De acuerdo con los materiales difundidos por la CTA, la “constituyente social” convocada para fines de octubre se propone “construir el mapa del campo popular” para “promover un movimiento político, social y cultural con capacidad transformadora”.

¿Cuál es el programa de la “constituyente”? Su principal propuesta es la “paritaria social”. A diferencia de las paritarias obrero-patronales, la CTA apunta a “los que trabajan de manera precarizada, en negro, o que directamente están desocupados” (exposición del secretario de Comunicación de la CTA en el plenario de Córdoba, julio de 2008). O sea que se trata de una paritaria poli-clasista o de colaboración de clases. La “constituyente” propugnará “la generación de recursos para distribuir el ingreso a través de políticas universales, como el seguro de empleo” (ídem). Nada de esto es nuevo. Se trata de la propuesta ya levantada por los precursores de la Alianza, en especial el Frepaso y la CTA, y por el Frente de la Pobreza, que propuso en 2001 el “seguro de empleo” y la “asignación universal por hijo”, planteo que quedó barrido por la bancarrota de ese año y por la rebelión popular. Durante mucho tiempo, la defensa de los desocupados y sus hijos quedó a cargo del movimiento piquetero.

El planteo de la CTA no se refiere a las relaciones entre la clase obrera y la patronal en el ámbito de la producción, que giran en torno del salario, las condiciones de trabajo y las condiciones de salud y seguridad. En todos estos casos, el sujeto transformador es el obrero y su organización colectiva. En cambio, las asignaciones propuestas por la CTA no van más allá del asistencialismo; el sujeto (de la ‘redistribución’) es el aparato burocrático del Estado y su política de ingresos y gastos. La CTA y sus sindicatos llegarán a Jujuy con graves asignaturas pendientes en materia sindical, como lo demuestran las huelgas docentes, estatales o, incluso, del neumático, contra los topes salariales pactados a comienzos de año. La “constituyente social” soslaya la política de los sindicatos y la responsabilidad de las direcciones sindicales. La CTA convoca desde lo alto del muro, ajena a sus propias responsabilidades políticas.

La “constituyente”, la soja y la crisis mundial

En las épocas del Frenapo, sus partidarios defendían una redistribución del ingreso a partir de “gravar las rentas extraordinarias de los que más tienen”. Pero ocurre que uno de los animadores de la “constituyente social”, Eduardo Buzzi, viene de defender a rajatablas la intangibilidad de la mayor de esas rentas, la que proviene de la soja, y ahora reclama la devaluación del peso. Otro pivote de la convocatoria, Claudio Lozano, comenzó defendiendo el derecho del Estado a desacoplar precios y a capturar la totalidad de la ‘renta diferencial’, para terminar con la tesis de que la única burguesía nacional real y genuina es la burguesía rural, la misma que estaba reclamando contra las retenciones.

Los impulsores de la “constituyente social” proponen una redistribución de ingresos en medio de la mayor crisis capitalista de la historia. En estas condiciones, ¿cómo redistribuir a favor de “los que menos tienen”, si no es a costa de una reorganización social profunda, o sea, atacando a los monopolios capitalistas mediante nacionalizaciones y expropiaciones, y por medio del control obrero del proceso económico? Por todos los medios, la CTA elude un programa para esa transformación. Si hasta ahora la burguesía saboteó el asistencialismo estatal, para obligar a los desocupados y a los pobres a vender su fuerza de trabajo por migajas, ¿qué futuro tiene este asistencialismo en el marco de una bancarrota capitalista?

Pero en medio de una crisis general, esa asistencia estatal es exigida por el capital en su propio beneficio. Bush acaba de defender su plan de rescate del sistema financiero con el argumento de que evita “males mayores”, es decir, un derrumbe capitalista que deje sin trabajo a millones y millones de personas. Lozano acaba de votar en el Congreso el salvataje del grupo Marsans, aceptando las extorsiones de Kirchner-Jaime y de la patronal española, o sea, evitar los “males mayores” de una quiebra, como la cesantía en masa. En nombre de ello, rechazó el planteo de nacionalización de la aerolínea sin pago a sus vaciadores e incautando sus activos -aun a sabiendas de que, en la estructura monopólica del comercio y de la industria de líneas aéreas internacionales, una línea de cabotaje, como AA, no tiene futuro en términos capitalistas. Eduardo Buzzi, por su lado, ya ha dado su primera respuesta a la bancarrota mundial, reclamando una devaluación del peso. Si la redistribución dependiera de Buzzi, sería para los sojeros contra los trabajadores. Lo acaba de demostrar con el convenio de hambre firmado por la Mesa de Enlace con Uatre.

La crisis mundial ha precipitado la crisis del nacionalismo kirchnerista, cuyo ciclo, muy breve, parasitó de la especulación internacional que se acaba de derrumbar. Las condiciones históricas exigen más que nunca un programa de transformación social obrero y socialista. En función de este programa debería trazarse el mapa del campo popular. De lo contrario, será el plato recalentado de la Alianza y del kirchnerismo.

Por último, ¿se trata de una “constituyente social” o de un minué político al servicio de un sector ‘progresista’ desahuciado por el fracaso de la Alianza, que busca ligarse al sector ‘progresista’ desahuciado por el fracaso del kirchnerismo? Todo apunta a que ocurra esto último –  una versión recalentada del Encuentro de Rosario, que hace algunos años apuntaba a Stoltbizer, Juez y Binner, y que ahora baja la mirada en Lozano, Solanas y quizá los Ibarra y Sabatella. En este caso, la “constituyente social” debuta con la etiqueta de la estafa a la buena fe de muchos luchadores.