La lluvia de balas que cayó sobre el auto en que intentaban huir los ladrones del Banco Nación de Ramallo, el asesinato de los rehenes, el ‘tiro de gracia’ que recibió uno de los ladrones desarmados y heridos una vez que la balacera policial terminó, el misterioso ‘suicidio’ de un detenido y la sistemática destrucción de pruebas por parte de la policía en los momentos inmediatamente posteriores a la masacre, no son la consecuencia de una supuesta ‘impericia’ policial o de la falta de un mando unificado.

La masacre obedeció a la imperiosa necesidad de eliminar todas las pruebas, evidencias y testigos de que el fracasado asalto había sido armado por la propia policía.

“Un informe de inteligencia que se conoció anteayer indicaba que (…) los tres delincuentes que coparon la sucursal de Villa Ramallo del Banco Nación actuaron con complicidad policial” (La Nación, 24/9). Martín Saldaña, el preso que apareció ahorcado en una celda policial, habría participado con anterioridad en otros hechos criminales en los que también habrían hecho policías y ex policías (ídem, 23/9). Precisamente entre las ropas de Saldaña se encontró un plano detallado del interior de la sucursal.

La ‘conexión policial’ de los asaltantes de Ramallo parece ser lo suficientemente extendida geográficamente como para que “la banda contara con apoyo de policías de Zárate-Campana y de La Plata” (Clarín, 22/9). En la cúpula de esta ‘conexión policial’ se encontrarían oficiales de alta graduación. Esto es lo que explica que “durante la crisis hubo dos negociaciones paralelas: una oficial(…) y una segunda, no se sabe aún con quiénes (…) La policía nunca cortó las cuatro líneas telefónicas del banco (y sólo intervino tres de las cuatro, dejando sintomáticamente una libre). Se sospecha que por una de ellas podría haber llegado un guiño para que la banda saliera de la sucursal” (ídem). Los sobrevivientes denuncian que, durante el secuestro, los ladrones se comunicaban con un ‘handy’ (sintonizado en la frecuencia policial), pero no aparece entre los elementos que la policía halló en el banco.

Pero el ‘guiño’ que los ladrones recibieron del ‘negociador paralelo’ no fue más que una ‘cama’: desde diez minutos antes la policía sabía que los ladrones iban a salir con los rehenes. El hermano del gerente asesinado denunció que “la salida fue pactada” y que altos oficiales “salieron dispuestos a dar leña” (ídem, 24/9). Lo mismo denuncian los familiares del contador asesinado: “salieron a matar”.

La masacre fue cuidadosamente preparada y profesionalmente ejecutada para borrar pruebas.

Un aparato criminal

La matanza de Ramallo ha puesto al descubierto la verdadera naturaleza de la llamada ‘crisis de seguridad’. Es la propia policía la que organiza las bandas, recluta a los delincuentes, los arma, recoge datos de ‘inteligencia’, les brinda ‘infraestructura’ y se queda con la parte del león de lo ‘recaudado’. Cuando estas bandas ya no les sirven —o cuando fracasan, como en Ramallo— simplemente se deshacen de ellas sin dejar testigos.

Esta estructura criminal no sólo está enquistada en el aparato del Estado; es su mismo corazón y su sistema nervioso. Son ellos los que protegen los crímenes de los funcionarios ‘políticos’ del Estado y de los ‘poderosos’. Y, por sobre todo, son los que defienden —con los métodos que mostraron en Ramallo— la explotación de la clase social capitalista sobre el pueblo trabajador y explotado. Finalmente, no es una casualidad que el grupo GEO, principal sospechoso de la masacre, sea la fuerza de choque de Duhalde contra las manifestaciones populares y los cortes de ruta y para llevar adelante razzias en las villas y barriadas obreras.

Encubrimiento

Si la masacre fue un operativo policial para encubrir la participación policial en la planificación y montaje del frustrado asalto, ahora asistimos a un operativo político-judicial para encubrir la masacre:

-Ha desaparecido el ‘handy’ a través del cual los ladrones se comunicaban con el ‘negociador paralelo’;

– Pasaron más de dos horas desde que se dio la orden de incautar las armas utilizadas por los policías hasta que fueron efectivamente entregadas, lo que llevó al juez a sospechar que hayan sido cambiadas o ‘acondicionadas’;

– El ‘suicidado’ Martín Saldaña no sólo era el delincuente que mayores relaciones tenía con la policía; fue también el último que habló con el ‘negociador paralelo’ y el que, en consecuencia, podía denunciar la ‘cama’ que les armaron.

– La policía, así como la Prefectura (que la reemplazó en la investigación), mostraron un llamativo desprecio por la recolección de las pruebas, como por ejemplo las balas utilizadas en el tiroteo. Los vecinos de Ramallo denuncian que los ‘investigadores’ les dicen que se queden con esas balas como ‘recuerdo’ (Página 12, 25/9).

-Han comenzado a aparecer “informes de inteligencia” de origen desconocido, que intentan ir estableciendo una “historia oficial”.

– A diez días de la masacre, el ladrón sobreviviente (Martínez) es el único imputado, acusado del triple asesinato de dos de los rehenes y del restante ladrón. No hay policías acusados, ni por el tiroteo ni por la muerte de Saldaña en la comisaría.

Todo esto ha llevado a La Nación (27/9) a señalar la existencia de “maniobras para ocultar a los culpables (y) proteger a los policías implicados”, armadas por el propio gobierno bonaerense.

Desmantelar la Bonaerense

“Yo no quiero que a los responsables se los separe del cargo: yo quiero que vayan a la cárcel, el que sea”. Las palabras de la hija adoptiva del contador asesinado Carlos Santillán son sólo el reclamo elemental de los familiares y la ciudadanía democrática. Son, además, todo un programa para resolver la llamada ‘crisis de inseguridad’ de la provincia.

Porque no sólo tienen que ir presos los que dispararon y los que dieron las órdenes de disparar. También deben que ir los que organizaron el asalto y los que llevaron adelante la ‘negociación paralela’. Y tienen que ir presos los que hoy —tanto en la policía como en la Justicia y en el gobierno— están encubriendo a los responsables de la masacre. En resumen, para esclarecer la masacre de Ramallo, hay que desmantelar a la Bonaerense y al propio aparato del Estado capitalista.