La ley ‘Cafiero’, aprobada por el Congreso el 8/11, vacía de todo contenido a la futura constituyente de la ciudad de Buenos Aires y liquida de antemano la autonomía del futuro gobierno de la ciudad (ver artículo). Pero esta ley reaccionaria parece haber caído como un bálsamo sobre las ‘indignadas protestas’ de los ‘demócratas’ de la oposición burguesa.

El mismo día que se aprobaba la ley, Menem recibió a De la Rua y le prometió elecciones para principios del ‘96. La gestión facilitó la aprobación de la ley ‘Cafiero’ (La Nación, 9/11).

El Frepaso, por su lado, levantó  la prometida “marcha de la civilidad” por la autonomía de la Capital, diluyéndola detrás de la convocatoria CTA-MTA a la movilización del 20/11. Bordón amenazó con romper el Frepaso a raíz del monopolio chachista de las candidaturas y acaba de jugar fuerte en esa dirección al reunirse con los “cavallistas” Béliz y Palito. Otra ‘víctima’, Béliz, criticó la postergación para l996 de la prometida interna justicialista, como una “clara actitud antidemocrática”, bien que descartó que “signifique una proscripción para su lista” (Telam, 12/11).

Ahora ha trascendido que en los círculos oficialistas no se piensa en elecciones para antes de mediados de l996. “Resignado a no poder competir por la Intendencia antes de finalizar el  año, la apuesta de De la Rúa es apurar al gobierno para que fije elecciones unificadas —de intendente y estatuyentes— en los primeros meses de 1996” (Clarín, 4/12). Con ese objetivo, la UCR porteña junta adhesiones en la vía pública y convocaría una marcha para entregarlas en la Intendencia el 14/12.

El Frepaso, en cambio, reclama elecciones desdobladas, calculando que lo favorecería una buena performance en las estatuyentes. Y critica “las evidencias de un acuerdo entre el gobierno nacional y la UCR para unir las elecciones” (ídem). La polémica sobre elecciones unificadas o no, de puro cálculo electoral, trata de ocultar el hecho de que tanto radicales como chachistas aceptaron básicamente las condiciones autoritariamente impuestas por el gobierno, de perpetuación menemista en la Capital, incluida la “prórroga” del mandato de Domínguez.

Es que vencidos todos los plazos constitucionales, el gobierno de la Capital ha entrado en un terreno de ilegitimidad. A partir del 31 de diciembre el Intendente será un usurpador y sus actos de gobierno nulos e ilegales. El oficialismo está apurando una ley de convocatoria electoral que autorice, además, al Concejo Deliberante, a funcionar con la mitad de sus miembros. El 10 de diciembre, 30 ediles caducan en sus mandatos y el Concejo no podría funcionar. Los frepasistas amenazan con declarar a Domínguez “gobernante de facto”, sin asumir las consecuencias de esa denuncia:  que renuncie Domínguez y organizar la desobediencia civil al gobierno menemista de la Capital y todos sus actos.

El Partido Obrero hace un llamamiento a todas las organizaciones populares y de la izquierda a organizar una gran movilización para exigir la renuncia de Domínguez, y que las organizaciones políticas y sociales se hagan cargo del gobierno. Para convocar a elecciones inmediatas de representantes constituyentes y jefe de gobierno con la más amplia garantía de participación y debate, sin restricciones ni proscripciones en los medios de comunicación.