Un conjunto de integrantes de asociaciones vecinales de Núñez, Belgrano, Barrio River y Bajo Belgrano compartieron un encuentro con Marcelo Ramal, candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda. La reunión formó parte de un ciclo de encuentros que estas asociaciones vienen organizando con diferentes candidatos. Los vecinos desarrollaron varios de los problemas más acuciantes de la zona. Entre ellos, la situación que soportan como resultado de los recitales multitudinarios que se organizan en la cancha de River y que -según verificaron diferentes estudios- provocan vibraciones que colocan en riesgo desde la integridad del propio estadio hasta las viviendas que se localizan en sus inmediaciones. Las asociaciones vecinales presentaron todo tipo de denuncias ante la Legislatura, la Defensoría del Pueblo y hasta el Tribunal Superior de Justicia, sin haber tenido respuestas. Según nos relataron, una de las integrantes de la corte porteña les dijo que, si en el curso de un recital se producía un accidente masivo -v.g., derrumbe de una bandeja de la tribuna- se trataría de un "suicidio colectivo" (sic). Es el mismo argumento con el que se pretendió justificar al poder político y sus funcionarios cuando ocurrió la tragedia de Cromañón.

La ruta de la impunidad

En este caso, la culpa tampoco es del rock ni de la juventud, sino de la "zona liberada" que se ha creado en River y en el barrio todo, en beneficio de la "industria del espectáculo" (y también de la "industria" del deporte, o sea, del copamiento de los clubes por parte de grupos capitalistas). Los vecinos nos explicaron que bastaría un conjunto de obras de reforzamiento y acondicionamiento acústico del estadio para aventar el peligro actual. Ningún inspector ni autoridad obliga al club a hacer esa inversión. Del mismo modo, en cada recital se viola con total impunidad el caudal de público: el estadio está habilitado para 40.300 personas, pero en los recitales ingresa hasta un 50% más. ¿Cómo se explica esto? Cromañón sacó al descubierto un régimen de "controles" ficticios, pactado entre el gobierno de Ibarra y los capitalistas del espectáculo. A su manera, Macri ha construido su propio régimen paralelo en materia de controles. A poco de asumir, constituyó las "Agencias de Control Comunal" y de "Protección Ambiental". Son entes autárquicos, o sea que representan un avance más en el desarrollo de un régimen paralelo de administración estatal -tal como ya existe con el manejo del suelo (Corporaciones Puerto Madero y del Sur), el transporte (Ausa) o el crédito (Banco Ciudad). La Agencia construyó su propio sistema de controles, fundado en la "tercerización" de las verificaciones. Así, el primer director de la Agencia terminó "renunciado" después del escándalo producido en 2010 por el derrumbe de Villa Urquiza. En el caso del barrio River, los vecinos exigieron auditorías independientes sobre las vibraciones del estadio, que han sido cajoneadas en la Legislatura. En la reunión, los vecinos también se refirieron a las "usurpaciones VIP", o sea a los boliches y construcciones ilegalmente enclavados sobre espacios verdes. Ni qué decir de las excepciones inmobiliarias, otra vía de usurpación bendecida -en este caso, por la acción legislativa. Así, nos exhibieron las maquetas de "megatorres" a construirse en las cercanías del aeroparque, que violan todas las zonificaciones vigentes.

Intercambio de ideas

En el diálogo que sostuvimos, relatamos la lucha librada por la banca de Altamira contra los acaparadores del suelo. Entre ellas, la denuncia de las excepciones inmobiliarias en favor del museo Constantini o de la Clínica Fleni, que varios de los presentes recordaban. A los legisladores de los partidos que gobiernan o gobernaron la Ciudad -y en particular los autoproclamados "progresistas"- les gusta calificar a la acción de las organizaciones vecinales de la zona norte como "protestas de sectores acomodados". Es la excusa para defender a las grandes constructoras y "desarrolladores" inmobiliarios. Se plantea una lucha en el terreno del control para romper el pacto entre los empresarios y el Estado en torno de las condiciones laborales, de habilitación o de seguridad de las industrias, comercios o espectáculos, y someterlos al control de quienes trabajan en ellos y de quienes soportan su impacto. Una banca del Frente de Izquierda, explicamos, serviría de cuña para batallar por estos reclamos, amplificar su tribuna y reforzar la organización en los barrios y comunas contra los grupos inmobiliarios y sus punteros. Al final de la reunión, combinamos la realización de nuevos encuentros, en cada uno de los barrios presentes. En un lugar donde el macrismo se impuso con el 83% de los votos, hemos vencido prejuicios y abierto un vínculo político. "Después de todo -dijeron en la despedida- ustedes han sido muy tenaces en luchar contra gente muy parecida a la que nosotros denunciamos".