Los sojeros y la izquierda campestre se encuentran en pie de guerra contra las retenciones a la exportación, que califican de "confiscatorias", pero la única confiscación que hay en Argentina es la que sufre el salario. Con un IVA del 21%, más el de impuesto a los Ingresos Brutos y el inmobiliario urbano y otros impuesto, los trabajadores ven sustraído cerca del 35 de su salario en concepto de gravámenes en beneficio del Estado.

¡A cuanto deberíamos calcular esta confiscación si le agregamos la que produce la inflación! Pero nadie reclama contra este verdadero robo, por una razón harto simple: porque el capitalista la evade al fisco.

Si el IVA fuera derogado y los precios de los bienes de consumo fueran forzados a caer en la misma proporción una buena parte del comercio y de la industria se irían a la quiebra, porque dejarían de cobrar bajo la mesa el impuesto que debieran entregar al Tesoro. Del mismo modo, la inflación es un impuesto que transfiere parte del salario al capital.

El impuesto al consumo es confiscatorio por definición, lo que no ocurre con el que grava las ganancias del capital. Es que la ganancia es siempre un plus valor sobre la totalidad del capital invertido; si se lo gravara incluso en un 90 por ciento, seguiría siendo un valor agregado al capital invertido, aunque reducido al extremo.

Un salario no representa un plus valor, sino el valor mismo de la fuerza de trabajo, o sea la cantidad de bienes que se necesitan para reproducirla en condiciones históricas concretas o determinadas. Gravar el salario es sustraer a esa reproducción; un impuesto al beneficio, por más grande que sea, deja siempre en pie la posibilidad de ampliar el capital.

Los materos del campo y la izquierda campestre denuncian la confiscación que sufriría el capital agrario con las retenciones a las exportaciones, lo cual es falso, pero no ponen la mitad de esa energía, si es que la ponen, para denunciar la expropiación de los salarios, que es algo efectivo y real.