Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) han lanzado una ofensiva para lograr una modificación en la atención judicial de los Riesgos del Trabajo, con el objetivo de limitar aún más los derechos de los trabajadores en la cobertura de los accidentes laborales. La cámara que las nuclea (UART) realizó un reclamo público contra los peritos judiciales, por los “absurdos periciales y (las) decisiones judiciales arbitrarias” que, dice, suponen una “sobreestimación de los daños reales que puede haber sufrido un trabajador” (Infobae, 5/6).

Las aseguradoras se lanzan sobre los peritos, ya que estos determinan en la instancia judicial los niveles de incapacidad derivados del accidente y, en consecuencia, el monto de indemnización que le corresponde al trabajador. Reclaman “mejores regulaciones contra la discrecionalidad de los peritos”, porque, sostienen, "los desvíos respecto de la tabla de medición de incapacidades, Baremo, representarían un adicional de u$s 5.000 millones respecto de los valores tarifados por las ART" (ídem).

La pretensión es que los peritos judiciales actúen como dependientes de las aseguradoras, definiendo las compensaciones al accidentado con los parámetros establecidos por las ART, de tal manera que al trabajador no le quede ningún resquicio a la hora de reclamar por sus derechos en el caso de un accidente laboral y quede obligado a aceptar la miseria que le regule la aseguradora.

Avanzada

Cuando a principios del 2017 el gobierno publicó el decreto modificatorio de la ley de Riesgos del Trabajo, todos los sectores empresarios, y en particular las ART, saludaron calurosamente los cambios introducidos, que liquidaron derechos históricos de los trabajadores en el terreno de la cobertura de accidentes laborales.

Entre otras cosas, el decreto de Macri liquidó la denominada “doble vía”, que permitía al trabajador recibir el monto que regulaba la ART y, si consideraba que no correspondía a la gravedad del accidente, podía recurrir a la Justicia. Ahora, el trabajador ahora debe elegir entre cobrar la miseria que, en general, regula la aseguradora, o ir a un juicio, sin cobrar un peso hasta que el mismo termine y con la posibilidad de perderlo.

Esto cuando, como efecto del decreto, llegar a la instancia judicial requiere un paso previo por unas creadas “Comisiones Médicas”, integradas por representantes más o menos directos de las ART, que tienen hasta cuatro meses de plazo para realizar sus dictámenes; recién entonces el trabajador está en condiciones de iniciar un juicio. Tales dictámenes resultan al gusto de las ART y las empresas aseguradas, a tal punto que -como reconoció el vocero empresario Daniel Funes de Rioja- aceptan casi el 90% de las mismas sin cuestionamientos.

Es tal el recorte de los derechos establecidos por la modificación de la ley de Riesgos del Trabajo que la propia UART tiene que reconocer que con la misma “hubo una ostensible caída de las demandas, por el acompañamiento judicial y el de las provincias" (ídem): efectivamente, los juicios por accidentes de trabajo cayeron desde entonces casi un 50%. La UART vuelve a batir ahora el parche ahora con los costos derivados de la “industria del juicio”, cuando en verdad, desde que entró en vigencia la reforma hasta este enero, los empresarios llevaban “ahorrados” más de $25.000 millones (Clarín, 18/2) que se libraron de pagarle a los trabajadores accidentados.

Esto cuando, según los últimos datos que divulgó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), del 2017, en ese año se habían producido 743 muertes de obreros como consecuencia de accidentes laborales, pese a que el organismo “subregistra enfermedades profesionales” que provocan muertes, según expertos del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación (IProfesional, 29/10/18).

Además de querer cerrar todos los caminos al trabajador para que pueda lograr una compensación adecuada al tipo de accidente -o a su familia, en caso de muerte-, las aseguradoras también tienen entre sus reclamos que se elimine la cobertura de los accidentes “in itinere” (los que sufre el trabajador en el camino hacia o desde la empresa en la cual trabaja), limitando así las coberturas al período en el que permanece realizando tareas dentro de la empresa. Según datos de la SRT, los accidentes “in itinere” alcanzan al 30% del total.

Esto con el objetivo de liberarlas de toda responsabilidad frente a la siniestralidad creciente que se cobra una gran cantidad de vidas obreras en el “in itinere” por la mayor utilización de medios propios de traslado (bicicletas, motos), dado el creciente costo del transporte público o por desastres en estos medios.

Estos golpes contra las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y empleados comenzó durante el gobierno K, que impulsó las primeras modificaciones antiobreras de la legislación de riesgos del trabajo, y se amplió con el citado decreto macrista, que contó con el beneplácito del PJ y el acompañamiento de la burocracia sindical.

En guardia

Hay que parar la ofensiva del gobierno, las aseguradoras y el conjunto de las empresas que están limitando drásticamente la cobertura de los accidentes de trabajo. Basta de prepotencia y ataques a las condiciones de vida por parte de las ART.

Se trata de una pelea por la derogación de la modificación a la ley, y su sustitución por otra que establezca la plena responsabilidad de las empresas empleadoras por los accidentes del trabajador y el control de comisiones obreras.

Al interior de las empresas, ante la traición de la burocracia sindical, es una tarea de las comisiones internas, los cuerpos de delegados y los sindicatos combativos intervenir en las fábricas y demás lugares de trabajo para enfrentar esta ofensiva, con comisiones electas por los trabajadores, que tengan poder de veto ante procedimientos peligrosos y cuenten con facultades para reducir los ritmos de la producción en cuidado de la salud del trabajador.

Esta intervención se ha transformado en una necesidad imperiosa frente al despotismo patronal y del Estado.