30/11/2021

Rapiña inmobiliaria ante un mercado en picada

Los colegios de corredores mantienen una guerra con la firma Remax y sus franquicias precarizadas.

Los colegios de corredores de distintas provincias y ciudades del país vienen desatando una guerra contra la firma internacional Remax para obtener su prohibición y retiro del mercado inmobiliario. El eje de la discusión es el modelo de franquicias de esta empresa, que elude regulaciones de la profesión y extiende una red de “agentes” precarizados, que se disemina por un mercado chico, acechado por la crisis económica y habitacional.

La empresa Remax ya habría tenido un revés en esta materia, con un fallo en contra de la Inspección General de Justicia (IGJ), que dispuso la disolución de Remax Argentina y la liquidación de su operación local, lo cual ahora debe sustanciarse ante la Justicia Comercial y podría demorar unos cinco años más.

La madre de las batallas sucede en la Ciudad de Buenos Aires, entre el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba) –promotor de la denuncia ante la IGJ- y la empresa Remax que acaba de responder con una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, acusando a los colegios profesionales de “boicot, cartelización y abuso de posición dominante”.

Mercado chico y negocios salvajes

El mercado inmobiliario se encuentra en uno de sus peores momentos, con una alta oferta de venta de inmuebles e ínfimos niveles de realización y escrituración, y con un mercado de alquileres contraído y con precios inaccesibles para la población trabajadora.

La depreciación del poder adquisitivo de los trabajadores y la ausencia de crédito hipotecario a tasas viables, y en pesos, ha dejado a los salarios muy lejos de la capacidad de ahorro o de garantía necesaria para acceder a la compra de una propiedad, por más que los precios de los inmuebles sigan cayendo.

Contradictoriamente, este escenario ha favorecido al despliegue del negocio de la empresa internacional Remax en el país, cuya red de franquicias y “asociados” le permite una rápida extensión, sumado a prácticas hostiles y agresivas de venta: los agentes de Remax, en busca de cerrar operaciones y negocios, proponen montos de oferta de cuasiliquidación, bajo el slogan de cerrar operaciones velozmente y valiéndose de las necesidades urgentes de un sector de los propietarios que se ven forzados a vender acosados por deudas y/o necesidades financieras.

Empresas, profesión y franquicias

Desde los colegios de profesionales de la materia, tanto de corredores como de martilleros, denuncian que no solo se trata de una empresa con prácticas hostiles, sino que el esquema de franquicias con sede en un martillero/corredor oficial, quien a su vez habilita a una cantidad adicional de agentes, sin matrícula ni habilitación, es violatorio de las regulaciones profesionales.

El negocio de la empresa Remax se asemeja al de un esquema piramidal. Según el Cucicba, estos cobran 67 dólares mensuales por pertenecer a la red, además de otros 247 dólares anuales. Los agentes no matriculados solo deben pasar por algunos cursos impartidos por la empresa y facturan sus transacciones como monotributistas, bajo la especie “servicios de marketing”.

El afán por conquistarse el sustento y la competencia con el resto de los agentes llevan a prácticas de todo tipo. Por ejemplo, hace pocos meses fue detenido el responsable de una agencia en Jujuy por intentar vender parte de la Quebrada de Humahuaca (Bae Negocios, 29/11).

El esquema precarizado, flexible y hostil de esta compañía internacional, que se presenta en el país como una “Pyme” con 150 inmobiliarias, 5.000 puesto de trabajo directo y 10.000 indirectos, es un fiel reflejo de la rapiña capitalista, asentada bajo la idea de “prosperidad emprendedora”, que pone en jaque a la posición del sector tradicional del mercado, asentada en los colegios profesionales y con vínculos aceitados con parte de la dirigencia política, lo que le ha cerrado el paso a Remax en varios municipios y ciudades.

La falta de auditoría del Estado respecto a la actividad inmobiliaria no es un debe que le corresponda solo a una empresa, sino un patrimonio común que se ha visto una y otra vez en negocios inmobiliarios, loteo de tierras fiscales a precios de liquidación para emprendimientos inmobiliarios suntuosos; o con la entrega de espacios verdes públicos para la edificación de megatorres y otros proyectos. De uno u otro lado de la vara siempre son los trabajadores los perjudicados, a costa de los negocios de las grandes inmobiliarias y/o agencias, más aún en tiempos de crisis.

Una salida inmediata a esta cuestión  demandaría el reconocimiento laboral de todos los agentes no matriculados de la red de Remax Argentina, para que los trabajadores gocen de todos los beneficios correspondientes. Así como el control del conjunto de la actividad inmobiliaria en los marcos de un plan general de acceso a la vivienda para las familias trabajadoras, que debe integrar obras públicas de viviendas y créditos hipotecarios a tasas cero y de acceso universal.

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