El gobierno lanzó el “dólar soja 2”, una medida, continuidad de la anterior, que establece ventajas impositivas y un tipo de cambio de $230 hasta el 31 de diciembre para los sojeros, es decir un 39% más alto, con el objetivo de que liquiden 3.000 millones de dólares. Así el gobierno pretende nutrir las alicaídas reservas del Central, en el afán de cumplir con las metas impuesta por el FMI, pero es otra devaluación en cuotas que pagarán los trabajadores.

Con el dólar soja anterior, las patronales sojeras embolsaron $487.000 millones de ganancias por la diferencia en el tipo de cambio, a costa de una enorme emisión por parte del Central. Si esta medida cumple con las expectativas, en este oportunidad los sojeros percibirán ganancias de alrededor de $195.000 millones y, si se tiene en cuenta que la mercadería retenida ronda 12,1 millones de toneladas, y que según analistas al día de hoy significan $85.000 por tonelada, percibirían ingresos por $1.028.500 millones.

Estos extorsionadores volvieron a retener la cosecha una vez finalizado el dólar soja anterior pugnando por mayores beneficios y prevén vender menos de la mitad para guardarse el resto como refugio de valor frente a una devaluación. Mientras el oficialismo, en lugar de cortar con la fuga de capitales incesante, pretende revertir la crisis de reservas premiando con ganancias millonarias a los capitalistas responsables de esta sangría, este precio por dólar se trasladará a la soja y sus derivados, como los alimentos de los animales, lo que volverá a encarecer el precio del pollo, los huevos, la leche y la carne, entre otros.

Con respecto al objetivo, recordemos que todas las divisas que entraron mediante el dólar soja anterior se fueron en pagarle al Fondo. Este pago serial de la deuda externa es uno de los factores fundamentales de la escasez de divisas del Central, y otro de ellos es el uso de las mismas para contener un salto en los dólares paralelos en medio de todas las presiones devaluatorias, entre ellas la retención de la cosecha por parte del capital agrario, esta capacidad también cae en picada al ritmo de las reservas. A esto se agrega la amenaza de sequía, lo cual pone en jaque los ingresos por exportaciones.

Massa afirmó también que lo obtenido por el cobro de derechos de exportación se destinará al financiamiento y subsidios de sectores agrarios como el avícola, bovino, lechero y porcino. Además, el programa restablecerá el diferencial en retenciones para los exportadores de harina y aceite de soja. Las ventas externas de productos procesados dejarán de abonar una alícuota del 33% de derechos de exportación para pasar a tributar un 31%.

Por otra parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió, en un encuentro de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), conceder rebajas impositivas para las compañías que prescindan de los dólares de BCRA para sus compras en el exterior y utilicen divisas propias. Cabe destacar que dicho beneficio fiscal debería ganarle a la diferencia que obtienen las importadoras especulando con la brecha cambiaria para que la medida reporte algún resultado. Esto sucede mientras el Estado ajuste en esferas públicas fundamentales y aumenta su recaudación gracias a la estampida inflacionaria en el afán de cumplir con la meta de déficit fiscal que impone el FMI.

Las iniciativas en carpeta, entonces, no solo denotan un alto grado de improvisación en pos de cumplir con la meta de acumulación de reservas del FMI, sino que además exhiben a una agenda gubernamental completamente ajena a los intereses populares. Mientras la clase capitalista recibe cada vez más beneficios, el Frente de Todos profundiza el ajuste sobre el gasto social, fija un nuevo aumento de indigencia para el salario mínimo y hunde las jubilaciones con actualizaciones divorciadas de la inflación. Queda claro quiénes somos los que asumimos las consecuencias del programa fondomonetarista.

Lo cierto es que para recapitalizar el Banco Central habría que adoptar un rumbo opuesto, donde la crisis la paguen los capitalistas y los resortes económicos del país pasen a manos de los trabajadores, la única clase que persigue el interés general de la población, y, por lo tanto, está dispuesta a repudiar la deuda usuraria, romper con el FMI y terminar con todos los mecanismos de fuga.