18/12/1997 | 569

Quieren una salida policial a la crisis policial

La magnitud de la crisis de la policía de la provincia de Buenos Aires plantea una crisis política, que excede largamente los límites de la provincia. La sola constatación de la participación de su personal jerárquico en el más grave atentado sufrido en el país, la AMIA, y en el crimen político más resonante, Cabezas, bastan para medir el alcance de su descomposición. A esto se suman las diarias revelaciones sobre la participación de policías en todo tipo de delitos.


La ‘bonaerense’ configura una base de operaciones con estructuras en cada área de delito. Las páginas de los diarios detallan minuciosamente los valores estimados de la ‘producción’ en concepto de tráfico de drogas, juego clandestino, prostitución o comercialización de autos robados, y el canon que perciben las comisarías.


La denuncia de la vinculación de 30 comisarios con el juego clandestino empalidece ante la investigación a 2.400 policías implicados en el armado de sumarios «truchos» de accidentes de tránsito para el cobro del respectivo seguro. Lo mismo ocurre con la más reciente evidencia de la ‘banda mixta’ de policías, camaristas y abogados (en la que se encontraba el ex juez Llermanos), dedicada a sacar presos, preferentemente los asesinos llamados de ‘gatillo fácil’.


La envergadura de los delitos y la amplitud de la participación de la cúpula policial cuestionan al poder político —Duhalde— que les da cobijo. Revela, asimismo, los métodos conspirativos del aparato de dominación de los capitalistas.


Todo esto ha salido a la luz como consecuencia de la movilización popular por la AMIA, Cabezas y los asesinatos del llamado ‘gatillo fácil’. Es oportuno recordar, de paso, que el conjunto de la izquierda democratizante repudió las movilizaciones por la AMIA y calificó de ‘sionista’ al Partido Obrero por haberlas apoyado (denunciando a la dirección de Beraja).


La crisis puede provocar la intervención de la provincia.


Atrapados sin salida


Los políticos patronales están pergeñando toda una variedad de soluciones al llamado problema policial y aprendiendo, de paso, las enormes crisis que plantea cada una de esas salidas.


«Municipalización». Impulsada originalmente por Duhalde, fue desestimada porque dejaría al poder político provincial sin un aparato represivo que le respondiera directamente. Si para remediar esta consecuencia, se mantuviera por encima de las «policías municipales» una fuerza provincial, se estaría recreando a la ‘bonaerense’. La municipalización habría hecho realidad el sueño de Rousselot de sus «Vigías de la comunidad», lo que, se constató, era un reducto de matones de la ‘mano de obra desocupada’ dejada por López Rega.


Gendarmería. Su intervención fue requerida por el juez Van Schilt, ante la amplitud de la participación de policías en la confección de sumarios truchos y la desconfianza en que la ‘bonaerense’ pudiera investigarlos. Brown se opuso y reivindicó a la ‘bonaerense’, pero todo el asunto fracasó porque los propios mandos de la Gendarmería se negaron a intervenir, seguramente por orden de los mandos de las fuerzas armadas.


Jefe civil. Un síntoma del desconcierto de Duhalde ante la crisis policial lo reveló el planteo de colocar al frente de la policía a un ‘civil’, concretamente al ex fiscal del juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo. La negativa de Moreno Ocampo tiene que ver con su instinto de supervivencia. Moreno Ocampo rechazó la oferta, pero arrimó sugerencias: propuso la creación de una «Conadep» para recibir las denuncias de la población, y convocar a «gente de derechos humanos y a empresarios», porque «el tema de la policía es un tema económico. Hay fuertes intereses para que no haya una limpieza de la Policía Bonaerense» (La Nación, 4/12), en referencia a Yabrán y a sus aliados. La ‘propuesta’ de Moreno Ocampo equivale a una ‘privatización’ de la policía, o sea a una mayor anarquía.


Policía judicial. Hay quien plantea quitarle a la ‘bonaerense’ la instrucción de las causas y dárselas a ‘policías judiciales’. Pero basta ver las ‘bandas mixtas’ de policías y jueces para fraguar sumarios, para darse cuenta que esa medida serviría para legalizar lo que hasta ahora se denuncia como asociación ilícita.


Purgas. El solo hecho de que la situación se vaya agravando a medida que una purga le sucede a otra; revela la inocuidad del método. Las purgas dejan en la calle a los peores delincuentes, con profusa experiencia, contactos intactos y la complicidad de los policías en actividad. En un reportaje de Página 12, un comisario señala: «Como está la fuerza en este momento, nadie controla nada y menos a hombres a los que se los considera ex compañeros». Las famosas purgas de Duhalde no son más que retiros elegantes; no hay juicio ni castigo, ni menos una liquidación integral del viejo aparato policial.


Duhalde a la Meca


En febrero, Duhalde hará un viaje a EE.UU. por el tema de la seguridad; en realidad, fue convocado por la embajada norteamericana, ya que originalmente pensaba mandar a Brown. El imperialismo está preocupado por la crisis de la ‘bonaerense’, y por los lazos que tiene con sus rivales internacionales y el narcotráfico.


Duhalde viaja a EE.UU. para ‘copiar’ a la policía de Nueva York, que supuestamente ha reducido los ‘índices de criminalidad’ por medio de un mayor espionaje y una mayor represión, o sea, un mayor cercenamiento de los derechos democráticos, en especial de los negros, los hispanos y los pobres. La brutalidad de la policía neoyorquina es antológica; como lo recuerda el sonado caso del trabajador haitiano, al que cuatro ‘azules’ le introdujeron una sopapa en el ano mientras se burlaban diciéndole «Estos son los tiempos de Giuliano». El caso motivó una gigantesca movilización de repudio.


La policía neoyorquina obliga a la población a convertirse en ‘sus oídos y sus ojos’. Pero la delación no sirve contra sus protegidos: en los últimos 4 años, sobre 16.327 denuncias contra la policía, sólo tuvo algún efecto el 1% de ellas. A estas ‘fuentes’ ha ido Duhalde a buscar ‘soluciones’.


Para Duhalde, autor de los decretos de nocturnidad, de la persecución sin pausa de la juventud y mentor de la ‘mejor policía del mundo’, con Klodczyc a la cabeza, la constitución de un Estado policial es todo un objetivo.


El acuerdo suscripto por Duhalde para que el FBI y la DEA se hagan cargo de ‘entrenar’ a la ‘bonaerense’, como ocurre con la policía de Haití, pretende ganarse la simpatía de EE.UU. y conservar sus posibilidades para la presidencia.


‘Civilizar’ a la policía


Hay quien opina que la crisis policial es un producto de su ‘cultura dictatorial’. Pero quienes permitieron que se conservara esa ‘cultura’ son los‘demócratas’ como Armendáriz, Alfonsín, Cafiero, Menem y Duhalde, que amnistiaron a esa policía y la cooptaron para poder encubrir los negocios y las conspiraciones de esos mismos políticos ‘democráticos’.


¿Cómo podrían eliminar la ‘cultura dictatorial’ los aliados políticos de Bussi, Patti, Rico, Menéndez, Ulloa?


Una salida


El aparato del Estado —incluso, y en primer lugar, el de la democracia— es por sobre todo un aparato de hombres armados. El carácter de los cuerpos armados radiografía el del Estado: la descomposición de la policía es una expresión, quizás la más podrida, pero sólo una expresión más, del régimen político en su conjunto. ¿O acaso los criminales —económicos, penales y de toda índole— no están metidos en todas las instituciones del Estado, como dipautados, ministros, concejales y gobernadores?


La ‘criminalización de la democracia’ es una expresión de la descomposición de conjunto de todo el régimen burgués. Los negocios ilegales, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución infantil, la pornografía, el armamentismo, las guerras, el juego, el secuestro y el chantaje, tienen un peso descomunal creciente en el movimiento general de la economía capitalista.


La crisis policial no se va a remediar con conadeps impotentes, ni con ‘jefes’ civiles. La superación de la represión pasa por el desarme de los cuerpos represivos y el armamento general de la población. La seguridad de la población requiere el encarcelamiento de la cúpula policial y el juicio político a sus padrinos políticos, o sea, Duhalde, Menem, todo el régimen político.


 

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