Ante el evidente crecimiento de la pobreza, y los conflictos que ello preanuncia, desde las más variadas corrientes políticas del país –y en los más variados países- se han redoblado las discusiones sobre las características y el alcance que deben tener las políticas de asistencia social del Estado.

Desde el centroizquierdista y actual titular del Banco Nación, Claudio Lozano, hasta el expresidente de la megadevaluación, Eduardo Duhalde, han salido a jactarse de ser pioneros en la propuesta de un “Ingreso Universal” o “Renta Básica Universal”. En artículos de académicos y hasta en boca del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el debate sobre una nueva política de asistencia estatal ha sido puesto en la agenda política nacional. Esto luego de que el tema concitara la atención de la opinión pública en Estados Unidos y Europa ante el aumento de la desocupación, y que cobrara mayor vuelo con la sanción sin votos negativos de una ley sobre ello en España, la cual fue saludada por la presidenta de FMI como “un buen instrumento de igualdad”. Hasta el sector de funcionarios del Banco Central Europeo que se opone a aflojar las políticas de ajuste fiscal ante el agravamiento de la crisis ha considerado necesario el establecimiento de una “renta mínima de emergencia”.

De esto, algunos centroizquierdistas infieren que gracias a que la pandemia puso sobre la mesa la profundidad de la crisis social se viene una suerte de resurgir de los Estados de bienestar, pero sucede lo contrario. Detrás de las propuestas por un ingreso básico lo que se busca es unificar todo el gasto estatal de las llamadas políticas sociales en un único mecanismo, de manera tal de convertir los seguros al desempleo y hasta las jubilaciones en un ingreso mínimo asistencial, desligado en absoluto de los salarios.

A su vez, si se implementara una renta básica efectivamente universal, es decir percibida por toda la población independientemente del nivel de ingresos, rápidamente se convertiría en un subsidio indirecto al capital, porque las patronales ya no deberían responder por la totalidad de la reproducción de su fuerza de trabajo. El límite de estas propuestas es que olvidan que los propios Estados están condicionados por la crisis, y todas las políticas de rescate agudizarán la tendencia a las quiebras soberanas. Lo que se viene, entonces, es una mayor ofensiva ajustadora.

Esto es particularmente evidente en Argentina, donde la reestructuración ruinosa de la deuda externa que está en marcha echa por tierra las distintas propuestas “redistribucionistas” sobre un ingreso universal. El expresidente Eduardo Duhalde, entre otros, toma como ejemplo más viable el subsidio implementado en el estado norteamericano de Alaska, que cosiste en un pago anual a toda la población adulta atado a los ingresos por regalías petroleras. Por el contrario, el intento de “endulzar” a los bonistas con un cupón atado a las exportaciones ilustra crudamente cuál es el destino de los recursos del país. Este esquema ya funciona por ejemplo en la provincia de Chubut, donde las regalías petroleras van sin escalas a un fideicomiso para saldar los pagos a los acreedores del exterior.

La realidad es que el gobierno de Alberto Fernández acaba de eliminar el escaso Ingreso Familiar de Emergencia para la mitad de los beneficiarios. El medio millón de trabajadores desocupados que percibe programas sociales lleva todo el 2020 con el monto congelado, y están cerradas nuevas inscripciones cuando miles de personas están perdiendo su fuente laboral. La última reunión de los ministros de Desarrollo Social de todas las provincias del país, presidida por Arroyo, adoptó como línea fundamental de trabajo no el establecimiento de un seguro universal sino un plan de créditos a bajo interés. Con una economía que caería este año alrededor de un 10%, llaman a las familias que no tienen garantizado un sustento a endeudarse para invertir. La perfidia no podría ser mayor. Digamos de paso que la “inversión fiscal” del gobierno argentino para atender los efectos sociales de la pandemia suma, en relación el PBI, la mitad que lo dispuesto por Trump en Estados Unidos.

En este escenario, la versión actualizada de Renta Básica Universal formulada por Lozano es una verdadera impostura. Su propuesta de un ingreso mensual de $17.000 para las personas en edad económicamente activa que no perciben un salario se financiaría, según plantea, con la suspensión de los pagos de la deuda pública y el establecimiento de un impuesto a la riqueza, las grandes firmas y los bancos. Pero resulta que el proyecto de impuesto a los ricos nunca llegó al Congreso (no obstante lo cual los voceros oficiales se encargaron de aclarar que no afectaría a las empresas ni las tenencias en bonos o acciones, que es donde invierten su riqueza los capitalistas), justamente para no entorpecer la renegociación de la deuda. Toda la propuesta es una cortina de humo para justificar la integración al gobierno que recula ante los BlackRock mientras confisca los haberes a los jubilados, congela las paritarias y avala los recortes salariales, al mismo tiempo que las patronales se burlan del “decreto antidespidos” y reciben subsidios a costa del vaciamiento de la Anses.

El reclamo por un subsidio de 30.000 pesos por mes a los desocupados está unido, por el contrario, a la lucha contra los despidos y por trabajo genuino, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, contra el robo a los jubilados y por el 82% móvil, por la reapertura de paritarias y la indexación de los salarios a la inflación. Hacia allí apunta la campaña por la aprobación del proyecto de ley por un impuesto real a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda. Este programa es indisociable de la pelea por el repudio de la deuda usuraria, tanto para evitar el saqueo de los recursos del país como para romper la subordinación del país al capital financiero y el imperialismo. Los debates por una Renta Básica Universal, por el contrario, son solo otro testimonio del fracaso del régimen social capitalista para emprender un “desarrollo sostenible”.