El diario Clarín ha publicado una columna en la que muestra cómo las empresas públicas han estado arrojando un déficit operativo. Este último es el resultado de la diferencia entre los ingresos y egresos de las compañías. Detrás de lo expuesto en el artículo, sin embargo, se esconde un lobby patronal para avanzar en la privatización de las empresas públicas y en la aplicación de una política de ajuste contra los trabajadores.

Los datos que toma el articulista surgen de un informe divulgado por el Ministerio de Economía. Según este, las empresas estatales (no incluye a YPF) tuvieron un déficit operativo, en los primeros nueve meses de 2022, de 2.849 millones de dólares (para calcular la magnitud de las pérdidas se tomó el tipo de cambio mayorista promedio de ese periodo, que fue de $120). De 34 compañías, solo seis exhibieron números positivos. Entre estas últimas se encuentran AGP S.E., Dioxitek SA., Tandanor, Ymad, Veng S.A., e Intea.

Enarsa, la empresa encargada de importar energía, es la que más déficit arrojó, un 56%. El rojo sería el resultado de la desproporción existente entre el precio de importación de energía y el de su venta en el mercado interno. Esa desproporción adquirió una envergadura mayor al calor de la crisis mundial, fundamentalmente desde que se desatara la guerra en Europa, que condujo, entre otras cosas, a un disparo de los precios internacionales de los combustibles.

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Los precios internacionales de la energía, sin embargo, ingresaron en una onda más o menos descendente. Este fenómeno podría darle un poco de aire al Frente de Todos. Si el gobierno de los Fernández lograr poner en funcionamiento el mentado gasoducto Néstor Kirchner, Argentina podrá prescindir un poco de la importación de gas, aunque necesitará adquirirlo para hacer frente a la época invernal.

A Enarsa le sigue Trenes Argentinos, que arrojó una pérdida de 966 millones de dólares en nueve meses. Según los datos, con el esquema de subsidios y tarifas actual, la compañía pierde aproximadamente 3,57 millones de dólares por día. En el tercer puesto se halla Aerolíneas Argentinas (AA), que en el mismo periodo tuvo un déficit operativo de 439 millones de dólares, lo que equivale a 1,6 millones de dólares diarios. Y en el cuarto lugar se ubica Correo Argentino, cuyas pérdidas ascendieron a 187 millones de dólares en el periodo enero-septiembre 2022.

En este marco, el hecho de que el Tesoro deba asistir con dinero a las empresas para paliar sus déficits operativos le está colocando límites al gobierno en su tarea de achicar el rojo fiscal para cumplir con las exigencias del FMI.

A continuación, intentaremos demostrar, a partir de dos ejemplos, qué es lo que, de un modo general, está detrás del déficit de las empresas públicas.

Enarsa

La creación de Enarsa fue la vía elegida por el kirchnerismo para privatizar el patrimonio estatal que el menemismo no pudo entregar. Esta empresa pública (sic) siempre fue un organismo al servicio del desarrollo de los grandes monopolios petroleros internacionales. Un 35% de su paquete accionario está en manos de inversores privados. Enarsa estuvo mucho tiempo bajo el control de Julio De Vido, un ícono de la corrupción K, el responsable de la masacre de Once.

Solo tuvieron que pasar 15 meses desde su creación para que la compañía firmara convenios con la española Repsol, con Petrobras (en su paquete accionario participa Estados Unidos) y con Petrouruguay, para avanzar en la búsqueda y exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino. Estos acuerdos trajeron consigo beneficios impositivos y regímenes especiales para las empresas foráneas, los cuales contribuyeron al desfalco.

La gestión de Enarsa estuvo atravesada por casos de corrupción. En 2018, el juez federal Julián Ercolini (uno de los participantes del Lago Escondido Gate) procesó al expresidente de Enarsa, Exequiel Espinosa, por administración fraudulenta. “En esta causa la maniobra consistió en contratar sin licitación a una empresa que era propiedad de uno de sus directivos. El contrato era por 2 millones de pesos” (Clarín, 11/5/2018). En 2021, el mismo juez sobreseyó a un extitular de Enarsa, Walter Fagyas, y a otros tres imputados, en una causa que investigó sobreprecios en fletes y seguros para transporte de gasoil entre enero de 2008 y abril de 2010.

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Bajo el gobierno de Mauricio Macri, el manejo de la empresa persiguió la misma orientación social y también fue un factor de derroche de fondos. En 2016, por “errores de cálculos”, se pagó un sobrecosto de 1,5 millones de dólares por la cancelación y reprogramación de importaciones de barcos con GNL acordadas con empresas como Shell. Con la gestión Macri también hubo corrupción. El Ministerio de Energía fue allanado en el marco de una causa que involucró al exministro Juan José Aranguren (Enarsa se encontraba bajo la órbita del ministerio de Energía, en ese entonces conducido por Aranguren) por negociados turbios en una compra de gas a Chile. Según las investigaciones, Aranguren dejó de comprar gas a Bolivia y pasó a importarlo (más caro) desde Chile, para beneficiar a la empresa Shell, de la que Aranguren era accionista.

Reducir el problema del déficit de Enarsa a una cuestión de gestión estatal-privada es una forma interesada y vulgar de presentarlo. El déficit de Enarsa es un producto de los negocios capitalistas que están detrás del rubro energético, de los cuales los políticos kirchneristas y macristas son tributarios. Enarsa es actualmente un eslabón más de un régimen de saqueo al servicio de las grandes corporaciones imperialistas, de los bancos internacionales y los fondos de inversión. Es una plataforma que sirve al enriquecimiento de empresas como Shell, Chevron, ExxonMobil y Tecpetrol. Y que es funcional al rescate y a los negociados de otras: Metrogas y Camuzzi mantienen deudas con YPF y Enarsa por más de 30.000 millones de pesos, según Ecojournal.

Por otro lado, “la desproporción existente entre el precio de importación de energía y el de su venta en el mercado interno” es en buena medida un fruto de la huelga de inversiones capitalista que reina en el país. Los pulpos petroleros han estado exportando durante mucho tiempo el crudo solo para obtener un mayor rédito gracias a los altos precios internacionales de la energía. Esto fue en detrimento del mercado interno (provocó escasez y acicateó la inflación) y en contra del desarrollo del país.

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Aerolíneas Argentinas

El caso de Aerolíneas Argentinas es un poco más complejo. La empresa, que realiza vuelos a más de 60 destinos nacionales e internacionales, fue privatizada en 1990 por el gobierno de Carlos Menem. Iberia, una empresa estatal española, ha sido la beneficiaria de ese proceso; adquirió AA pagando 1.610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 en efectivo. Iberia recibió la empresa sin ningún pasivo, el Estado lo absorbió antes. Para conseguir el dinero, los españoles tomaron préstamos y luego transfirieron el endeudamiento a la cuenta de Aerolíneas Argentinas.

La gestión privada fue un fracaso, los capitalistas liquidaron todo: vendieron las oficinas, los simuladores de vuelo y también las 28 aeronaves que conformaban la flota, desmantelaron talleres y decenas de rutas y escalas, y dejaron un patrimonio negativo millonario. Además, la privatización trajo consigo el despido de una gran tropa de trabajadores, rebajas salariales y una modificación reaccionaria del convenio colectivo de trabajo.

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En 2001, Aerolíneas se encontraba en la peor crisis de su historia. Fue cedida por el gobierno de Fernando de la Rúa al grupo Marsans, un consorcio español formado por las aerolíneas privadas Spanair y Air Comet. Marsans continuó con una política de desfalco, y su dirección recibió denuncias por utilizar AA para beneficiar a sus empresas. Además, la gestión realizó todo tipo de atropellos laborales contra los trabajadores.

La “reestatización” de AA llegaría en 2008, de la mano del gobierno de Cristina Kirchner. Se trató de un rescate del grupo Marsans, luego de años de vaciamiento. En el periodo ulterior, se crearon algunas rutas de vuelo, se modernizó la flota y se compraron simuladores de vuelo, aunque los problemas de raíz persistieron. La compra que el gobierno realizó de los primeros 20 aviones Embraer (empresa brasilera que fabrica aviones) fue leonina para el país. Julio De Vido y Ricardo Jaime, exfuncionarios del gobierno de CFK, fueron imputados por defraudación contra la administración pública (las compras se habrían realizado abonando sobreprecios y habrían sido financiadas a tasas exorbitantes, lo que implicó un sobrecosto de cinco millones de dólares por cada avión).

Por otro lado, el Estado argentino recibió AA con un déficit de 942 millones de dólares. En 2015, este pasó a ser de 464 millones. Y para 2022, podría ascender a 500 millones. Al mismo tiempo, los aportes del Estado nacional a la empresa fueron sufriendo un ajuste; significaron el 0,73% del presupuesto nacional en 2009, y el 0,17 en 2014.

Durante el macrismo, el manejo estatal de AA tampoco fue ajeno a maniobras espurias. Bajo esa gestión, AA le condonó una deuda de casi medio millón de pesos a MacAir, la empresa aerocomercial de la familia Macri, por el uso de los hangares de la compañía estatal. Esto fue motivo de una investigación judicial. Durante el gobierno del expresidente, asimismo, Aerolíneas Argentinas fue forzada a competir con el resto de las empresas vendiendo pasajes por debajo de sus costos, lo que desató una cadena de incumplimientos de pagos. “AA comenzó a acumular deuda con YPF por la provisión de combustible y en 2019 Axion Energy dejó de venderle, se endeudó por USD 36 millones con Aeropuertos Argentina 2000 y dejó de pagar a las empresas de tránsito aéreo por las dificultades para cobrar la tasa aeroportuaria” (Página 12, 30/10/2022).

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El tipo de cambio y el precio del combustible, ambos en descalabro, son algunos de los factores que determinan los costos en el sector. A la vez, gran parte del déficit tiene que ver con el hecho de que la competencia privada explota solo los vuelos más rentables, y AA las rutas que no dan ganancia. La prioridad de Aerolíneas Argentinas debería ser garantizar la conexión del territorio nacional, su política no puede basarse en criterios de rentabilidad empresarial. El gobierno desestima el déficit, diciendo que el dinero perdido es recuperado, en parte, a través de sectores relacionados a Aerolíneas, como el turismo. Pero omite un problema clave: una buena porción de los beneficios de esos sectores son usufructuados por otros grupos capitalistas.

Una salida

Los problemas de empresas tan importantes como las que tienen que ver con los vuelos, la política energética, o el transporte, determinan el modo de vida de millones de masas. Su solución, por lo tanto, es imperiosa. Las políticas que proponen los partidos de la grieta (y también los libertarios) han fracasado estrepitosamente, sus resultados están a la vista: vaciamiento, malversación de fondos, ataques contra los trabajadores, corrupción, inflación, etcétera. Macristas y libertarios sostienen que es necesario avanzar en la privatización de las empresas. Los peronistas defienden una gestión estatal al servicio de la clase capitalista. Todos ellos, asimismo, quieren aplicar más tarifazos contra la población, para satisfacer los intereses de las patronales y del FMI.

El déficit de las empresas públicas es un producto de la orientación política y social parasitaria, antiobrera y delincuencial de la clase capitalista y sus políticos. Las privatizaciones han sido un recurso de los gobiernos burgueses para abrirles nuevos nichos rentables a los empresarios y utilizar el dinero proveniente de ellas para pagar la deuda externa. Las estatizaciones burguesas, por su parte, tuvieron como objetivo, en todos los casos, proceder al rescate de grupos empresariales en quiebra y salvaguardar los intereses de la clase dominante tomada de conjunto. Una apertura bajo control obrero de los libros contables de las compañías permitirá desnudar la complicidad del Estado con los privados en el manejo y desfalco de las empresas públicas. Los intereses capitalistas están en los dos lados de la ecuación, en las estatizaciones burguesas y en las privatizaciones, ya que el Estado es de los capitalistas.

La economía toda (la industria, el campo, la banca, etc.) tiene que estar en manos de los trabajadores, quienes de manera democrática podrán planificar y dirigir la política económica de acuerdo a sus intereses, que son los de la mayoría de los que habitan el país. Poner fin a la fuga de divisas y a la especulación de los capitalistas, desarrollar las fuerzas productivas y aumentar la productividad del trabajo, permitirían abaratar el precio de la energía y del conjunto de las mercancías que circulan por el país. En definitiva, la clave pasa por expropiar a los expropiadores, terminar con el régimen del FMI. El manejo capitalista de la economía es un fiasco y nos ha llevado a este desastre. Es hora de que los trabajadores gobiernen.

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