El ejecutivo municipal (PJ) ha enviado al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para reglamentar la actividad que realizan los lava coches en la vía pública. La propuesta es justificada desde los partidos de gobierno como una medida contra la inseguridad, para separar a aquellos que lo hacen de "buena fe" de quienes delinquen en el espacio público. 

 

El mismo estipula un registro municipal que establece una serie de restricciones y penalizaciones para quienes desarrollen la actividad. Se establece como requisito para ser cuida coche ser mayor de 18 años, tener al menos 6 meses de antigüedad en la actividad, capacitarse y presentar un certificado de buena conducta; en caso de incumplimiento, el municipio se reserva el derecho de establecer penalidades contra los infractores. Al mismo tiempo, el gobierno se reserva  la potestad de establecer los lugares y horarios en los cuales podrán actuar.

 

Esta regimentación estatal refuerza el poder de quienes regentean el delito en las calles y corta el hilo por lo más delgado. Es impensable que un "lava coche" pueda pedir dinero mediante una amenaza o extorsión sin contar con una red que lo ampare, incluida la connivencia policial y del poder político. Un mayor reforzamiento represivo sólo servirá para reforzar el dominio de quienes controlan estos negocios sobre el eslabón más débil, el cuida coche, y sobre el conjunto del espacio público en base a su propia impunidad. 

 

Desde el punto de vista laboral, es evidente que no ofrece una solución al problema de la desocupación ni una mejora en las condiciones totalmente precarias de quienes cuidan coches para juntar "el mango". Por el contrario, el propio municipio "negrea" a una gran cantidad de trabajadores encuadrados en cooperativas truchas que cobran salarios miserables y no cuentan con ningún tipo convenio ni derecho a la sindicalizción. 

 

Luchemos por trabajo genuino. Abajo la represión.