El lunes 19 de octubre, la policía de Mendoza dio comienzo a una rebelión que hizo trastabillar al gobierno y sacó a luz su enorme ineficiencia. Fue la parte visible y espectacular de una sociedad profundamente afectada por el derrumbe capitalista a nivel mundial y nacional. En Mendoza, este derrumbe se vive así: en el Gran Mendoza, cuatro de cada diez personas se encuentran debajo de la línea de pobreza (Los Andes, 18/10). En 1996, el diario Los Andes informaba que en la provincia existían 243.000 personas en extrema pobreza. “El gobernador de Mendoza, Arturo La Falla, expresó que la desnutrición infantil y los índices de pobreza en esta provincia constituyen una‘vergüenza’ asumiendo su responsabilidad y compromiso para enfrentar el tema”.

Todo se agravó. Que renuncie, pues.

En este marco escalofriante de pobreza, determinada por un constante aumento del índice de desocupación, no extraña que la delincuencia aumente, agravada por el consumo de alcohol, drogas, etc. También aumenta la prostitución de adultos y la infantil. ¿Qué más para completar este negro panorama?

En sus diez años de gobierno, el PJ perpetró tropelías de todos los colores; total, la justicia “no alcanza a los funcionarios”; prescripción mediante, aquí no ha pasado nada (Los Andes, 26/10).

Que la justicia ampare a los ‘amigos’, no es nuevo. Tampoco lo es la falta de medicamentos en los hospitales, o el manoseo de los jubilados con el tema de su aporte obligatorio para que la Caja de Jubilación no pase a la Nación, o el paulatino desmembramiento de la USEP. Y en esto de la incuria en el manejo de la cosa pública se destaca el hecho de haber pasado un año en naderías, de un Plan de Seguridad Pública que debía resolver los problemas que dieron motivo al estallido policial.

En las calles, la inseguridad mendocina es a dos puntas. La de los delincuentes y la provocada por la propia policía. A los conocidos crímenes de Guardatti y Bordón, en días previos los diarios informaban, también, de notorios excesos por parte de personal policial, ‘verbi gratia’ la apretada que sufrieron las víctimas de un intento de violación, por parte de personal policial para que no continúen su acción en contra del victimario, el propietario de una línea de ómnibus. No está de más señalar que los agentes intervinientes trabajan en esa compañía de transporte.

En este marco, la muerte de un policía fue el detonante que impulsó a los participantes en el sepelio a dirigirse a la legislatura provincial para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. El petitorio incluía puntos ya contenidos en el postergado Plan de Seguridad; desde la provisión de chalecos antibalas, el aumento del salario inicial a 1.000 pesos, horario de trabajo de 8 horas por 24 de descanso, entregar los servicios de banco a cargo de las entidades privadas, que no se pierda el estado policial en los procesamientos, eliminar las custodias personales, patrullajes móviles o a pie en pareja, eliminar paradas, jerarquización inmediata, pago de plus, recargos de servicios, reforma del código procesal penal. En todos estos puntos se llegó a un acuerdo, menos en lo tocante al salario.

Los discípulos de Santuchone (jefe aeronáutico de la policía durante el Proceso genocida) son los mismos que, usados por todos los gobiernos, reprimen a obreros y estudiantes, cuando urgidos por la política de explotación de las masas, salen a reclamar sus derechos. Les concedieron casi todos los puntos exigidos, menos los aumentos salariales en la proporción querida. “Si lo hacemos, los otros estatales nos incendian la provincia” —comentó el funcionario—. Para Ballagión (político del Partido Demócrata), el movimiento policial contó con la adhesión de los mendocinos. “Apoyo que se erosionó rápidamente cuando las reivindicaciones perdieron altura (?) decayendo a una cuestión casi meramente salarial” (Los Andes, 25/10).

Está visto que para los políticos patronales, el salario, del cual depende la subsistencia, es cosa baja y banal. Estas consideraciones, el parate de la actividad bancaria, que afecta sus negocios, y la necesidad de la disciplina del aparato represor, llevó a políticos de todos los matices burgueses a cerrar filas alrededor del gobierno y a los medios de información a pedir que ninguno de ellos tratara de sacar rédito político de la situación.

Todos los gremios estatales presentaron al gobierno pedidos de aumento salarial. Para sustentar su negativa, el gobierno aduce falta de dinero.

Pero hay una solución: Que cobre los 40 millones que adeudan las compañías de transporte por impuestos impagos a octubre del año pasado. Que no pague los despropósitos que exigen los adquirentes de los bancos que fueron provinciales, famosa jugada en la que el vendedor —el gobierno justicialista— entrega los bancos, y aun queda como deudor por una cifra varias veces millonaria.

Que exija el no pago de la deuda externa.

En tanto, y mientras esto se relata, alguien contabilizó el septuagésimo cuarto asalto a su taller, mientras un ‘agente del orden’ que estaba cargando nafta, al advertir que un menor de 16 años lo miraba, ‘naturalmente’ se ‘calentó’ y lo increpó. El dueño de la estación de servicio le pidió que se calmara y le facilitó al menor una bicicleta para que se fuera. El antedicho agente lo baleó ante testigos.

Podemos apreciar que la normalidad ha vuelto a Mendoza.