El juez federal de Córdoba, Rodríguez Villafañe, dejó sin efecto la personería electoral del Partido Obrero de esa provincia. La decisión se hizo circular profusamente con el agregado de que el juez había reclamado la devolución de las franquicias legales del PO. Nuestro partido apeló dentro de los plazos establecidos el fallo del juez, lo cual suspende automáticamente su vigencia.

El juez Rodríguez Villafañe adoptó su fallo en un procedimiento caracterizado por diversas irregularidades. Primero. Reclamó el cese de la personería del PO, algo que la ley reserva exclusivamente al fiscal. Al obrar de este modo, el juez se transformó en parte de la causa, lo cual lo invalida para proseguir en este juicio. Segundo. La sentencia fue dada sin la audiencia previa que exige la legislación para escuchar al fiscal y al partido cuestionado. Tercero. El fallo que deroga la personería no está sustentado en el abono de pruebas, lo cual impide el aporte de las contra-pruebas y la sustanciación del juicio. El resultado de todo esto debiera conducir a la revisión de todo lo actuado y a la recusación con causa del juez, tal como lo pidió el apoderado legal del PO.

Los procedimientos empleados en esta ocasión tienen una derivación más grave aún puesto que impiden considerar la constitucionalidad de la propia ley que se invoca, un asunto que sólo se puede establecer a través de la justicia. El Partido Obrero ya ha dicho hace mucho tiempo que la ley de partidos políticos es atentatoria de los derechos democráticos y de la libre asociación, y que establece un mecanismo de proscripción política. Obliga a los partidos a hacer aprobar su programa y organización por el Estado, y establece un criterio de disolución de los partidos que impide a sus miembros y dirigentes la plena actuación política, lo cual es un derecho ciudadano irrevocable.

Los procedimientos aplicados para dictar el fallo, la premura con que fue dado a publicidad, las alevosas transgresiones cometidas, incluso violando la propia ley, el impedimento para apreciar el carácter de la legislación vigente, tienen una consecuencia política proscriptiva contra el PO. Este es el problema fundamental.

El PO está empeñado en una lucha a fondo en defensa de su legalidad política, contra la proscripción cualquiera sea su argumento, ideológico, electoral o político.

La defensa del PO de Córdoba es una causa democrática porque hace al libre funcionamiento de los partidos en base a sus programas e ideas, sin injerencia del estado capitalista. Llamamos a pronunciarse contra este nuevo ataque al PO.