Desde estas páginas hemos señalado en varias ocasiones los límites feroces que tiene el ‘plan B’ que pergeña el gobierno K en caso de defoltear con los fondos buitres. De acuerdo a un especialista en estos asuntos, Marcelo Etchebarne, “… en mayo pasado, según se filtró a la prensa, la recomendación de los abogados de Argentina habría sido “defaultear y reestructurar todo” (Clarín, 23/7). En esta eventualidad, Argentina canjearía la totalidad de la deuda actual por títulos nuevos bajo legislación local. La moneda de la deuda nueva no debería ser el dólar, porque en ese caso podría ser objeto de interdicción por parte de la Justicia de Estados Unidos o simplemente por la Comisión de Valores, como acaba de ocurrir con el Banque Nationale de Paris, el cual fue multado por 10.000 millones de dólares y excluido del sistema de compensaciones de pagos, a pesar de ser francés, por haber infringido el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, Irán y Sudán. Las autoridades norteamericanos han declarado que cualquier transacción en dólares opera bajo la jurisdicción de su país. A esta prepotencia, el juez Griesa ha agregado un grano de cosecha propia al prohibir el pago de la deuda regular de Argentina también en euros y yenes, fuera de Estados Unidos, porque contravendría su fallo de pago simultáneo a los fondos buitres.

“Defoltear y reestructurar todo” sería una especie último recurso para rescatar el conjunto, un 93%, de la deuda externa de Argentina, cuyo pago se encuentra bloqueado en todas las capitales financieras. La alternativa es fogoneada desde el diario BAE (18/7), donde el columnista Alejandro Bercovich, que abreva en el ministerio de Kicillof, ilustra que “Costa de Marfil salió del default en 2011y colocó deuda ayer a 5,62% a 10 años y Ecuador a 7,95 por ciento”, en este caso después de un cese parcial de pagos -un 30%- hace seis años y con una economía petrolera dolarizada.

Poner como vía de salida un nuevo endeudamiento a una tasa usuraria es un despropósito; es la misma tasa que paga la deuda emitida para saldar la indemnización con Repsol y la que reclaman los fondos buitres para cancelar la deuda que se encuentra en defol. Todo el asunto del ‘plan B’ es, sin embargo, puro palabrerío: cualquier defol con los buitres conduciría, por fuerza, a una nueva renegociación del total, ya que activaría el pago de los seguros contra ‘defol’ de Argentina y el pago integral de la deuda reestructurada en 2005 y 2010. En estas condiciones, suponer que los acreedores aceptarían un canje a las mismas tasas de interés y bajo legislación de Argentina, está cerca de la fantasía.

La limitación más fuerte que tendría un defol K es, sin embargo, la ausencia de un plan económico para hacer frente a la sequía de recursos que seguiría a la medida y al boicot financiero no ya internacional sino local. La prueba más firme de que los K aborrecen un defol es, precisamente, la falta, digamos, de ‘un plan B’ para el conjunto de la economía, no sólo para el pago de la deuda. La fuga de capitales es, en Argentina, completamente legal, esto a través de la operación conocida como ‘contado con liqui’, que se efectúa en la Bolsa de Comercio.

Lo que es claro, sin embargo, es que si Argentina salda su débito con los buitres en las condiciones insinuadas por ellos mismos y por los K, o sea las mismas que se establecieron con Repsol, el monto a pagar superaría, a valor presente, los 30 mil millones de dólares, debida a la tasa usuraria que lo acompaña. Sumados a los ‘arreglos’ ya firmados con esta petrolera, el Club de París y los fondos que litigan en el Banco Mundial, la deuda externa crecería, de una vez, en 50 a 60 mil millones de dólares. Este incremento se pagaría a corto plazo -en los próximos cinco años. La deuda pública se iría así a cerca de u$s 350.000 millones, una vez que se le añade la del Banco Central con los bancos locales. La función confiscatoria de la deuda externa sobre el ahorro nacional se reforzaría en forma brutal. Las prioridades de desenvolvimiento de la economía pasarían a ser monopolio absoluto del capital financiero internacional.

Defoltear la deuda con los fondos buitres no sería solamente ‘un mal menor’, sino una verdadera oportunidad, si sirviera para repudiar toda la deuda usuraria, o sea eliminar la deuda externa como condicionante definitivo de la economía y de la política. Pero no puede ser una respuesta aislada y malvinera: debe ser acompañada por un cambio en profundidad del régimen económico y político vigente. Esto significaría nacionalizar el sistema bancario y el comercio exterior, bajo dirección de los trabajadores, para concentrar el ahorro nacional y los recursos financieros, y destinarlos a un plan de industrialización y de objetivos sociales. También significaría proceder a un fuerte aumento de los salarios y jubilaciones y la reapertura de las paritarias así como la apertura de los libros y cuentas de las grandes empresas y el establecimiento de un control obrero generalizado, de modo de orientar sus excedentes a prioridades fundamentales. Implicaría terminar con el despilfarro corrupto de los enormes sobreprecios en la obra pública y el rediseño de sus objetivos, así como poner fin a los negocios parasitarios, mediante su confiscación, empezando por el juego.

La crisis de deuda no es otra cosa que el estallido de una contradicción fundamental entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la naturaleza confiscatoria y parasitaria de la deuda externa y de la deuda pública en general, en especial en las condiciones de la decadencia capitalista y del colapso económico internacional. Esta crisis no tiene salidas ‘mejores’ o ‘peores’: tiene una salida capitalista, lo cual implica una mayor estrangulamiento de las fuerzas productivas, mayor explotación social y mayor miseria, esto por un lado. Y, por otro, tiene una salida anticapitalista, la cual implica la transformación de todas las condiciones económicas y sociales que han llevado a este impasse histórico.