El informe de Ieral (Fundación Mediterránea), respecto a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, calcula que al mes de mayo los haberes previsionales acumularon una caída del 18% en los últimos tres años y casi un 10% en los primeros cinco meses del 2021. Sin embargo, coloca la responsabilidad en la extensión del universo de beneficiarios y no en el desfinanciamiento de la Anses, a cargo de los sucesivos gobiernos.

El estudio de Ieral va más lejos que el solo cálculo del impacto de la inflación sobre las jubilaciones, con una marcada diferencia de los precios sobre las actualizaciones de los haberes, adentrándose en especulaciones respecto a la “insolvencia” del sistema jubilatorio a causa del ingreso de las moratorias jubilatorias (2007) y de la Pensión Universal del Adulto Mayor (2017), lo que sería la base de un sistema sin sustento.

En efecto, la inflación de los últimos años impactó de lleno en las jubilaciones. Mientras que la reforma macrista del 2017 suscitó una pérdida del 13%, cuando la tendencia apuntaba a revertirse en el 2020 el gobierno de Alberto Fernández suspendió la aplicación de la fórmula que hubiera implicado un 42% de aumento contra un 36,1% de inflación. Para luego imponer una nueva fórmula que promedia los salarios y la recaudación tributaria, en tiempos donde los precios arrasan con todo, aumentándole a la mínima el 35,30%  y a los de la máxima el 24,2%.

¿Por qué no alcanza?

Para el informe de Ieral no bastaría con actualizar los haberes según la inflación ya que el sistema es deficitario: se calcula que la relación entre trabajadores activos y beneficiarios del sistema previsional estaba en un 2,1 en 2006 y cayó a 1,4 en 2020.

Esto es adjudicado directamente a un salto del 112%, entre el 2005 y el 2020, en los beneficios previsionales otorgados; o en palabras del propio informe: “Ante el incremento del déficit genuino del sistema, el ajuste provino finalmente para el nivel del haber jubilatorio. El haber medio cayó un 18,5% en términos reales en los últimos cuatro años. Así, la fuerte suba en la cantidad de beneficios terminó afectando el haber de los jubilados”.

Lo que este estudio trata solapadamente es la disminución en la cantidad de aportantes, lo cual se menciona como un elemento accesorio. Para el Indec, uno de cada tres trabajadores asalariados no realiza aportes jubilatorios. Mientras que alrededor de la mitad de la actividad laboral del país se realiza por fuera del sistema de aportes, como actividad no registrada o registrada deficitariamente y/o fraudulentamente.

Una política de Estado que revierta esta situación sería un buen comienzo para respaldar del sistema jubilatorio; sin embargo, el Estado es uno de los principales evasores, con contrataciones precarias y sin efectuar aportes. Lo mismo vale para las sumas no remunerativa que no integran los básicos, tanto para empleados públicos y privados

Otro punto es la reducción de los aportes patronales, que han servido para desfinanciar el sistema. Agravado en el último periodo por las exenciones a las contribuciones otorgadas por el gobierno a las patronales durante la pandemia.

El último punto atañe al vaciamiento y uso discrecional del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Un reciente informe de la Undav (Universidad Nacional de Avellaneda) celebra un crecimiento del 8,4% interanual de los “activos” del Fondo. Se trata de una mera ilusión contable: según el mismo informe un 72,9% de las tenencias del FGS son títulos públicos nacionales que nunca se devolverán. La eventual suba es resultado de una coyuntura episódica del valor de mercado de esos títulos.

El FGS debería servir como recurso anticíclico para garantizar el poder adquisitivo de los haberes previsionales, pero nada de eso ocurre. Los sucesivos gobiernos lo han llenado de papeles para financiarse y redirigir fondos al pago de la deuda externa.

Un dato importante es que desde marzo del 2020 hasta la fecha cayó estrepitosamente el número de jubilaciones por mes, de un promedio de 20.700 personas a 10.300, por impedimentos del propio sistema y ausencia de turnos, lo cual a dejado de miles de jubilados sin sus haberes.

Con una jubilación mínima de $23.064 no hay bono que valga para recuperar todo lo perdido, porque además se trata de una compensación parcial cuyos efectos de desvanecen tras la percepción por única vez.

Todos los haberes jubilatorios deben superar la canasta básica de $65.000, respaldando el sistema con el restablecimiento de las contribuciones patronales recortadas durante el menemismo, el fin de las exenciones a los capitalistas y la regularización del conjunto de los trabajadores, con todas las sumas reconocidas al básico y con salarios por arriba de la canasta familiar. También la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de la Anses, contra todo saqueo para pagarle a los bonistas privados y bajo control de un directorio electo de trabajadores activos y pasivos.

https://prensaobrera.com/politicas/no-hay-bono-ni-aumento-por-inflacion-tampoco-jubilacion-para-millones-sin-los-aportes-necesarios/

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