El mandato de Francisco “Barba” Gutiérrez como intendente de Quilmes es un fiel reflejo del pacto existente entre el poder político y el aparato policial, el cual participa directa o indirectamente de todas las violaciones a los derechos humanos que se registran en el distrito.

El 18 de enero de 2014, Alan Ceballos, de 26 años, murió luego de recibir un disparo cuando dos individuos intentaron robarle la moto. Cinco meses más tarde, y a menos de 20 cuadras de donde sucedió este hecho, Adrián Novillo fue golpeado por una patota al salir del boliche donde trabajaba como tarjetero; luego de catorce días de internación, falleció el 27 de junio. El 5 de febrero, el cuerpo de Héctor Enrique fue encontrado por miembros de la Comisaría 2° de Bernal, en la entrada de la Villa Itatí. Según el relato policial, Héctor fue apuñalado por un individuo que quería robarle el celular.

Estos hechos tienen un denominador común: la liberación de las zonas y la complicidad por parte de la policía. En los tres casos mencionados, las cámaras de seguridad puestas por el municipio no funcionaban.

Los familiares de las víctimas se movilizaron exigiendo justicia y fueron amenazados en varias oportunidades: el padre de Alan fue baleado en su puesto de feria un mes después de la muerte de su hijo, mientras que la familia Novillo se vio obligada a irse del barrio debido a las constantes amenazas. Los testigos, por miedo a represalias, no quieren declarar. Los testimonios de aquéllos que sí se presentaron fueron desestimados por los fiscales, como sucedió en el caso Novillo.

Lo ocurrido no es la excepción, sino que es la regla. La avenida Calchaquí, una de las principales calles de Quilmes Oeste, es una pequeña muestra de los negocios con complicidad policial que se despliegan en el distrito: locales bailables sin habilitación, supuestos “spa” en donde funcionan prostíbulos, ingreso de menores a boliches, así como venta de drogas y bebidas alcohólicas a menores de edad.

Esta red de negocios, que aumenta la caja chica de las comisarías que controlan la zona, abre un escenario donde se encuentran patovicas acusados de robar y golpear a menores, tiroteos y riñas callejeras a la salida de los boliches. La venta de autopartes en desarmaderos, instalados en su mayoría también en Quilmes Oeste, tampoco queda fuera de este escenario de impunidad -Alan Ceballos fue asesinado para robarle su moto. Detrás de cada uno de estos hechos existe una trama de negocios que vincula al gobierno municipal, sus funcionarios y el aparato policial. En este contexto, es necesaria la formación de un movimiento contra la impunidad, que denuncie la complicidad del Estado y el gobierno de los Milani, Berni y la Bonaerense.

Basta de zonas liberadas, que se controlen los libros de guardia de las comisarías por asambleas de vecinos. Reorganizar la seguridad sobre bases completamente nuevas, terminando con las mafias policiales.