La crisis detonada por el colapso del estadounidense Silicon Valley Bank hizo que las miradas se fijaran en la insolvencia bancaria a nivel internacional. ¿Qué tan lejos estamos en Argentina de estas corridas?

Si el SVB quebró por su exposición a la caída en la cotización de bonos públicos, en Argentina los bancos ya tienen cerca de la mitad de sus activos colocados en deuda pública, y la situación se agrava producto de la política fondomonetarista del gobierno del Frente de Todos -que consiste en financiarse con endeudamiento para evitar la emisión monetaria. La influyente calificadora Moody’s acaba de rebajar por esto mismo la calificación de los bancos locales a “negativa”.

Según el propio Banco Central, para el tercer cuatrimestre 2022 las entidades bancarias tenían el 41% de sus carteras invertido en bonos del Tesoro y letras del BCRA. Ese porcentaje más que triplica la cifra de 2019. Lo más grave es que para adquirir las Leliqs y pases del Central y ciertos títulos del Tesoro (Lelites, etc) los bancos utilizan parte de los encajes, que es dinero que debería estar inmovilizado en el BCRA como garantía a los ahorristas. Es decir que la perspectiva de una crisis de deuda soberana deja planteado nuevamente el problema de corridas bancarias. Veamos más de cerca.

Según un informe de Facimex Valores, la exposición de los bancos a la deuda pública alcanzó el año pasado la mayor proporción desde 2001 y 2002, cuando el país cayó en default y se confiscó a los ahorristas con el recordado corralito. Hoy, entre títulos y letras del Tesoro y el Banco Central los bancos locales acumulan más de $14 billones.

El canje de deuda impulsado por Sergio Massa en marzo, con el que pretendía postergar pagos para 2024 y 2025 por $7,6 billones que estaban programados para los próximos cuatro meses, dio cuenta del carácter explosivo de la situación. Participaron casi exclusivamente entidades públicas (como Anses). La banca privada casi ni ingresó, a pesar de que les ofrecían instrumentos indexados al dólar o la inflación. Un síntoma de desconfianza.

El canje, por eso mismo, estableció como zanahoria un seguro que obliga al BCRA a salir a comprar los bonos del Tesoro en caso de que caiga su cotización en el mercado, para que los tenedores se desprendan de ellos sin exponerse a las pérdidas. Es una política de rescate parecida a la que puso en práctica la Reserva Federal norteamericana, que de esta manera blinda a la banca de todo riesgo en sus negocios con la especulación financiera.

Ahora bien, si el Banco Central efectivamente tuviera que rescatar la deuda del Tesoro, absorbiendo las pérdidas, debería apelar a una emisión monetaria descomunal que incentivaría la corrida cambiaria (y dispararía la inflación), y probablemente sería reabsorbida colocando más Leliqs, agravando así la deuda. Cabe preguntarse entonces: en este cuadro, ¿el BCRA podría seguir afrontando también el pago de sus letras? Es un punto clave, porque como dijimos allí están invertidos buena parte de los encajes.

Así, una cesación de pagos de la deuda del Tesoro podría derivar en una corrida bancaria, y el Banco Central en lugar de actuar como “prestamista de última instancia” quedaría atrapado en el default. La indexación de los bonos a la inflación y al dólar refuerza la incertidumbre, porque implica que no son licuables con una devaluación, e incluso que un salto abrupto en el tipo de cambio catapultaría la carga de intereses a niveles impagables. En el horizonte asoma la posibilidad de nuevas confiscaciones para pasarle la factura a los ahorristas, con otro corralito, o una reedición del Plan Bonex, con el que debutó el menemismo (cuando a los depositantes le enchufaron compulsivamente bonos, en lugar de permitir los retiros del dinero). Este sería el efecto seguro de una dolarización de la economía como la que promueve Milei.

A tal punto es real este riesgo que fue advertido por una de las calificadoras más importantes del mercado internacional de crédito. La agencia Moody’s rebajó su perspectiva del sistema bancario argentino de “estable” a “negativa”, por el desorden macroeconómico y porque “las grandes tenencias de deuda del gobierno y del Banco Central en los bancos exponen su calidad crediticia, financiación, liquidez y, en definitiva, su capital ante las cada vez más difíciles condiciones de financiación del soberano”. Incluso señala el derrumbe en las posibilidades de colocación del dinero en préstamos, lo cual todavía “no afecta los balances de las entidades, justamente, por las ganancias que éstas encuentran en la deuda pública, a partir de la suba de tasas”.

Es decir que toda esta bola de nieve tiene como únicos ganadores a los que lucran con tasas que promedian el 120% anual, exactamente el doble de lo que el gobierno quiere fijar como techo a la actualización salarial para todo el año. Queda clarito para quiénes gobiernan, y quiénes son los que pagan el ajuste que dicta el FMI.

El proceso electoral en marcha agudiza la zozobra y fomenta la especulación de los bancos, que no ingresaron al canje precisamente para tener las manos libres para desarmar sus posiciones de bonos en pesos para correr al dólar en caso de que la situación se desmadre. Cuando en el segundo semestre de este año el gobierno deba afrontar los vencimientos que ascienden aproximadamente a $6,5 billones, se verá obligado a seguir otorgando zanahorias a los banqueros. El problema, entonces, va a seguir retroalimentándose como en un círculo vicioso.

Para evitar una nueva estafa a la población argentina es necesario romper con el FMI y con toda esta política de endeudamiento usurario, empezando por desconocer e investigar la deuda externa fraudulenta. La única forma de defender los ahorros de la población trabajadora y de utilizar el dinero en función del desarrollo de las fuerzas productivas del país es nacionalizando la banca bajo control obrero, es decir poniendo los resortes de la economía nacional en manos de la única clase social productiva, cortando con el parasitismo capitalista.

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