El intendente Alvarez y su flamante brazo ‘izquierdo’, Patricia Bullrich, han lanzado un pomposo “Plan de reorganización del sistema de seguridad” (PRSS), que pondría fin al “estado de indefensión de los vecinos de Hurlingham”, a la corruptela policial e incluso a “los grupos que actúan dentro de la policía para cometer ilícitos”.
Para el tándem Alvarez-Bullrich, todo el problema consiste en la “escasez de recursos técnicos, económicos y humanos”. La conclusión es que hay que reforzar el aparato represivo con 200 policías adicionales, más móviles, armas y calabozos. Con un ‘adicional’: que el personal viva en el distrito, lo que han dado en llamar “policía comunitaria”.
Sin embargo, en un capítulo del ‘plan’ se afirma que la intendencia “cooperará permanentemente” con la “seguridad privada”, “transfiriendo los servicios adicionales, firmando acuerdos de complementación con empresas privadas de seguridad y (¡atención!) coordinando el accionar de las policías públicas y privadas en la prevención y represión del delito”. Es decir que se privatiza la represión bajo la gestión del Estado. La ‘seguridad’ se hace entonces más conspirativa y secreta, no más ‘popular’.
Como supuesta valla frente a los ‘excesos’ represivos, el plan propone un “defensor de seguridad”, con la función de convocar a deliberar a las “fuerzas comunitarias”. Todo el mundo conoce, sin embargo, los vínculos entre esas ‘fuerzas comunitarias’ y la ‘comunidad’ represora.
La Alianza de Hurlingham ha reclamado un consenso en la confección del PRSS, en lugar de rechazarlo de plano.
Lo que nuestros jóvenes y vecinos trabajadores necesitamos:
- Subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años o trabajo.
- Juicio y castigo a los responsables de desapariciones y crímenes bajo la dictadura y la Democracia.
- Organización y entrenamiento propios, barrio por barrio y manzana por manzana, independiente del Estado.
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