16/12/2010 | 1159

Qué planteamos en la reunión con Aníbal Fernández y Macri

En la noche del viernes 11 fuimos convocados a una reunión con el gobierno nacional y el de la Ciudad, en relación con la crisis de Soldati. También estuvieron presentes la CCC, el Frente Popular Darío Santillán, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación de Madres por la Vivienda y otras organizaciones y abogados de derechos humanos.

En nuestra intervención, responsabilizamos a los dos gobiernos por el desenlace criminal de los acontecimientos de Soldati. «De la represión abierta, ustedes han pasado a la ‘zona liberada’ y al recurso de las patotas y barrabravas que son financiadas desde el propio Estado». Exigimos a los dos gobiernos el retiro de las patotas y que el Estado garantice ya la vida de los ocupantes. En el mismo sentido se expresó el Frente Darío Santillán.

En relación con el reclamo de viviendas en Soldati, presentamos un programa.

En primer lugar, un inmediato censo de los ocupantes a cargo del Estado, con control de las organizaciones vecinales de la zona. También reclamamos la provisión de agua, posta sanitaria y alimentos para las familias, para poner fin al cerco sanitario y alimentario de hecho que se había impuesto contra la toma.

En segundo término, planteamos que el Estado nacional y de la Ciudad disponga los terrenos y casas ociosas, y los recursos para asegurar una vivienda digna a las familias censadas. Pusimos de manifiesto que la Corporación Buenos Aires, en cuyos activos revistan más de 400 predios del sur porteño, está co-gerenciada por macristas y kirchneristas. Reclamamos, en consecuencia, que esas tierras sean colocadas a disposición de una urbanización social, y no -como ocurre hoy- al servicio de la especulación inmobiliaria.

En tercer lugar, reclamamos una partida de emergencia que triplique el actual presupuesto de vivienda, y permita atender a las demandas planteadas.

También exigimos el inmediato cumplimiento de la ley 1770 de urbanización de la Villa 20, sancionada hace cinco años, sin que se haya construido una sola vivienda.

Por último, planteamos el juicio y castigo a los culpables, instigadores y responsables de la represión oficial y para-oficial.

La reunión no dio respuestas a los reclamos, y se dilapidó reproches recíprocos entre Macri y Aníbal Fernández. Particularmente, ninguno de los funcionarios presentes hizo el menor gesto en relación a la represión ilegal que estaba ocurriendo en esos mismos instantes, y en relación a nuestro reclamo de frenar a la patota. Aníbal Fernández posaba de garantista, señalando que «no era conveniente intervenir». Macri, por su parte, señalaba que «los vecinos hacían justicia por mano propia ante la inacción estatal», o sea que se erguía en portavoz de los agresores, que no eran vecinos sino patoteros. Los dos gobiernos dejaron hacer, probablemente, con la expectativa de que la escalada patotera «limpiara» el parque en el curso de esa noche. Pero en esa noche, la tentativa de desalojar el parque vivía su segundo fracaso. En el curso de las reuniones, el kirchnerismo se empeñó en manipular a las organizaciones sociales, pretendiendo que, a diferencia de Macri, estaba dispuesto a «entregar tierras». La demagogia se derrumbó en pocas horas: el lunes por la tarde, los K firmaban su el planteo de Macri y Rodríguez Larreta.

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