El proyecto de ley de Principios del Funcionario Público y el Estado de la Provincia presentado por el Partido Obrero en la Cámara de Diputados de Salta, y que hace un mes no fue tratado porque la bancada oficialista dejó a la cámara sin quórum, fue rechazado en la sesión del 4 de junio. Este proyecto propone que los salarios de legisladores, funcionarios y del personal superior del Estado, no pueden ser superiores a seis salarios mínimos, y que las empresas públicas o privadas que brinden servicios públicos deberán abrir sus libros al control de sus cuentas ante Comisiones de Trabajadores elegidas en cada empresa por voto de sus trabajadores.

La bancada del Partido Justicialista argumentó su rechazo planteando que con esto se pretende rebajar el salario de los trabajadores estatales (!!) como quiere el FMI. Pablo López, diputado del Partido Obrero, explicó que este argumento justifica lo injustificable, o sea que cuando les conviene los burócratas privilegiados se transforman en explotados.

El legislador del PO recordó que en la sesión anterior la bancada oficialista había aprobado el acuerdo donde el gobernador Romero se compromete a reducir el déficit en un 60%. También recordó que Romero derivará 9 millones de pesos de gastos en personal, de los cuales más de 7 millones corresponden a salud y educación y que el justicialismo aprobó la rebaja del 6% y el pago en tickets del 20% de los salarios de los empleados públicos, y que el gobernador es el principal defensor de las exigencias del FMI.

Sobre el control de las cuentas de las empresas, el oficialismo dijo que era inconstitucional romper el secreto comercial de las empresas privadas y que para las cuentas públicas existe la auditoría de la provincia. Lo que no dijeron es que los auditores son nombrados por las mayorías legislativas y está dominada por el PJ.

López explicó que los límites constitucionales que existen para poder tomar medidas de fondo, como el control obrero, sobre todo en momentos en que se viene el tarifazo en la luz y el agua, sólo son traídos a cuenta cuando se beneficia a los trabajadores, pero no cuando se confisca la propiedad privada de los ahorristas. De todos modos, los obstáculos oficialistas le dan más vigencia que nunca al planteo de que en la provincia gobierne una Asamblea Constituyente que no tenga límites constitucionales para estatizar a las privatizadas, para no pagar la deuda pública provincial y para tomar todas las medidas necesarias para poner los recursos provinciales al servicio de las mayorías explotadas.