02/05/2002 | 752

Quién paga la quiebra de los bancos

«Las 86 entidades bancarias que operan en el país están técnicamente quebradas. La depresión y la devaluación generaron pérdidas a los bancos por un total de 56.000 millones de pesos en el período que va del 1° de enero al 15 de abril. Según un informe de una calificadora internacional, en pocos meses van a quedar menos de 40 bancos» (Cash, 28/4/02).


«El capital de los bancos podría caer de 21.700 millones de pesos, registrado en diciembre de 2001, a 4.300 millones a fines de este año. Así, la pérdida de capital del sistema bancario argentino podría trepar al 80%» (Clarín, 28/4). Sobre esta base se pronostica que habrá unos 30.000 ó 40.000 despidos de empleados bancarios.


Estos dos informes revelan que la Argentina no tiene un problema de «insuficiencia de demanda», como afirma la CTA, o de «déficit fiscal» como sostiene el FMI, sino una quiebra del sistema financiero que es consecuencia de la quiebra del Estado y de todo el sistema de crédito dado a la gran burguesía.


Los bancos tienen en sus «activos» préstamos y bonos del Estado nacional y las provincias por 39.000 millones de pesos y créditos dados a las empresas por otros 44.000 millones de pesos. La morosidad de esos préstamos privados, coinciden tanto Cash como Clarín, ya es del 30% y el pago de los bonos del Estado es totalmente incierto. Por esos dos conceptos, la pérdida bancaria sería de 36.000 millones de pesos.


Por otro lado, los bancos tienen deudas en el exterior por 10.000 millones de dólares, que deberían cancelar a 3 o más pesos por dólar, lo que, en principio, les representaría una pérdida de 20.000 millones de pesos.


La propuesta del FMI, de los banqueros y de Duhalde-Lavagna es estatizar los quebrantos de los bancos a través del Plan Bonex. Con el otorgamiento a los ahorristas de bonos a 10 años, el Estado asumiría la deuda de los bancos limpiándoles los desvalorizados títulos públicos que tienen en su poder y una gran parte de la cartera morosa de préstamos.


Una norma, aprobada por Remes Lenicov, que permite a los bancos convertir el bono de «compensación» (por pasar los depósitos a 1,40 y la deuda a 1 peso) en un bono en dólares a 1,40 pesos, «representa un costo fiscal de 20.800 millones de pesos, equivalente al 7% del PBI» (Clarín , ídem).


Como se ve, ya hay un operativo en marcha de auxilio a la banca sobre la base de la estatización de las deudas y confiscación de los depósitos, que representa un costo de 76.800 millones de pesos que se está pagando con más deuda, inflación, caída de los salarios y las jubilaciones, desocupación y confiscación a los ahorristas.


Aún así, la caída de decenas de bancos es inevitable porque cada banco tiene una situación distinta. Para el Fondo Monetario «la crisis le da a las autoridades una oportunidad para encarar una reestructuración de la banca pública… incluyendo su racionalización y privatización» (Clarín, ídem).


Los bancos con mayores quebrantos son los extranjeros. «El mayor peso de la descapitalización del sistema bancario recaería sobre las filiales de los bancos extranjeros. Los técnicos del FMI estiman que sufrirían una pérdida del 116%, con lo que hacia fin de año tendrían un capital negativo de 1.375 millones pesos» (Clarín, ídem). Por eso, el canadiense Scotiabank fue el primero en «caer» en la volteada y la «guerra» en la banca extranjera es feroz por desplazarse mutuamente. «Tanto los bancos españoles como los norteamericanos piensan que, en lo inmediato, en el mercado no hay lugar para todos. Por eso en las últimas semanas se armó una guerra de rumores para desacreditarse mutuamente y así jugar a que caigan sus competidores» (Cash, ídem).


Todo esto revela que la confiscación de la banca es la única manera de hacer frente a la bancarrota capitalista. Todas las demás alternativas prolongan la crisis, confiscan a los ahorristas, endeudan más al Estado y significan el despido de miles de empleados bancarios.


La deuda externa sigue siendo el gran negocio


Es llamativo como ha pasado desapercibida la «reglamentación de los préstamos garantizados» (Cronista, 26/4), que Remes logró acometer en su suspiro final. Esos préstamos son los 50.000 millones de dólares, aproximadamente, de la llamada deuda externa local. Dice el diario que «la nueva normativa facilita al tenedor el recupero de los títulos viejos», lo que significa que se acaba la «pesificación» y se vuelve a la deuda dolarizada. Una financista, citada por el diario, recomiendo precisamente «pedir los títulos viejos» en el caso de que hubieran sido emitidos bajo la legislación internacional. Para los que no estuvieran en esta situación, convendría mantener la «pesificación», en función de que serían ajustados por el índice de inflación. Mientras la deuda externa «local» se re-dolariza, los depósitos y los salarios siguen rigurosamente pesificados.


Este es el verdadero rostro del gobierno al que el Polo Social y Moyano le han atribuido una posibilidad «nacional y popular».


Lucha de buitres capitalistas


Hay una lucha a muerte entre las empresas endeudadas, entre las que se encuentran varios monopolios europeos, y sus acreedores, en torno a la ley de quiebras. Una parte de la crisis política gira en torno a esta pelea de buitres, en la cual los deudores capitalistas pretenden descargar la bancarrota económica sobre sus acreedores, y éstos, por su lado, quieren quedarse con las empresas endeudadas. Ante el peligro de que este enfrentamiento disloque por completo al régimen político, que ya se encuentra en ruinas, surgen indicios de que se busca un arreglo, que luce sin embargo precario. Según Morales Solá (La Nación, 28/4), «Hay una avanzada conversación para que el poderoso G7 contribuya al salvamento de empresas extranjeras y nacionales endeudadas en dólares en el exterior, lo que compensaría la ley de quiebras».


Sin embargo, no está para nada claro que los endeudados acepten prolongar su agonía con una renegociación de pasivos en medio de una impresionante depresión de la economía.

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