El cuadro político nacional se ha ido modificando lógicamente con la marcha de la crisis económica y con la crisis política que corroe por dentro al gobierno. La UCR ha aceptado el planteo gubernamental de no tomar medidas intervencionistas para poner un cierto control en la carestía; todo lo contrario, desde las esferas oficiales se alienta el alza de los precios para producir un ascenso de la tasa de beneficios. El gobierno sí está interviniendo, en cambio, en rescate financiero de numerosas “mesas de dinero” que entraron en quiebra como consecuencia de la especulación en curso. El Estado está volcando todo su peso para hacer valer este “reajuste” en beneficio del gran capital, como lo prueba la eliminación de los impuestos a la exportación para la carne y el trigo, nada menos que en un momento de ascenso de precios. Un hecho que pocos notaron es la canalización de fondos del Banco Mundial y de la Caja de Ahorro y Seguros hacia la Bolsa, con el fin de estimular un alza especulativa de las acciones. En definitiva, en plena campaña electoral el gobierno está ejecutando sin restricción una alevosa política anti-popular.

Todo esto significa que la UCR ha puesto todos sus huevos en la canasta de la gran burguesía. Está ha condicionado a tal punto la campaña electoral del radicalismo, que Alfonsín ha salido a apresurar las privatizaciones y a prometer muchas más para el futuro, e incluso ha reivindicado la política petrolera de Frondizi (lo que equivale a reivindicar también la de Onganía y de Videla), cuyo arquitecto fue Alsogaray.

Hay quienes dirán que una campaña electoral semejante procura adaptarse a una supuesta tendencia “derechista” del electorado, pero en realidad traduce la completa dependencia política del gobierno ante la gran burguesía y el capital internacional, como consecuencia de la bancarrota de la política económica del gobierno.

Luego de hacer el “mejor acuerdo del mundo” con el FMI, el Estado está en bancarrota, pues ya' no tiene reservas en dólares, las finanzas públicas están en ruinas, el endeudamiento estatal es fenomenal y existe una hiperinflación con apoyo estatal. Luego de ese “gran acuerdo” con el FMI el gobierno ha visto cómo el presidente del Citibank, John Reed, reclama una devaluación masiva del austral del 20 al 30 %, algo que Alfonsín hará fatalmente después del 6 de setiembre diga lo que diga hoy el presidente. Los “operadores" de Alfonsín, como el presidente del radicalismo capitalino, “Coti" Nosiglia, han tenido que aceptar sin chistar toda esta orientación, luego que "La Nación” del domingo 9 informara de las gestiones de aquél por desplazar, con resultado infructuoso, a Sourrouille.

Con este "Coti” han tenido que arrugarse también sus socios, los burócratas sindicales de los 15, los que destinaron entonces sus mejores energías a romper al gremio de CTERA, avalar las fraudulentas elecciones banca- raías, carnerear el paro de la Intersindical de La Fraternidad y reafirmaría pesar del congelamiento de los salarios y la ausencia de paritarias en una situación de hiperinflación) su alianza con el gobierno.

Meneando la deuda y la coalición

En este cuadro, sectores del radicalismo largaron la versión de que el gobierno se aprestaría a pegar un completo giro en la cuestión de la deuda externa, de lo cual se hizo eco, naturalmente, ese vocero semioficial que es El Periodista. Alfonsín se aprestaría a resolver una “quita” en la deuda y modificar la tasa de interés que paga Argentina, lo cual según la versión iría acompañado de un gobierno de coalición con Cafiero.

Lo que nadie se preocupó en decir sobre todo esto, es que la política de la “quita” no sirve exactamente para nada y hasta puede significar un mayor saqueo financiero del país. Bajar el monto de la deuda de 55.000 a 40.000 millones de dólares sería apenas una compresa para la catastrófica situación económica. Pero si se tiene en cuenta que esa “quita” debería ir acompañada con la transformación de la deuda en títulos que se cotizarán anónimamente en el mercado mundial, está claro que ello eliminaría todo rastro sobre el origen de la deuda, lo cual sería su definitiva legitimización. Peor aún, al convertir la deuda en títulos de libre cotización el gobierno nacional quedaría comprometido a sostener el valor de esa cotización, en cuyo caso no habría ninguna “quita”, esto porque ya hoy la deuda se cotiza con un descuento del 50 %, es decir que se negocia por 28.000 millones de dólares, o sea la mitad. A todo esto, habría que agregar las otras concesiones que se están pensando para lograr esa “quita": privatización de empresas que se comprarían con títulos de deuda externa; devaluación masiva; libertad para girar beneficios e intereses al exterior; zonas francas para el capital extranjero, donde no regirán las leyes laborales y sociales, ni la protección industrial.

Las versiones sobre la “quita” son un síntoma de la aguda impasse del gobierno y de la política burguesa en general, pero ella no constituye ni un atisbo de salida. En medio de esas versiones Sourrouille se ha ido a Nueva York a firmar el acuerdo definitivo con el FMI y la banca internacional, el cual no tiene "quitas" sino hipotecas.

¿Esto pone fin entonces a la posibilidad de un gobierno de coalición? De ninguna manera. El gobierno está marchando a la cesación de pagos, y si a esto se une la hiperinflación es indudable que el gobierno de coalición con el cafierismo representará una alternativa frente a la posibilidad (aún mayor) que tiene la variante de poner a un hombre de confianza de la banca en el ministerio de economía para estabilizar la situación. Se repetirá la experiencia de que los “gorilas” llegan al gobierno por medio de los partidos “populares”, y no por sus imposibles “éxitos” electorales. El diputado Manzano ha seguido batiendo en la tecla del gobierno de coalición, con “quita” o sin "quita”, presentándolo como un recurso de emergencia para salvar el “proceso democrático”. Así está mejor planteada la cuestión.

Todo esto permite entender lo que realmente ha ocurrido con las leyes laborales, cuya modificación reclamaron unánimemente las organizaciones patronales. Pocos son los que recuerdan que el ingreso de Alderete al gobierno y esas leyes fueron pactadas por un sector gravitante de los “capitanes de la industria”, los cuales buscaban el apoyo de la burocracia sindical para sacar a Sourrouille y llevar adelante una política de privatizaciones y negociación con la banca internacional en directo beneficio de ese sector. Cuando todo parecía marchar con viento en popa, la banca internacional organizó a sus agentes, asociados en el Consejo Empresario y en el Grupo de Apoyo a la Iniciativa Privada, para bombardear el proyecto.

Las leyes laborales se convirtieron así en un pretexto para zanjar una lucha interna de la gran burguesía, cuya fracción “liberal” pretende llegar con un hombre propio al gobierno. Sourrouille ha quedado en medio del tiroteo, sin base propia, con el único sostén que brinda una lucha no definida todavía.

Todo esto no ventila en la plaza pública sino en el sigilo, lo que convierte a la campaña electoral en una ficción, y a partir de aquí en un torneo de engaños y mentiras contra la opinión pública. La lucha por el poder entre las fracciones capitalistas ha dividido, lógicamente, a la propia burocracia sindical. Si esta división no se zanja de alguna u otra manera, ella se convertirá en la brecha de una aguda crisis política, en la cual harán su propia intervención los trabajadores, y si se zanja provocará, a término, una crisis aún mayor, por el profundo desequilibrio que provocará la victoria de un grupo contra otro.

Dependencia de la burguesía

Arribamos así a la constatación de la completa dependencia en que han caldo los partidos “populares" respecto al gran capital. Nadie puede contestarle a Alsogaray, esto por la simple razón de que defienden la política de éste. Es significativo que Cafiero sea incapaz de aprovechar la enorme crisis económica para aplastar electoralmente al radicalismo, lo que podría lograr si planteará una profunda denuncia antiimperialista, pero que conscientemente no quiere hacer. El justicialismo supera electoralmente a los radicales, pero por escaso margen, de modo que el resultado aún no puede definirse. Cafiero no se ha animado a hacer un acto de cierre, lo que dice mucho de su precaria situación, a diferencia de Alsogaray, quien está aprovechando la completa impotencia de sus rivales para ofrecer una política distinta a la suya.

En el campo de la izquierda se destaca la situación del PI, cuya crisis provoca hasta ganas de llorar. Hay una verdadera competencia por abandonar sus filas, y hasta los más “combativos" se van... a la convergencia democrática con los aliados videlistas del radicalismo. Ahora se ve el profundo grado de descomposición política potencial que existía en un partido que proclamaba que “la sociedad-no da” para superar el planteo democratizante, significando con ello la completa capitulación de esta gente ante ese planteo.

El Fral es otro caso de aguda crisis, como que no se ve a sus militantes en la calle, lo cual es reemplazado por una costosa campaña publicitaria, bancada por quien todos sabemos.

El Mas, en cambio, está mejor que en el 85 (y con una costosa publicidad), proclamando el socialismo sin revolución y un salario de indigencia de ₳ 400 como sinónimo del comienzo del socialismo. Es evidente que al Mas le ha dado aire la quiebra del Frepu, un frente que, sin embargo, hubiera querido ver subsistir. Esto quiere decir que el partido que ahora se proclama de los trabajadores (como antes del socialismo de Felipe Gonzáles) pero que llevó como candidato en las elecciones pasadas a un burócrata sindical, está gozando de libertad condicional y de la oportunidad de hacer gala de la verborragia revolucionaria adaptada al consumidor electoral. Este centrismo ha pasado a ser ahora un factor confusionista entre los trabajadores que deberían naturalmente adherir al Partido Obrero.

Confrontadas a la evolución de la crisis económica y política, las elecciones del 6 de setiembre van a reflejar todavía más el pasado que el futuro. Porque este futuro, muy próximo, es de gigantescas crisis políticas y de avances enormes en la organización política independiente de la clase obrera.