El Tesoro norteamericano no solamente ha impuesto la devaluación de la moneda sino que también le arrancó a Duhalde la flotación del peso, a la que durante varias semanas el gobierno argentino se había resistido.

Entonces, ¿por qué no da la venia para que el FMI preste los 15 ó 20 mil millones que se le pide? Existe un consenso de que sin ese dinero el dólar se dispararía y que esto sería suficiente para poner fin a los días del duhaldismo. ¿Qué hay detrás de este explosivo conflicto?

Varias cosas.

Todo indica que el litigio más importante es la Ley de Quiebras, la cual impide la ejecución de los deudores durante un plazo de más de seis meses y, por sobre todo, niega al acreedor la posibilidad de apoderarse de la empresa en crisis. Hoerst Köhler, el presidente del FMI, dejó muy clara la oposición a la ley (IHT, 31/1) y el propio jefe de gabinete, Capitanich, admitió que el FMI exige el veto de tres artículos. El asunto es sencillo: los yanquis aceptan que los grandes pulpos conviertan sus deudas en pesos devaluados, lo que implica un regalo de 30.000 millones de dólares, entre otras cosas porque este jubileo beneficia también a los pulpos norteamericanos. Pero rechazan cualquier limitación para que los bancos o acreedores financieros se puedan quedar con las empresas que vayan a la quiebra incluso después del regalo. Después de todo, el leit motiv del capital internacional y del gobierno yanqui es la concentración y centralización de capitales, que es uno de los factores más poderosos a su disposición para incrementar la tasa de beneficio del capital. La cons igna del capital imperialista es la libertad de movimientos, porque es el derecho que beneficia fundamentalmente al más poderoso. En el planteo del Tesoro norteamericano, la licuación de las deudas debe servir para que si ella no es suficiente para que se cancelen los compromisos con los acreedores, éstos se queden con las empresas quebradas, ya aligeradas de sus deudas más pesadas.

Entre las presas más codiciadas por los yanquis no solamente figuran algunos grupos industriales (telecomunicaciones, cables) sino bancos como el Galicia, que se encuentran al borde del colapso (ver nota). El Tesoro norteamericano no va a dejar pasar de ningún modo la posibilidad de un ingreso decisivo del capital de los Estados Unidos en las finanzas argentinas. Por eso, una exigencia adicional del FMI es la eliminación del “corralito” y del control de cambios, ya que esto aceleraría la liquidación de los grupos bancarios e industriales rivales, más allá de que devolvería una libertad irrestricta a los negocios. Para el Tesoro norteamericano, el Estado argentino debería hacerse cargo de la cartera incobrable de los bancos y vender los bancos a nuevos postores. Para esta operación, sí estaría dispuesto a dar financiamiento internacional.

La severidad del choque que opone a los grupos capitalistas locales que quieren el amparo de la Ley de Quiebras, con el Tesoro norteamericano, está dado por el nivel del endeudamiento de los primeros, que no se limita a los 30.000 millones de dólares que fueron alcanzados por el beneficio de la licuación. Existe, además, una deuda externa privada de unos 60.000 millones de dólares, para la cual la “patria productiva” pide un tipo de cambio de 1 a 1, lo que, a 2 pesos el dólar, dejaría al Estado con “un muerto” de 60.000 millones de pesos, y varias veces más todavía si la devaluación se acentuara.

Si se suma el dinero que piden los bancos por el perjuicio que les significó la pesificación de depósitos a 1,40 pesos, 20.000 millones de dólares; el monto de la licuación de deudas, otros 30.000 millones; el reclamo de pesificar la deuda externa, otros 60.000 millones; la licuación de la deuda provincial, 30.000 millones; y finalmente el pago de la deuda externa como tal, de 140.000 millones de dólares; el Estado nacional incurriría en un endeudamiento total de 300.000 millones de dólares, que está un 50% por encima del PBI, y obligaría a un servicio de intereses y de capital por el resto del siglo. Naturalmente, gran parte de esta hipoteca sería bancada por los trabajadores que aportan a las AFJP, los que con la pesificación ya han perdido la mitad de sus aportes calculados en dólares, entre 15 y 20 mil millones de pesos. Otra gran parte la pagaría el ciudadano corriente como consecuencia del incremento de impuestos al consumo que provocaría la inflación.

El choque entre el FMI y el gobierno traduce la enorme envergadura de la crisis nacional, que no se limita a una crisis cíclica o a una financiera, sino que es una manifestación de la disolución del régimen capitalista de producción. La intervención del poder estatal para reorganizar el sistema social que ha quebrado, choca con la limitación de que ese poder estatal responde a los intereses de la clase capitalista dominante y de su incapacidad para producir un arbitraje de la crisis. Es claro que una salida teórica a la disolución capitalista podría ser la estatización económica, que se reprivatizaría luego de una completa reestructuración. Pero el Estado es incapaz de producir esta cirugía por el temor de que el enfermo no resista la operación, dada la inestabilidad que podría provocar entre los capitalistas y dada la enorme movilización de masas que acecha al Estado.

La crisis se encuentra incentivada, simultáneamente, por las presiones del Tesoro norteamericano, de un lado, y por la imposibilidad de seguir con un sistema de economía acorralada de carácter capitalista, del otro. En cualquier dirección, un estallido social y político, aún superior al conocido, es inevitable.