seguirá fracasando todavía más. Entrelazada con el Estado, los gobiernos y los políticos patronales, carece de la independencia necesaria para llevar adelante una lucha consecuente. La completa entrega de la burocracia de la CTA a la Alianza y sus reiterados planteos de adaptación a la flexibilidad laboral, han agotado por completo su posibilidad de central alternativa. Algunas de sus regionales, como Córdoba, han virtualmente desaparecido. La dirección de la CTA pretende sobrevivir como parásito en el riñón de la Alianza. El fracaso completo de la carpa docente, o la traición a la huelga docente neuquina y al Cutralcazo, son otras tantas manifestaciones de este agotamiento.

 

El MTA tiene una actitud más oscilante, pero esto no lo ha llevado a romper sus lazos con la Alianza. Tiene una profunda crisis interna entre los camioneros y UTA. La burocracia de UTA sigue dando visto bueno a los planes de flexibilización contra los choferes y en Metrovías.

 

Aunque no se puede descartar en absoluto que estas burocracias puedan adoptar alguna iniciativa de lucha, esto como consecuencia de la presión obrera y de la agudización de la crisis, y que incluso esas iniciativas sean perfectamente previsibles, no debe quedar ninguna duda acerca de su imposibilidad de actuar como auténtica dirección obrera frente a los desafíos planteados. Es necesario no alimentar ilusiones diferentes y preparar sistemáticamente la formación de una nueva dirección obrera.

 

La tarea estratégica de la clase obrera

 

Las elecciones del 26 de octubre pusieron de manifiesto otra vez el agotamiento del menemismo y, más allá, el del peronismo como movimiento que históricamente encuadró a la clase obrera detrás de un planteo nacional-burgués.

 

Es significativo en este sentido que la bancarrota sea más acentuada en el duhaldismo, el cual intentó muy vagamente conformar, dentro del PJ, una suerte de ‘retorno a las fuentes’. La camarilla menemista se ha hecho más dueña que nunca del manejo del justicialismo, como lo prueba el servilismo de su bloque parlamentario. Este hecho destaca, por un lado, la colosal crisis del duhaldismo, y permite prever, por el otro, la posible disgregación del peronismo en varios partidos.

 

Una gran masa de electores peronistas votó por otros partidos, en particular en la clase obrera. La Alianza recogió una fracción menor de este giro, y en el caso de los trabajadores que votaron por la Alianza, lo hicieron bajo la enorme presión de la pequeña burguesía, masivamente anti-menemista, que desenvolvió una expectativa desmedida en el tándem Alvarez-Fernández Meijide. La rápida desilusión de los votantes de la Alianza podría abrir la situación excepcional de una crisis política conjunta del oficialismo y de la llamada oposición.

 

Sin embargo, por primera vez bajo el menemismo, los partidos de izquierda obtuvieron casi el 5 por ciento del padrón electoral, o sea un potencial de cerca de un millón de votos. Esto tradujo dos fenómenos: de un lado, el voto de la pequeña burguesía decepcionada por la alianza del Frepaso con la UCR; del otro, el voto de numerosos trabajadores que votaron tradicionalmente al peronismo, y dentro de él, los sectores más oprimidos, como los compañeros desocupados. De un modo general, el voto de decepción con el Frepaso prevaleció en la izquierda democratizante, y el voto del trabajador peronista, en el Partido Obrero.

 

El Partido Obrero fue la única organización de lucha y de izquierda que se presentó, a la vez, con un programa de salida inmediata para las masas y con una estrategia política. El conjunto de la izquierda sustituyó este programa por una suerte de charlatanería izquierdista cuando no, como en el caso de IU, presentando como candidato a un representante de la jubilación privada. El voto al PO fue el voto a una estrategia, o sea a la independencia política de los trabajadores, a romper con el peronismo, construir un partido obrero. El voto a la izquierda democratizante fue un voto de protesta de un sector del pueblo en rebeldía.

 

La combinación de la crisis del peronismo y aun de su disgregación, por un lado, y del voto clasista al PO por el otro, pone al desnudo una nueva tendencia política en el país, hacia la autonomía política de los explotados. Desarrollar esta tendencia debe ser la estrategia de todos los obreros concientes.

 

¿En qué medida esta tendencia podría ser favorecida o impulsada por un frente de izquierda, teniendo presente la gama de luchadores nucleada en el conjunto de la izquierda?

 

La experiencia de este año que termina demuestra que la principal oposición a un frente de izquierda ha sido el proceso de descomposición, por sobre todo programática, de la izquierda. Los grupos de la izquierda se opusieron sistemáticamente a un frente, demostrando que no comprendían la tendencia profunda de las masas hacia un polo político independiente, y luego declararon expresamente que buscaban capitalizar los residuos de izquierda que dejaba el Frepaso al aliarse con la UCR. Una fracción de la izquierda, constituida por Patria Libre o el Ptp, está más empeñada que nunca en reconstruir un ‘frente nacional’, que para ello todavía debe esperar el nacimiento de un hipotético aliado burgués.

 

¿Cómo superar esta contradicción?

 

Es necesario, en primer lugar, trazar claramente la perspectiva de la independencia de clase, es decir, de la autonomía política de la clase obrera y lo que esto significa, un gobierno de los trabajadores.

 

Esta perspectiva debe ser sistemáticamente señalada a todas las organizaciones obreras y de izquierda, no solamente a los grupos políticos. La reconstrucción de tendencias y agrupaciones en el movimiento sindical, de los desocupados, agrario o estudiantil, debe plantearse claramente como una unidad político-reivindicativa. El fracaso de las tendencias, como en Córdoba, que pretendieron sustituir el planteamiento político por un sucedáneo de slogans, frente a la burocracia sindical, es una muestra del agotamiento de las posibilidades de desarrollo de esta política. Peor perspectiva se les abre a quienes quieren disolver la acción política en la ‘social’, a veces de la mano de las organizaciones no gubernamentales financiadas por las Naciones Unidas o por países imperialistas.

 

Planteamos nuevamente, reforzados por la experiencia política y de lucha del último año, el frente de las organizaciones de lucha, partidistas y no partidistas, es decir de una Mesa Político-Reivindicativa. Es el planteo que el conjunto de la izquierda democratizante hizo fracasar el pasado 1º de Mayo. Se trata de un frente no electoral ni episódico; debe tener un carácter sistemático y enfrentar con un programa de reivindicaciones y de métodos de lucha la crisis del momento y la tendencia de los trabajadores.

 

La peculiaridad principal del momento histórico por el cual atravesamos es, de un lado, que las masas no pueden esperar ni un minuto más para imponer soluciones prácticas a su situación desesperante. Por el otro lado, el régimen actual es completamente incapaz de satisfacer la menor de esas reivindicaciones, lo que plantea el problema eminentemente estratégico del poder. Trazar el camino de un punto al otro es nuestra tarea.

 

Llamamos a constituir mesas político-reivindicativas en todos los puntos del país. Llamamos a los partidos y organizaciones que luchan a constituir una mesa de trabajo sistemático a nivel nacional. Llamamos a adoptar el método de la Asamblea de Trabajadores para profundizar y generalizar la experiencia popular por medio de la deliberación.