“Ya no se trata de una lucha de estatales o estudiantes sino de una sublevación del pueblo de Río Negro” (Río Negro, 17/10).

Estas palabras, de uno de los oradores en la concentración de más de 5.000 personas que tuvo lugar en Bariloche durante la ‘cumbre’ de presidentes, resumen el carácter de movilizaciones de masas en Río Negro.

En el curso de los últimos días, los maestros cumplieron un paro masivo de 72 horas, mientras los judiciales mantienen la retención de tareas; los jubilados de General Roca ocuparon la pista del aeropuerto local e impidieron el despegue de aviones; los trabajadores de Canal 10  han paralizado las transmisiones televisivas.

Hay movilizaciones de masas en la mayoría de las ciudades rionegrinas: en Viedma, en Allen, en El Bolsón y en Roca. En esta última —el 12 de octubre—, ante el boicot que le declaró la directiva de la UPCN, una muy importante columna de trabajadores hospitalarios repudió la “traición” de la conducción de su sindicato y participó activamente (Río Negro, 13/10).

La gendarmería, claro, “está por todos lados” (Río Negro, 14/10); existe una suerte de  “estado de sitio laboral” (ídem). La militarización de las empresas provinciales, de las sedes del poder político y de la administración, revela la preocupación por evitar las tomas de los edificios públicos, que se vinieron sucediendo con regularidad en los últimos tramos de la lucha. En ocasión de la marcha del 12 de octubre, la gendarmería “dividió la ciudad en dos” (ídem), acordonando los barrios periféricos e impidiendo el paso de los jóvenes de esos barrios.

La crisis económica se agudiza

Massaccesi, de hecho, ha quedado fuera del juego. Es su futuro sucesor y todavía ‘gobernador electo’, Pablo Verani, el que sostiene reuniones con Corach, con los funcionarios de Economía y con los gremios estatales para delinear una ‘salida’.

Verani es un verdadero ‘gobierno en las sombras’, cuyo ‘poder real’ deriva del “mandato” del Banco Mundial: privatizar el banco, la empresa de energía y la de agua; reducir la masa salarial y poner en línea la política económica provincial con la del ministerio de Cavallo. La mentada ‘institucionalidad’ —es decir, el mantenimiento de Massaccesi en su puesto hasta el 10 de diciembre— es una ‘pantalla’ que permite ‘cocinar’, en Buenos Aires y en el mayor secreto, una ‘salida’ contra las masas.

Verani acaba de anunciar ‘oficialmente’ que se propone reducir sueldos, eliminar los plus por zona desfavorable (equivalentes al 15% de los salarios) y los ascensos por antigüedad, y eliminar el 66% de la planta de personal de la provincia.

Aun así, durante los próximos quince meses habrá un déficit mensual de 15 millones de pesos, como consecuencia de la devolución de los préstamos bancarios al Banco Mundial, al Fondo Fiduciario y por los adelantos del Tesoro Nacional. En los últimos meses de 1995, el monto total de deudas financieras a pagar será de 21 millones, una suma casi similar a la masa de sueldos ‘reducidos’. También anunció la emisión de bonos para pagar la deuda con los jubilados y una parte de los salarios; así se espera ‘salvar’ a los banqueros y parásitos financieros.

Río Negro es una provincia fiscalmente poderosa, ya que cuenta, además de la coparticipación federal, con los ingresos por las regalías hidroeléctricas, gasíferas y petroleras. Pero, como en Córdoba, se la empuja a la desintegración económica en beneficio de un puñado de capitalistas.

La burocracia dividida

Ante un anuncio de Andrés Rodríguez —secretario nacional de la UPCN— de que aceptaría sin chistar las privatizaciones, la reducción salarial y el pago en bonos (Río Negro, 13/10) el secretario general rionegrino, Juan Carlos Scalessi, manifestó el rechazo, pero no hizo nada cuando Verani anunció los bonos, y hasta admitió “que los jubilados no puedan cobrar su deuda en efectivo” (Río Negro, 17/10). Scalessi planteó también que “el ajuste debe pasar por la privatización de algunas empresas” (ídem), y si no alcanza, “tiene que haber una intervención federal” (ídem). Scalessi ha mantenido varias entrevistas con Verani a espaldas del Frente Estatal, después de las cuales no ha tenido empacho en pronosticar que “UPCN será el que menos va a sufrir el ajuste” (Río Negro, 17/10).

Los planteos de Scalessi resumen la bancarrota de la política gremial. Hace falta otra: que la crisis la paguen ellos. Que se abran las cuentas de la provincia, del banco, de las empresas provinciales y de los capitalistas, y se establezca el control obrero.