En la mañana del jueves 28 de agosto, unas 150 personas se movilizaron a la sede de Aguas Argentinas de Quilmes para reclamar contra los cortes de agua, los altos costos, el cobro de la reparación de cañerías en la vía pública a los usuarios, y en favor de la eximición del pago a los desocupados y jubilados.

Como lo denunciaban los manifestantes, Aguas Argentinas les está cortando el servicio a cientos de vecinos que no pueden pagar.

Esos altos costos y cortes de servicio, la falta de inversión y la instalación de medidores demuestran el carácter parasitario y retrógrado de las privatizaciones.

Un “medidor de agua” sólo tiene su origen en el lucro capitalista, pues el agua es un recurso natural, renovable, y los costos de potabilización y de mantenimiento de la red tienen igual valor si un vecino gasta más o menos litros de agua por día.

El costo de la tarifa ha aumentado enormemente desde la privatización, el agua en Quilmes era municipal —Dirección de Servicios Sanitarios— y fue privatizada en la gestión del intendente anterior, siendo autorizada por un decreto del gobernador Duhalde en medio de un escándalo.

El agua es un elemento vital. En el siglo pasado, para erradicar grandes pestes como el cólera, etc., el Estado colocó la red de agua potable en los grandes conglomerados urbanos. Hoy, los ‘modernos’ gobiernos de Menem, Duhalde y Scarabino dejan sin agua a cientos de familias de desocupados y jubilados, mientras gastan mucho dinero en propaganda de cómo controlar “el cólera” con dos gotas de lavandina.

“Agua Sí, Robo No”, decía un cartel que presidía la movilización, y éste es el problema esencial, si continúan las privatizaciones de las empresas del Estado nacional y las provinciales (Duhalde ahora acaba de privatizar la Empresa de Energía ESEBA), continuarán los cortes, las altas tasas, la falta de inversión, pues los pulpos privatizadores nos consideran clientela cautiva, y continuará el robo del patrimonio nacional y del bolsillo de los trabajadores.

Sí al Agua y sí a la vida. Es imprescindible la renacionalización sin pago de las empresas privatizadas, la reestatización de los servicios sanitarios. No a los medidores. Eximición de pago a los desocupados y jubilados. Control de los trabajadores y los usuarios del funcionamiento y administración de estas empresas.