1.800 obreros de AUSTRAL y Kank y Costilla, empresas de Lázaro Báez, reclaman el pago de dos quincenas y el aguinaldo cortando rutas y movilizados en distintos puntos de la provincia. En algunos obradores de zonas rurales los trabajadores han debido salir a cazar para comer, ya que la empresa ha dejado de proveer los alimentos.

Ayer finalmente llegaron cartas documento con el despido, y la pretensión de zafar del problema, cediendo los derechos de cobro de certificaciones a la Secretaría de Trabajo para que gestione los pagos ante Vialidad y le pague a los obreros con esos montos. La Secretaría de Trabajo rechazó cumplir ese papel, pero no ofreció ninguna otra salida.

La jueza federal de Caleta Olivia, convocó a la gendarmería ante los cortes de ruta pero no se hizo cargo de mediar o intervenir ante las empresas o el estado en defensa de los 1.800 puestos de trabajo, ni de las obras paralizadas que tienen  sitiados barrios enteros en Caleta Olivia y que favorecen la muerte por accidentes casi diarios entre Caleta y Comodoro. El Partido Obrero reclamó por medio de una carta abierta contra esta actitud de la jueza Yáñez.

Ante el apriete de gendarmería, los obreros de Caleta decidieron viajar a Río Gallegos en esta jornada para sumarse a los piquetes de la zona sur. Al mismo tiempo se reactivaron los piquetes de Calafate y Piedrabuena.

Para completar el panorama, está la crisis de la UOCRA zona sur, ya que parte de los delegados acampan hace una semana frente a la sede sindical reclamando la Intervención a la seccional y la salida de Martínez y Ruiz, los patoteros de turno a cargo de la sede de Río Gallegos, que deben responder en varios procesos penales.

El derrumbe de Austral debe ser investigado al igual que se deben abrir todos los contratos de la obra pública especialmente de Vialidad Provincial y Nacional. La UOCRA no reclama esto porque podría mostrar también su responsabilidad en las coimas recibidas.

El enriquecimiento meteórico de Báez, su compra de decenas de estancias y su inmenso patrimonio en maquinarias y dinero negro, ha sido el fruto de los negociados con el estado en la “década ganada”. Ahora Báez pretende eludir el asunto alegando deudas del propio estado por certificaciones pendientes.

El Partido Obrero plantea que mientras se investigan los negociados del pasado, el estado provincial o nacional expropie las estancias de Báez y sus empresas y las ponga a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores y técnicos para completar las obras. De este modo Báez responderá con su patrimonio malhabido, las obras tendrán continuidad y los obreros continuarán trabajando.

Máximo Kirchner ha tenido tiempo para protestar por la salida de Víctor Hugo de Radio Continental, pero no ha abierto la boca ante el problema más grave que afecta a la provincia que es la crisis de las empresas de Lázaro, con su secuela de 1800 despidos. No habla porque ha sido parte de los desfalcos al estado perpetrados entre Báez y la familia Kirchner. Ni Máximo, ni Alicia ni el propio Macri pueden desentenderse de esta crisis.

El Partido Obrero de Santa Cruz se moviliza el 14 en consonancia con la marcha de SITRAIC en Buenos Aires.