El ajuste sobre el gasto social se halla presente en el programa político de todos los partidos tradicionales, bajo el pretexto de achicar el déficit primario en función de reducir la emisión inflacionaria. Ahora bien, culpar del rojo fiscal a las prestaciones sociales es de mínima interesado, ya que no se tiene en cuenta lo que el fisco deja de recaudar a causa de las exenciones y rebajas impositivas que reciben las patronales. Ni qué decir de los millones dirigidos al pago de intereses de deuda del Tesoro y la emisión sideral para cancelar intereses de Leliqs y Pases del Banco Central que cobra la banca.

Las reducciones impositivas constituyen lo que conocemos como gasto tributario, el cual, según Iaraf, equivale actualmente al 20% de la recaudación. La mayor parte del mismo está dirigido a beneficiar a los capitalistas; mostrando una vez más que el esquema fiscal del país es absolutamente regresivo ya que descarga su peso sobre las espaldas de los trabajadores.

En ese sentido, se estima que, en todo el 2023, la rebaja de contribuciones patronales a la Seguridad Social sumarán $105.275 millones. De esta manera, vemos cómo el Estado desfinancia las cajas jubilatorias, a las cuales aportan los trabajadores durante toda su vida laboral, para favorecer a los empresarios, dando como resultado haberes de indigencia y una movilidad previsional sumamente confiscatoria.

A su vez, los “estímulos fiscales” contemplados en los distintos regímenes de promoción económica conllevarán un gasto tributario de $995.057 millones. Entre ellos se destacan los que benefician a la industria de Tierra del Fuego (por $519.720 millones), a las empresas tecnológicas (por $53.036 millones), a la producción de biocombustibles (por $46.679 millones) y a las autopartistas (por $19.815 millones).

En primer lugar, lo anterior desmiente el discurso que esgrimen tanto Massa como Larreta, Bullrich y Milei, que responsabiliza del “desequilibrio” fiscal al gasto destinado en programas sociales, asistencia alimentaria, jubilaciones, etc. como pretexto para ajustar en esas áreas, perjudicando a la población más vulnerable. Omiten la cantidad de dinero que pierde indirectamente el erario público producto de las eximiciones impositivas al capital mencionadas previamente.

A su vez, la magnitud del gasto tributario refuta el argumento blandido por los políticos del régimen de que hay que otorgarles mayores beneficios impositivos a las patronales como condición para crear empleo de calidad y elevar los salarios. Lo cierto es que, a pesar del sinnúmero de excepciones tributarias concedidas a los capitalistas, prima el trabajo precario y la miseria salarial.

Es necesario subvertir las prioridades, terminando con la presión fiscal que sufrimos los trabajadores. Para eso es fundamental eliminar el IVA, un gravamen al consumo completamente regresivo que representó el 36% de la recaudación de los primeros cinco meses del año. También erradicar el impuesto a la vivienda única, ya que solo deberían tributar aquellas construcciones destinadas a la especulación inmobiliaria. Por otro lado, debe desaparecer la cuarta categoría de Ganancias que grava el salario, ya que el salario no es ganancia, sino una mísera porción del valor creado por el trabajador durante su jornada laboral mientras todo el resto es apropiado por el patrón.

Como contrapartida, es necesario aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital -renta petrolera, financiera, propiedad terrateniente, desarrolladores inmobiliarios, etc- y reponer los aportes patronales a la Seguridad Social. El ingreso tributario del país debe orientarse a satisfacer las necesidades populares. Abajo el ajuste fondomonetarista.

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