Cuando, en marzo pasado, los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y la Argentina organizaron el golpe que destituyó al presidente legalmente electo de Paraguay, Grau, también combinaron que Brasil se hiciera cargo de Grau, la Argentina de Oviedo y Uruguay de otros funcionarios. Los gobiernos que asilaron a estos personajes no lo hicieron como represalia al gobierno que los había derrocado sino como parte misma del golpe, que tuvo una clarísima dirección internacional. Se temía que, a falta de asilo, los afectados habrían podido organizar una resistencia y desatar una guerra civil, lo que igualmente habría podido ocurrir si eran muertos en los acontecimientos.

De modo que, cuando ahora el gobierno de Paraguay reclama la extradición de Oviedo, su pedido no importa, ni pretende que se lo tenga en cuenta, porque tampoco tiene el apoyo de las principales potencias de la región. No es cierto siquiera que la UCR lo avale, ya que fue el mismísimo Alfonsín quien respaldó hace seis meses el otorgamiento del asilo a Oviedo por parte de Menem.

La exigencia paraguaya está motivada por una grave crisis dentro de su gobierno, que es una coalición de corte “aliancista” entre sectores del partido colorado y de la oposición. Anastasio Argaña, el hijo del asesinado vicepresidente de Grau, encabeza el pedido contra Oviedo, como parte del esfuerzo del sector colorado que representa para controlar al actual gobierno y al sucesor que saldrá de las próximas elecciones. Argaña es también el representante paraguayo en la obra hidroeléctrica de Yaciretá, donde se encuentran en juego varios miles de millones de dólares, por un lado en concepto de indemnización por retraso de pagos a las firmas constructoras de la obra y, por otro lado, en concepto de las obras que aún faltan ejecutar para su terminación.

Un senador paraguayo denunció que Menem y Oviedo son socios en empresas prestatarias de servicios de la constructora Eriday. Pero todavía más importante es que, entre los accionistas de ésta, figuran Roggio, Cartellone, Polledo, Macri, es decir varias contratistas pertenecientes a la patria menemista.

Es entonces perfectamente lógico suponer que Menem y Oviedo se encuentran conspirando para intervenir en la crisis paraguaya. El planteo contra Oviedo no apunta a extraditarlo sino a obligar al menemismo a romper la sociedad con el militar y a mandarlo a otro país para alejarlo de las operaciones políticas en Paraguay.

El asunto en su conjunto es una cortina de humo, porque oculta las intenciones de Estados Unidos de instalar en Paraguay un gobierno afín a su política dentro del Mercosur, a conseguir la autorización para entrenar tropas en la selva chaqueña, y a cobrarse los 1.600 millones de dólares que reclama la constructora en concepto de indemnizaciones. Este dinero elevaría en un monstruoso 25% el déficit fiscal argentino.

El Partido Obrero reclama que se den a conocer las comunicaciones diplomáticas de la conspiración para derrocar al gobierno de Grau, entre Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Que se desconozca la comisión de arbitraje de la deuda de Yaciretá y que, en su lugar, una comisión obrera independiente investigue los negociados de esta obra. Que se abran las cuentas de los pulpos internacionales y nacionales que integran Eriday. Que se rechace cualquier intento de maniobras o entrenamientos militares del Pentágono. Por la unidad política de América Latina contra el imperialismo mundial.