11/03/1993 | 384

Quieren legalizar la proscripción política

La ruidosa alharaca en torno a la reelección presidencial ha desplazado de la atención de la opinión pública la cuestión más relevante de la proscripción de numerosos partidos políticos, en especial de los partidos de izquierda. El gobierno, en esto con acuerdo del radicalismo, se encuentra abocado a llevar adelante una “reforma partidaria” que otorgue el monopolio político a dos o tres partidos, íntimamente vinculados a los grandes capitalistas. A los radicales les importa muy poco este aspecto, absolutamente decisivo, de la tendencia del menemismo a establecer una “suma del poder público”, precisamente porque está previsto que ellos sean uno de los sumandos.


La proscripción política que está en curso tiene varias características. La primera es el retiro de la personería a numerosos partidos que no obtuvieron el 2% de los votos en dos elecciones consecutivas, lo que constituye una violación al derecho constitucional de elegir y ser elegido y al artículo 23 del tratado de derechos humanos de San José de Costa Rica, que rechaza en forma explícita la utilización de esa arbitrio para vedar la participación política. Para acentuar el carácter limitativo de esta disposición de la ley redactada por la dictadura y ratificada varias veces por el parlamento alfonsinista, los fiscales han rechazado la interpretación de que la personería nacional de un partido queda salvada con la obtención del mencionado 2% en un solo distrito. Esta artimaña ha permitido anular la personería nacional de numerosos partidos que, sin embargo, tienen el derecho por ley de mantenerla.


Lo anterior pone de relieve una política claramente definida para reducir el número de partidos existentes, es decir proscribirlos, en particular cuando se trata de la izquierda. Esto resulta más evidente todavía cuando se conoce el manejo unánimemente discrecional de la casi totalidad de los juzgados electorales del país ante los pedidos de personería de partidos, en especial de izquierda, no registrados aún en los correspondientes distritos. En Jujuy, por ejemplo, la justicia ha exigido al PO que presente a sus afiliados ante el juzgado para ratificar personalmente sus firmas, o que en su defecto lo haga cada uno ante escribano público. En Santiago del Estero, recientemente, la justicia dio por inválidas las afiliaciones presentadas por el PO sin permitir que se pudieran verificar las alegaciones del juez, ni tampoco corregir eventuales defectos. Sumados a otros ejemplos que se podrían citar, puede concluirse con absoluta certeza que existe una acción concertada para impedir que el PO, por caso, recupere su personería nacional, incluso en los términos de la legislación anticonstitucional vigente, violatoria además de otra ley de la Nación, que ratifica el citado tratado de Costa Rica.


El segundo aspecto de la política proscriptiva es el retiro de la financiación estatal a los partidos reconocidos, en concepto de gastos de comunicaciones, transporte y correo. El decreto 2089, que modifica el Fondo Partidario Permanente, solamente admite subsidios por cantidad de votos obtenidos, lo cual garantiza al PJ y a la UCR unos seis y cuatro millones de dólares, respectivamente. El decreto es un resultado del “diálogo político” radical-justicialista. Estos partidos gozan, por otra parte, de los subsidios que se otorgan a sus senadores, diputados y concejales, nacionales y provinciales, precisamente en concepto de transporte, comunicaciones y correos, además de los “gastos de representación”. Lo notable de este decreto, nunca impugnado por la UCR, es que otorga cuatro millones de dólares al Ministerio del Interior, algo completamente fuera de lugar en una ley de partidos, pero que seguramente se destina a “aliviar” la existencia de los partidos derechistas insolventes.


Todo lo anterior está lejos de formar un conjunto inconexo de medidas aisladas. El actual subsecretario de Asuntos Institucionales, Ortiz de Rozas, informó por medio de Clarín (22/2) que el gobierno presentará un proyecto de ley de financiamiento de los partidos, para autorizar los aportes de los pulpos capitalistas. Se pretende “blanquear” así las confesadas contribuciones de los Bunge y Born, Bridas, Techint y otras menos “sanctas” aún al PJ, UCR, Ucedé y Modin por igual —las cuales gozarán del beneficio del “secreto comercial”, pues sólo serán conocidas por los jueces, y quizás de la exención impositiva, es decir que las pagarán los trabajadores.


Es muy “honesto” de parte del gobierno oficializar los aportes de los capitalistas a los partidos patronales, que aquéllos realizan de todos modos “bajo cuerda”; lo que no es para nada honesto es que no se obligue a los partidos y al Estado a divulgar profusamente la lista y monto de esos aportes, y que incluso se castigue la violación de ese secreto, impidiendo así que el electorado pueda saber exactamente a quiénes representan los candidatos.


Podría sonar como contradictorias con todo esto que la ex subsecretaria, Adelina de Viola, y su sucesor, Ortiz de Rozas, hayan coincidido en que promoverían un proyecto de ley que eliminaría la exigencia del 2% para mantener la personería electoral, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Sin embargo, es enormemente más coherente de lo que parece. Una vez efectuada la “limpieza étnica” de la mayoría de los partidos, en especial de la izquierda, la derogación del 2% no tendría ninguna relevancia, y la posibilidad futura de legalización de esos partidos dependería de las arbitrariedades de los jueces. Pero aún si, como se rumorea, la ley tuviera un efecto retroactivo, el efecto de esa disposición sería nulo, ya que sin subsidios de ningún tipo y con la derogación también, como se prevé, de los espacios gratuitos de televisión, la participación electoral de los partidos proscriptos sería puramente simbólica. La derogación del 2%, retroactiva o no, conformaría al Estado con las disposiciones del Tratado de Costa Rica y ayudaría a viabilizar el propósito de que los capitalistas puedan financiar legalmente a los partidos por la eliminación del derecho a la televisión gratuita.


La concentración legal del monopolio político en tres o cuatro partidos de “confianza” y la posibilidad de su corrupción legal por una decena de monopolios capitalistas, interesa mucho más a estos capitalistas y al imperialismo que la reelección presidencial. Se habla de ésta pero lo que importa es aquello otro. La descripción de todos los pasos formales y no formales que se han dado ya y que prevén darse con respecto a la legislación de partidos, confirma el acierto de nuestra vieja denuncia de PROSCRIPCION POLITICA contra el Partido Obrero y los demás partidos de izquierda.


Se impone entonces la realización de una enérgica campaña política contra la proscripción, para lo cual llamamos a un frente único sin excepción, al mismo tiempo que denunciamos el compromiso, principalmente, del radicalismo con el proyecto menemista.


1. Legalización integral a todos los partidos con actuación efectiva.


2. Subsidio estatal en conceptos de comunicaciones y transporte.


3. Prohibición absoluta de las contribuciones económicas de carácter privado.


4. Derecho al uso gratuito de los medios de comunicación en forma permanente.


5. El salario o dieta de los representantes del pueblo no puede sobrepasar a la escala más alta establecida en los convenios de trabajo.


6. Establecimiento de una proporcionalidad rigurosa en los cargos electivos, sin ninguna clase de mínimos.

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