Que paguen los usureros y acaparadores de la deuda pública

Las manifestaciones de masas que, desde hace un mes, copan las principales plazas y los puentes de Corrientes ponen al descubierto que el régimen político provincial ha colapsado bajo el peso de la deuda pública. La Legislatura y el Ejecutivo provinciales están paralizados y hubo que descabezar a la plana mayor de la policía y mandar a la gendarmería.

La deuda provincial, que alcanza los 1.400 millones de pesos, fue refinanciada 14 veces en los últimos cinco años. Como la garantía de esas deudas es la ‘coparticipación federal’, los bancos acreedores tienen embargada a Corrientes. En mayo, por ejemplo, de los 32 millones que debía recibir Corrientes, sólo recibió 15 porque el resto fue retenido por los bancos.

La deuda pública es apenas una expresión de una quiebra económica más general. «En Corrientes, los problemas de fondo siguen asociados a las inundaciones, a la crisis de las economías regionales y a la pérdida de competitividad argentina» (Clarín, 13/6). La desocupación llega al 14%. Esta quiebra ha dejado a la provincia en cesación de pagos.

A los docentes y a los empleados públicos se les deben dos meses de sueldo y el aguinaldo de diciembre; la obra social provincial —que atiende la salud del 90% de los correntinos— lleva un año sin pagar sus deudas. Como consecuencia de la cesación de pagos, la actividad comercial se ha derrumbado: las ventas del comercio han caído un 50% en los últimos tres meses.

Como Corrientes, la Argentina tiene embargada su recaudación fiscal por los bancos. Esto explica por qué, a un mes de iniciada la crisis correntina, el gobierno nacional ha sido completamente incapaz de darle una salida.

La oposición (el PJ, la Alianza y el Pacto Autonomista Liberal) consintió, durante años, el vaciamiento de la provincia a favor de los bancos y de los grupos capitalistas ligados al gobierno. «Desde 1993, la Legislatura aprobó al gobierno provincial 14 leyes tendientes a refinanciar la deuda y contraer créditos», reconoce Carlos Tomasella, senador provincial del PJ. Ahora, frente al colapso, la ‘oposición’ quiere sus propias condiciones: «Con un frente de todos los partidos opositores y con el apoyo de la gente, el Panu se terminará cayendo» (La Nación, 13/6).

Para el gobierno nacional, sin embargo, la salida anticipada de Braillard Poccard crearía un antecedente ‘peligroso’. Para los editorialistas de La Nación (12/6), «sería un error suponer que los males de Corrientes se solucionarían con una intervención federal (…) Lo deseable es que la propia sociedad correntina movilice sus reservas morales para modificar la situación imperante. El gobernador Braillard Poccard debería asumir con plenitud su responsabilidad personal, sin someterse a las imposiciones de las estructuras del partido oficialista». En otras palabras, ni intervención ni salida anticipada: que el propio gobernador actúe como interventor, respaldado por la oposición y bajo la supervisión de la Iglesia (a esto refieren las ‘reservas morales’) para imponer un violento ajuste fiscal. Sobre esta base, se trataría de renegociar nuevamente la deuda correntina. No sólo se trata de una salida contra los trabajadores y el pueblo sino, además, de una salida de patas cortas.

Las organizaciones de los trabajadores no han tenido una posición independiente en la crisis correntina. La Cta, que dirige los gremios estatales y docentes, se ha encolumnado detrás de la oposición duhaldista-aliancista.

Para que la enorme movilización que están protagonizando los estatales y los docentes correntinos no lleve a una frustración, es necesaria otra estrategia. El reclamo del pago inmediato de todas las deudas salariales, de la defensa de la salud y de la educación públicas, tiene que ser relacionado con la exigencia de la apertura de los libros de la provincia, y de los bancos acreedores, del no pago de la deuda a los bancos usureros y de la expropiación de los grupos capitalistas que se han enriquecido con el vaciamiento de la provincia.