PO: ¿Cuál es tu caracterización sobre la renuncia del gobernador Angeloz?

JB: Angeloz hace una denuncia del modelo cavallo-menemista y de la asfixia que está significando para el conjunto de la provincia pero termina claramente con una claudicación. Cuando muchos compañeros radicales en las reparticiones esperaban que convocara a la lucha en contra del modelo cavallo-menemista, presenta su dimisión y aparece como cómplice del chantaje cavallista. Un chantaje del cual Mestre ha sido convertido ya en un instrumento más.

PO: ¿Por qué?

JB: Porque inmediatamente de conocidas estas noticias, Mestre aparece planteando que va a aplicar la Ley de Emergencia y está planteándose, a partir del llamado a un plebiscito, la privatización del banco y de las empresas estatales provinciales. Está intentando tirarle la responsabilidad a la gente, cuando él, el 14 de mayo, dijo que había sido plebiscitado y que las empresas y los bancos no se privatizaban. La Ley de Emergencia descarga la crisis pura y absolutamente sobre los trabajadores y el pueblo de Córdoba y encubre el desfalco de las finanzas provinciales y la corrupción de toda la camarilla angelocista, que ha vaciado los bancos y las empresas.

PO: ¿Debemos considerar a esta crisis meramente una crisis de gobierno?

JB: No, esta crisis es más profunda. Los que miran desde una óptica nacional a veces no consiguen interpretar que la camarilla angelocista se ha ido constituyendo en un mecanismo de dominación cuasi feudal de la provincia. Es así que parte del déficit de hoy ha sido el mantenimiento de un aparato político con las finanzas del estado provincial. Toda su estructura de punteros, toda su estructura de subsidios en los barrios, toda la estructura de ñoquis que son radicales al servicio de la política del gobierno; se ha profundizado en estos últimos cuatro años. A medida que su caudal político ha ido decreciendo, cada vez necesitó más de un aparato de este tipo para poder compensar la caída y la pérdida de poder político. Este fenómeno, producto de esta política de comité trasladada a todo el aparato del estado provincial, ha significado la destrucción de las estructuras administrativas y de control interno del aparato administrativo de la provincia. Hoy, la Contaduría General está desquiciada; el Tribunal de Cuentas no cumple sus objetivos de fiscalización y control; las estructuras administrativas en los distintos ministerios no proveen ningún tipo de información para la toma de decisiones; y creo que ni Mestre sabe lo que va a agarrar como proceso de descomposición del aparato del Estado. Es una situación que no se va a solucionar con un remedio financiero. A Mestre, estos resabios de camarillas angelocistas le van a ofrecer resistencia y creemos que el día de mañana pueden ser factores de aceleración de su deterioro político.

PO: ¿Cuál es la conducta de la burocracia frente a estos acontecimientos?

JB: La dirigencia de la Coordinadora de Estatales ha quedado sin el más mínimo nivel de perspectiva política para enfrentar la crisis. Si bien se han iniciado composiciones aparentemente combativas o seudo-combativas, movilizaciones callejeras en la que se ha visto a los dirigentes como nunca, tironeándose y apaleándose con la policía, etc., lo que está agotada es su política de subordinación a la clase gobernante. Esta política agitativa que han llevado —particularmente hasta el 14 de mayo— quizás acicateados por la disputa electoral del peronismo y del radicalismo, tuvo un giro importante después del 14 de mayo. Ellos trataron de poner expectativas en los compañeros de que todo era una pelea partidaria que se resolvía con guita quizás antes del 14 de mayo, o, en los quince días siguientes. Creemos, por los debates que hemos sostenido y por los debates en los plenarios y por los pocos aportes de la burocracia en esta perspectiva, que ellos no alcanzan a dimensionar la gravedad de la crisis y que se preocupan por esconderla a los ojos de los trabajadores. Evitan avivar giles.  En momentos en que se resuelve el paro del día 29, que es el que levantan, no encuentran otra cosa mejor que refugiarse en las sotanas de Primatesta y abrir una falsa expectativa en la audiencia de Olivos, es decir en la negociación de un préstamo trucho. Esta situación fue rápidamente olfateada y desbaratada por el activismo de Córdoba y aún por los compañeros que no son activistas pero que participan activamente en las movilizaciones y en la lucha. Es así que inmediatamente los plenarios que se hacen a los días siguientes ratifican todas las medidas y estaban planteando ya una continuidad de la lucha, donde desnudaban que la gestión de los dirigentes había sido completamente infructuosa y fundamentalmente se planteaba que la falta de resultados de esta negociación era producto de la claudicación de levantar el paro para ir a la audiencia.

Los compañeros lo que dicen es que si no hubiera levantado el paro, la audiencia quizás habría tenido otro carácter. Al haber levantado el paro, no había ningún factor de presión y lo único que existía era la imposición de Menem a Angeloz de privatizar y firmar el pacto fiscal para darle unos pesos. Los sindicalistas se transformaron en garantes de estas negociaciones y volvieron a Córdoba tratando de hacer pasar jabón por queso.

Los trabajadores tenemos que evitar que la burocracia de la Coordinadora de Gremios Estatales nos lleve a un enfrentamiento entre aquellos trabajadores que son de los gremios que necesitan cobrar con aquellos trabajadores que pertenecen a las empresas o a los bancos a privatizar. Denuncio el chantaje de que para que podamos cobrar los empleados públicos, tengan que venderse el banco provincial y las empresas de energía.

Los trabajadores están repudiando por igual a la política corrupta de vaciamiento del gobierno de Córdoba como al modelo cavallo-menemista impuesto por la banca internacional. Nosotros vemos que existen reales posibilidades de que los trabajadores puedan avanzar, a partir de imponer desde los gremios estatales un paro provincial, que la consigna de ese paro sea “que la crisis la paguen los que vaciaron el estado provincial”, los grupos económicos beneficiados, y, a partir de ahí, llamar a un paro nacional con las mismas características frente al cavallismo.

PO: El día miércoles hubo un paro y una movilización largamente reclamada por los trabajadores estatales que, sin embargo, fue minoritaria.

JB: Muchos compañeros se sintieron muy defraudados el día de la movilización, pero nosotros le explicábamos que la movilización era consecuencia final del pacto de Olivos, donde todo quedó subordinado a lo que Primatesta había establecido. A partir de la audiencia de Olivos se vino encadenando la regimentación de las movilizaciones de los trabajadores. Nosotros consideramos que, más allá de los cordones policiales y del apresuramiento de la burocracia por terminar rápido con una movilización, existió una voluntad de los compañeros de volver a pisar la calle, repudiar a Primatesta frente al arzobispado y dejar en claro que la lucha se retomaba. Por esa misma razón nosotros creemos que la movilización fue importante en el sentido de que se había montado un operativo que implicaba hasta llevar a los compañeros en ómnibus en una primera instancia desde los sindicatos a Plaza España a leer el documento y retirarse. Cuando se pulsa la realidad, se ve que los compañeros querían pisar la calle; entonces tuvieron que acordar con la policía el “operativo de seguridad” y condicionar la expresión de la marcha, donde hubo más policías que manifestantes. Aparte de eso, se intentó regimentar hasta las consignas, aunque quedó bien expresado el repudio, fundamentalmente cuando las columnas pasan frente al arzobispado, donde no fueron palabras bonitas las que se le dijeron al arzobispo.

PO: ¿Querés agregar algo más?

JB: Frente a la posición de Mestre de querer descargar la crisis sobre los trabajadores es importante que se levante un programa de acción político-sindical por parte de la Coordinadora, de que, se abran las cuentas del estado provincial. Según versiones que nosotros tenemos, Angeloz no presenta a la Legislatura, por lo menos los balances de los últimos tres ejercicios. Entonces acá no se puede discutir nada hasta que las cuentas no se pongan en claro y no se hagan públicas al pueblo de Córdoba, en el sentido de que por un lado se ha vaciado la administración, por otro lado no está claro en qué, y no solamente el presupuesto provincial debe ser analizado sino que también deben ser analizados y abiertas las contabilidades de Epec, del Banco de Córdoba y todas las empresas autárquicas provinciales, así también como el IPAN, que en este momento la provincia le debe a la obra social de los trabajadores provinciales nada menos que 170 millones de pesos de aportes y retenciones que no ha hecho en los últimos dos años. Esta situación se está tornando absolutamente crítica. No es una consigna meramente propagandística: abrir los libros va a significar saber adónde se ha ido el dinero, los niveles de endeudamiento, saber, en el caso de la obra social, el nivel real de prestaciones, de sobrefacturación de las clínicas, encontrar quienes son los responsables de los 7 millones de pesos con que se defraudó al IPAN con cuentas del Banco Social. Toda esta situación requiere una gran apertura de libros en las finanzas provinciales y, fundamentalmente, porque esta es una disputa donde parece que ante un gobierno patronal que ha quebrado y vaciado las empresas del Estado provincial y sus bancos, los trabajadores debemos exigir que sean abiertas las cuentas, porque es el mismo fenómeno que se está dando en las empresas privadas que mientras se maximizan tasas de ganancia, los obreros son despedidos. Entonces, este proyecto de privatización del Estado de Córdoba, como está planteado, significaría corrupción, despido de fondos, etc. y por otro lado, desvío, disminución de los salarios y las jubilaciones, pago en bonos y no reconocimiento de las deudas salariales con los trabajadores implica el mismo fenómeno de corrupción que las patronales ejercen en sus empresas. Esto está marcando que la crisis capitalista ha sido llevada a expresión ya del Estado.