La fanfarria con que los grandes capitalistas han difundido la presencia en Argentina de una ex ministro de economía de Nueva Zelanda, forma parte de una campaña que apunta, como mínimo, a reducir los salarios, pero más allá de esto, a liquidar por completo el sistema de convenios de trabajo y la existencia de los sindicatos en las empresas. Es lo que hizo en su país la promocionada Ruth Richardson y, mucho antes que ella, el modelo original de todos estos chupasangres, Augusto Pinochet.

Las fechorías de la señora Ruth en su propio país han mejorado sin duda los beneficios capitalistas, pero de ninguna manera la situación de los trabajadores, ni la de la economía en su conjunto. “Se agravó el foso que existía entre ricos y pobres” (Noticias, 29/10); “la producción se encuentra por debajo de los niveles del bienio 85-86”; “el nivel actual de desocupación es superior al que existía en los 80”. Es suficiente mencionar que la deuda externa de NZ representa el 51% del PBI (lo que en Argentina significaría unos 150.000 millones de dólares, que no comprenden a la deuda interna), para concluir que NZ es un país en bancarrota, cuyo gobierno simplemente disimula contablemente el nivel de su déficit fiscal. Un país de tres millones y medio de habitantes, donde la deuda externa de 40.000 millones representa una deuda por habitante de más de 10.000 dólares, contra los 4.000 dólares de Argentina.

Pero con salarios promedio de 500 pesos, con una desocupación y subocupación del 40% (4 millones y medio de personas) y con un incremento de la ‘productividad obrera’ (tasa de explotación) del 140%, lo que sobra en Argentina no son los salarios sino los beneficios; lo demuestra Macri, que piensa gastar varios millones en Boca, los gastos suntuarios descomunales recientemente publicados de Amalita Fortabat, o los 40.000 millones de dólares que los capitalistas ‘nacionales’ tienen depositados o invertidos especulativamente fuera del país. Existe un ‘exceso’ de capital que los capitalistas no consiguen invertir productivamente en instrumentos de trabajo y en trabajadores.

La intención de reducir salarios y terminar con los sindicatos, simplemente demuestra que la ofensiva capitalista no tiene límites. Esto refleja auténticamente la envergadura de la crisis capitalista; se pretende que aumentando la tasa de explotación afluya mayor cantidad de capitales para reactivar la economía. ¿Pero hasta dónde deben bajar los salarios para hacer ‘atractivo’ el ingreso de capitales en una economía que no puede pagar su deuda externa ni su deuda pública en general, y cuya industria y hasta los consumidores se encuentran completamente hipotecados a los bancos? La consecuencia de una reducción de los salarios será un mayor deterioro del mercado interno y, por lo tanto, un agravamiento de la crisis.

Pero el gobierno pretende, además, despedir a 400.000 trabajadores provinciales y aumentar el impuesto a los combustibles. Mencionar estas intenciones es pronosticar una acentuación sin precedentes de la lucha popular.

El proceso del derrumbe del ‘plan’ Cavallo constituye la radiografía de la impotencia de la clase capitalista que dirige el país, para proveer a su desarrollo y a la alimentación de sus explotados. Hay que acabar con los beneficios y superbeneficios capitalistas y defender a muerte las conquistas de las masas.

Esto exige una política, es decir, una lucha huelguística decisiva. Para ello es necesaria la participación en masa de los trabajadores, lo cual es incompatible con las organizaciones burocratizadas. Llamamos a luchar por congresos de bases de los sindicatos y centrales obreras, y por la organización de asambleas populares.

Que la crisis la paguen ellos, sus responsables. Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas. Por un plan de lucha. Por un paro activo nacional para apoyar las rebeldías provinciales, detener el plan de reducción de salarios y de despidos masivos, y defender las Obras sociales.