La Fundación Mediterránea y el expresidente del Banco Nación en tiempos de Macri, Carlos Melconian, han propuesto que se pague parte de los salarios de los empleados estatales con un bono público basura, para paliar el imparable crecimiento del déficit fiscal, que llegaría al 6,4 % del PBI –producto de la crisis capitalista mundial y del desplome económico argentino en medio de la pandemia.

Casi en modo de burla contra los trabajadores argentinos, Melconian declaró que “cada uno recibe un poquito de coronamoneda” (El Cronista, 6/5).

Tratándose de quienes viene, no debe tomarse a la ligera. Son los grandes representantes del gran capital que le ha sacado hasta ahora lo que quiso a Alberto Fernández.

La Fundación Mediterránea fue formada por los grupos empresarios de la provincia de Córdoba (Astori, Pagani-Arcor, Corcemar, Roggio y otros 30 empresarios) y el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), en plena dictadura militar genocida en 1977. Rápidamente pasó a ser dirigida por Domingo Cavallo, quien se convirtió en funcionario de la dictadura militar, primero como asesor (en 1979) de Guillermo Klein (secretario de Estado de Coordinación y Programación Económica de Martínez de Hoz), para finalizar como director del Banco Central.

Un rescate para que la crisis la paguemos los trabajadores

La justificación que esgrimen para perpetrar este robo al salario de docentes y estatales es que el default argentino impide financiar el déficit fiscal en el mercado internacional de crédito y que un mayor crecimiento de la emisión monetaria sería luego un búmeran inflacionario en la pospandemia que afectaría la rentabilidad de las empresas. La desvalorización del salario vía la inflación sideral de los últimos cinco años está fuera de su radar.

Se trata de un rescate al capital por varias vías

Primero, porque el pago de una parte de los salarios en bonos no exime de la reducción salarial que gobernadores, intendentes y otros compañeros de ruta de la Mediterránea y de Melconian ya han propuesto, como el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Segundo, porque se trataría de bonos con vencimiento a un año que podrían venderse al término del mismo por su valor nominal, pero si no se pueden aguantar por mucho menos en un mercado secundario. Se habilita así un negociado a costa de los trabajadores que, apremiados por el carácter alimentario de un salario, debieran liquidar desventajosamente el bono.

Tercero, porque solo se podrían utilizar –en la propuesta señalada- “para comprar bienes y servicios que hayan sido más notoriamente afectados por la pandemia, como pueden ser servicios de turismo dentro del país, inmuebles, automotores de producción nacional, motocicletas, entre otros”, además de impuestos y servicios públicos (El Cronista, ídem). Lógicamente, serían recibidos a mucho menor valor que el nominal por todo el arco capitalista que sea beneficiado a costa de esta expropiación salarial.

Bonos “Álvaro Alsogaray 2020”

La salida patronal tiene poco de innovadora. Fue la variante aplicada por un notorio enemigo de la clase obrera, Álvaro Alsogaray, animador de cuanto golpe militar existió en la Argentina, creador del denominado “Empréstito de Recuperación Nacional 9 de Julio”, emitidos cuando fue ministro de Economía de Arturo Frondizi en 1962. Los bonos de Alsogaray, con los que solventó parte de los salarios y jubilaciones de trabajadores públicos, fueron presentados por Alsogaray con la frase histórica de “hay que pasar el invierno”.

Estos bonos basura se devaluaron inmediatamente, y en 1963 representaban el 70 % de su valor nominal.

Plan de lucha ya

Estos enjuagues contra el salario de estatales y docentes vienen siendo tema destacado de la UIA y demás cámaras patronales, del gobierno, de la CGT y de medios y periodistas que actúan como sus voceros desde hace ya más de un mes. Las burocracias sindicales de Ctera y de Ate han avalado por acción u omisión este ataque.

Los sindicatos combativos de la docencia y de estatales debemos salir al cruce poniendo en pie un plan de lucha por la defensa integral del salario de todos los trabajadores.