Según datos del Indec, son 320.000 las personas pobres que habitan la región de La Plata, Berisso y Ensenada. De estas, más de 80.000 no cubren las necesidades básicas y son consideradas indigentes. El 9% de indigencia en el Gran La Plata está entre los porcentajes más altos del país y de los partidos de la provincia de Buenos Aires.

La desocupación plena creció en la región por encima de la media nacional, y llega al 6,5%. Pero si se toman en cuenta a los subocupados y demandantes de mayores horas de empleo, el porcentaje de personas con problemas de trabajo trepa al 30% (unas 140.000 personas). Es en la juventud donde la destrucción del empleo bajo convenio escala brutalmente con la proliferación del trabajo en negro, y del monotributo, que reemplaza la relación laboral asalariada liquidando toda estabilidad y jubilación a futuro.

Kicillof y los intendentes son responsables

Las paritarias a la baja (60% en cuotas), pactadas entre Kicillof y las burocracias de ATE, Upcn, Suteba y Salud Pública, llevan a miles de trabajadores estatales, docentes y de la salud a la pobreza. Sobre el bolsillo de los trabajadores pesan el tarifazo de la luz dispuesto por el gobernador, y el aumento del 261% en el precio de distribución del servicio eléctrico, que va a incrementar el costo total de las boletas en un 30%.

Se calculan en por lo menos unas 200.000 personas las que están forzadas a sobrevivir en los 261 asentamientos precarios del Gran La Plata, prácticamente sin servicios de luz, agua ni cloacas. El precio de los alquileres -disparado por el Código de Ordenamiento Urbano de Garro, una continuidad del anterior COU del peronista Pablo Bruera- hace estragos entre los trabajadores, y es un factor expulsivo de los estudiantes del interior que concurren a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y deben costearse estudios y estadía.

Kicillof llevó al limite el vaciamiento de la empresa Aguas Bonaerenses (Absa), y carga con el curro de la “patria contratista” (Coninsa), acusada de adulterar materiales para abaratar la construcción del Acueducto Norte. El “normal” inicio de clases fue un descalabro mayúsculo provocado por el ajuste educativo, la falta de obras escolares y el derrumbe de las condiciones de estudio y trabajo. El intendente platense Julio Garro (Juntos) debe responder por la subjecución y desvío de recursos del Fondo Educativo que llega al municipio.

El acuerdo salarial pactado entre el intendente amarillo Garro y las burocracias municipales de la ciudad de La Plata establece un 50% de aumento -en varias cuotas hasta setiembre-, cuando el FMI proyecta un 98% de inflación anual y las consultoras privadas un 120%. Cínicamente, el intendente del PRO habla de llevar tranquilidad a los trabajadores con aumentos que equivalen a la mitad de la inflación y salarios de pobreza. Garro es el primer precarizador en La Plata. La municipalidad mantiene 7.451 empleados municipales con contratos precarios sobre una planta total de 10.000, es decir que un 75% de la masa laboral permanece en la inestabilidad y sujeta a las presiones y bajas de contrato.

Una reorganización de la ciudad capital de la provincia sobre nuevas bases plantea un programa de emergencia y de movilización de la mano de obra desocupada, con salarios bajo convenio, y financiado con un gravamen extraordinario al capital inmobiliario y grandes capitalistas de la región.

Programa

1) Apertura y control de los libros de la municipalidad. La subvaluación recurrente del presupuesto municipal le deja las manos libres a Garro y al Concejo Deliberante para derivar y desviar recursos, y es un instrumento para condicionar los salarios municipales a la baja.

2) Derogación del Código de Ordenamiento Urbano (COU). Plan integral de viviendas y obras públicas e hidráulicas bajo control de los trabajadores y asambleas vecinales. Urbanización de los 261 asentamientos precarios, financiada con un gravamen extraordinario al gran capital inmobiliario.

3) Basta de depredación ambiental. Creación de comités de defensa del ambiente conformados por las organizaciones ambientales y los vecinos contaminados. Por una Coordinadora Regional de Asambleas Barriales y Vecinales en defensa de una ciudad de los trabajadores.

4) Basta de tarifazos y cortes de luz y agua. Fuera Edelap y los privatizadores. No al vaciamiento de Absa. Investigación de la contratista Coninsa y rescisión de su contrato con la provincia.

5) Efectivización de todos los trabajadores municipales contratados. Salario igual al costo de la canasta familiar, indexado por inflación. Paritarias sin techo y paritarios con mandato electos por los trabajadores. Por un Astillero Río Santiago (Ars) estatal y bajo el control de los trabajadores. No a las sociedades de Estado y anónimas privatistas en el Ars y el Instituto Biológico.

6) Derogación del represivo Código de Convivencia de Garro, con el que se penaliza y persigue las manifestaciones populares, a los migrantes y al comercio cuentapropista. Apoyo a todas las luchas obreras por salario, trabajo, vivienda y por la democracia sindical. Disolución de la guardia urbana.

7) Control de la comunidad educativa y las organizaciones de lucha de los trabajadores del Fondo Educativo. Investigación de los fondos subejecutados y desviados por Garro durante el 2022. Obras de infraestructura para todas las escuelas y aumento del presupuesto educativo provincial.

8) Basta de femicidios y travesticidios. La Plata no es solo la capital provincial de los asentamientos precarios sino también de los femicidios y crímenes de odio contra las diversidades sexuales. Plena implementación de la IVE y del cupo laboral trans. Creación de casas refugio para mujeres. Pleno funcionamiento de la Casa Sandra Gamboa para las víctimas de violencia de género. No al recorte de la UNLP al área de atención de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) e ILE (violaciones y riesgo de la madre).

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