El intendente Alvarez y su flamante brazo ‘izquierdo’, Pa­tricia Bullrich, han lanzado un pomposo “Plan de reorganiza­ción del sistema de seguri­dad” (PRSS), que pondría fin al “estado de indefensión de los vecinos de Hurlingham”, a la corruptela policial e incluso a “los grupos que actúan den­tro de la policía para cometer ilícitos”.

Para el tándem Alvarez-Bullrich, todo el problema consiste en la “escasez de recursos técni­cos, económicos y humanos”. La conclusión es que hay que re­forzar el aparato represivo con 200 policías adicionales, más móviles, armas y calabozos. Con un ‘adicional’: que el personal viva en el distrito, lo que han dado en llamar “policía comunitaria”.

Sin embargo, en un capítulo del ‘plan’ se afirma que la inten­dencia “cooperará permanen­temente” con la “seguridad privada”, “transfiriendo los servicios adicionales, firman­do acuerdos de complementación con empresas privadas de seguridad y (¡atención!) co­ordinando el accionar de las policías públicas y privadas en la prevención y represión del delito”. Es decir que se privatiza la represión bajo la gestión del Estado. La ‘seguridad’ se hace entonces más conspirativa y secreta, no más ‘popular’.

Como supuesta valla frente a los ‘excesos’ represivos, el plan propone un “defensor de segu­ridad”, con la función de convo­car a deliberar a las “fuerzas comunitarias”. Todo el mundo conoce, sin embargo, los vínculos entre esas ‘fuerzas comunita­rias’ y la ‘comunidad’ represo­ra.

La Alianza de Hurlingham ha reclamado un consenso en la con­fección del PRSS, en lugar de re­chazarlo de plano.

Lo que nuestros jóvenes y ve­cinos trabajadores necesitamos:

• Subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años o trabajo.
• Juicio y castigo a los respon­sables de desapariciones y críme­nes bajo la dictadura y la Demo­cracia.
• Organización y entrena­miento propios, barrio por barrio y manzana por manzana, inde­pendiente del Estado.