A casi un mes de la salvaje represión del 17 de diciembre, la provincia sigue agitada. Mestre ha decretado el estado de emergencia económica, que le otorga por 180 días un poder irrestricto. Emitió un bono (Cecacor), por 400 millones, para pagar salarios, jubilaciones y obligaciones del Estado; suprimió vacantes y dio de baja al personal de planta permanente nombrado a partir del 1 de julio pasado. Ya ha efectivizado miles de despidos, en particular de contratados con sueldos de 175 a 400 pesos, mientras protege a los ñoquis de altos salarios. Está considerando adelantar el inicio de clases para el 14 de febrero.

La Alianza no está sola en esta ‘patriada’. Al respaldo de Ruckauf y el PJ a la acción de la gendarmería, ahora se agrega De la Sota, que envió policía cordobesa para domesticar a la correntina. Se prevé un frente de tormenta por el nombramiento de un nuevo jefe de policía, Fernández.

La intervención de 28 municipalidades del interior está provocando fricciones. Goya está conmocionada por la amenaza de cierre de Massalin.

El Bono implica un mayor endeudamiento del Estado, a cuenta de los salarios futuros, y un negociado para los especuladores, que los podrán adquirir a un precio muy inferior al de emisión, como ya ha ocurrido. Los despidos no contemplan un subsidio al desocupado.

Los trabajadores han respondido a los ataques con asambleas, movilizaciones, reuniones sindicales y de los autoconvocados. La marcha del miércoles 12 contra el pago en bonos y los despidos, convocada por ATE con el apoyo del Cabildo y otras organizaciones, movilizó a miles de personas.

El despido de los contratados ha paralizado al Hospital Pediátrico (70% del total del personal, en su mayoría médicos); provocó la renuncia de su director y una violenta movilización contra el interventor designado -el subsecretario de Salud-.

Los docentes autoconvocados están considerando la convocatoria a un Congreso Provincial Docente, para resolver un plan de acción.

 

Una salida

Corrientes tiene una salida que requiere medidas básicas: un fuerte impuesto a las grandes fortunas de la provincia; la apertura de todos los libros y las cuentas del Estado, de sus funcionarios y las grandes empresas, y una investigación a cargo de las organizaciones de trabajadores; la confiscación del latifundio y la distribución de tierras entre los desocupados; un plan de desarrollo agrario y urbano financiado por una banca única provincial.

En Corrientes hay muchas reservas de lucha. Contra lo manifestado por Storani, la intervención no ha logrado hacer pie en la población trabajadora. Sí ha logrado acuerdos con cúpulas políticas, empresariales y del clero. Crece la necesidad de dar una respuesta de alcance más estratégico.

La convocatoria a un Congreso Provincial de Trabajadores, para resolver un plan de acción, es una salida al problema de la dirección política de los trabajadores y es el camino de la victoria del pueblo correntino.